Advertencias mutuas de juicio político en la escalada de los drones

La tensión entre el gobierno provincial y el juecismo se incrementó con el allanamiento al Tribunal de Cuentas que controla el Frente Cívico, fruto de la denuncia penal por supuesta obstrucción de la gestión que hizo el ministro Juan Pablo Quinteros. Puede seguir escalando. El Frente Cívico no descarta denunciar al fiscal de Instrucción del Distrito 2 turno 7, Tomás Casas, que ordenó el procedimiento, por “desconocimiento del derecho”, y el llaryorismo amenaza por su parte con juicio político a Beltran Corvalán, hombre de Luis Juez y presidente del organismo de control. 

Ni en los hechos básicos se ponen de acuerdo. La medida procesal de Casas fue una sumaria respuesta a la denuncia de Quinteros, quien acusó a las autoridades del Tribunal de Cuentas de haberse extralimitado en sus funciones al objetar la compra y puesta a punto de quince drones y sus respectivos software destinados a monitoreo y prevención del delito. Al gobernador Martín Llaryora el tema le cayó muy mal porque puso en tela de juicio la transparencia de la gestión y porque era Juez limitando su gestión; también a Quinteros, que proviene del Frente Cívico y estima que sus excamaradas le van a hacer la vida imposible, sobre todo porque es uno de los candidatos a intendente de Córdoba del oficialismo. Los juecistas le han puesto al ministro “Diosdado Cabello”, en alusión al hombre fuerte del ex presidente venozolano Nicolás Maduro. Con todo, no faltan los que dicen que la pelea le sirve a ambos para revalidar títulos de oficialistas y opositores y que el Panal prefiere un Juez fortalecido para que no sea tan sencillo la elección del candidato opositor el año que viene. Así las cosas.

Lo cierto es que ayer a la mañana, un enviado del fiscal Casas se presentó ante el Tribunal de Cuentas a hacer, según el Ministerio Público Fiscal, “un requerimiento de información” y no un allanamiento, por tratarse de uno de los poderes del estado provincial. En la historia reciente está el allanamiento del Fiscal Anticorrupción a la Legislatura por la causa de los contratos de empleados irregulares, actuación que algunos en Tribunales consideran en voz baja que estuvo mal hecha. 

Según el MPF, la gente de Casas no se llevó el expediente original de la licitación de los drones que había ido a buscar porque en el Tribunal se lo negaron con el argumento de que Corvalán había ordenado fotocopiar la carpeta original y no habían finalizado. El comunicado oficial de la Fiscalía no dice nada de fotocopias sino que “las autoridades se negaron a hacer entrega de las copias requeridas” y que tras ello se retiraron del lugar “sin poder cumplir la comisión ordenada”.
La versión del juecismo es distinta. En la respuesta por escrito al jefe de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba que envió Casas para hacer el procedimiento, Corvalán afirma que “las actuaciones que dicen buscar se encuentran radicadas en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, contando el Tribunal de Cuentas solo con datos virtuales”. Es decir, niega tener original alguno en su poder. Además, el juecista resaltó que según la Constitución Provincial, los miembros del Tribunal de Cuentas “deben ser considerados, a los fines procesales penales, como Jueces de Cámara” y que por lo tanto cualquier medida procesal contra ellos debe ser refrendada por un Juez de Control. 

Mientras, en el entorno de Llaryora hacen silencio y dicen que todo está en manos de la Justicia. Deslizan que lo que fue a buscar Casas al TdC no es el expediente en sí sino el voto original de Corvalán y Fernanda Leiva, la otra tribuna juecista, porque en los argumentos políticos con que rechazaron la compra de los drones, dicen, está la prueba del supuesto delito. 

CON INFORMACION DE DIARIOALFIL.