La salida de Lavagna del INDEC reabre el debate sobre la inflación y la política económica

• La renuncia de Marco Lavagna expuso tensiones sobre el momento adecuado para cambiar la medición de la inflación
• El Gobierno defendió la postergación de la nueva fórmula para evitar sospechas de manipulación
• La continuidad técnica del INDEC fue respaldada con la designación de Pedro Linés
• El oficialismo busca preservar la credibilidad estadística en un contexto inflacionario sensible
• En paralelo, avanza el impulso a la reforma laboral como eje del programa económico
• La discusión sobre la edad de imputabilidad volvió a instalarse en la agenda legislativa

La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos volvió a poner en primer plano una discusión sensible para la gestión económica: la medición de la inflación y la oportunidad política para modificar su metodología. La salida del funcionario no pasó inadvertida en el oficialismo ni en la oposición y activó una serie de definiciones públicas destinadas a despejar dudas sobre la transparencia de los datos y la continuidad técnica del organismo.

Desde el Gobierno, la decisión de postergar cualquier cambio en la fórmula de cálculo del índice de precios fue presentada como una medida preventiva frente a un clima de fuerte susceptibilidad política. La postura oficial sostiene que alterar la metodología en un contexto inflacionario todavía inestable podría alimentar sospechas de manipulación, aun cuando los fundamentos técnicos resultaran sólidos. En ese marco, se subrayó que tanto avanzar como no hacerlo genera costos políticos inevitables, y que cualquier variación en los resultados sería leída en clave de conveniencia gubernamental.

El argumento central gira en torno a la volatilidad actual de los precios. Con una inflación capaz de moverse algunos puntos hacia arriba o hacia abajo, un cambio metodológico podría amplificar lecturas maliciosas. La evaluación interna fue que, si una nueva fórmula arrojara una baja del índice, el debate público se concentraría menos en la técnica estadística y más en la intencionalidad política del Gobierno. Por eso, se optó por fijar como horizonte un escenario de inflación mínima, cercano a uno o incluso a cero, como condición para introducir modificaciones sin generar ruido.

Esa definición, sin embargo, dejó al descubierto tensiones internas. La renuncia de Lavagna fue interpretada por sectores del oficialismo como una reacción evitable, asociada a una defensa personal de su propuesta metodológica. Desde esa mirada, el rol de un funcionario técnico implica integrarse a una estrategia colectiva y aceptar decisiones que exceden lo estrictamente profesional. La salida del titular del organismo, en ese sentido, fue leída más como una diferencia de tiempos que como un desacuerdo de fondo sobre la necesidad de actualizar los indicadores.

Para contrarrestar cualquier duda sobre la solidez institucional del INDEC, el Gobierno puso el foco en la continuidad del equipo técnico. La designación de Pedro Linés, hasta entonces segundo de Lavagna, fue presentada como una garantía de estabilidad y profesionalismo. Su trayectoria internacional y su regreso al país tras haber ocupado cargos relevantes en el exterior fueron resaltados como señales de compromiso con la calidad estadística y la autonomía técnica del organismo, aun en un contexto político exigente.

El episodio del INDEC se dio, además, en un momento de intensa actividad legislativa. En paralelo al debate estadístico, el oficialismo impulsa en el Senado una reforma laboral que considera clave para su programa económico. La iniciativa, según la lectura gubernamental, tiene hoy más chances que nunca de avanzar, con especial énfasis en aliviar la carga fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y promover un esquema de menor intervención estatal y mayor protagonismo del sector privado.

Otro de los temas que volvió a escena fue la discusión sobre el régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto, elaborado con anterioridad, propone establecer la imputabilidad desde los trece años, con regímenes diferenciados para menores que cometan delitos antes de esa edad. El objetivo declarado es interrumpir trayectorias delictivas tempranas y reforzar la idea de responsabilidad, aun cuando el debate legislativo siga abierto a posibles modificaciones.

Así, la salida de Lavagna terminó funcionando como disparador de una agenda más amplia, en la que se cruzan definiciones técnicas, decisiones políticas y debates de fondo sobre el rumbo económico y social del país.