Cordero sale a defender la reforma laboral y busca descomprimir el conflicto sindical

• Julio Cordero asumió un rol central en la defensa pública de la reforma laboral.
• El funcionario justificó el fraccionamiento de vacaciones como una adaptación a nuevas prácticas laborales.
• Aseguró que la indemnización por despido se mantiene sin cambios sustanciales.
• Destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, con foco en las pymes.
• Reivindicó el debate institucional y el rol del Congreso en la definición de la ley.
• Vinculó la reforma con la necesidad de reactivar el empleo formal estancado desde hace años.

En medio de una creciente tensión con el movimiento obrero, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, se convirtió en una de las principales voces del Gobierno para explicar y defender el proyecto de reforma laboral que el oficialismo aspira a tratar en el Congreso el próximo 11 de febrero. Sus declaraciones recientes apuntan a justificar los cambios propuestos como una actualización necesaria del marco normativo, al tiempo que intentan neutralizar las críticas de los sindicatos y del mundo del derecho laboral.

Uno de los puntos sobre los que Cordero puso mayor énfasis fue el régimen de vacaciones. El funcionario sostuvo que la reforma busca reflejar nuevas dinámicas culturales y laborales, especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Según su planteo, ya no existe un interés generalizado en tomarse largos períodos continuos de descanso, sino que crece la preferencia por dividir las vacaciones a lo largo del año. En ese sentido, explicó que la iniciativa refuerza la posibilidad de fraccionar el descanso anual, siempre en períodos no menores a siete días, descartando que se trate de una restricción del derecho al descanso.

Cordero aclaró que la legislación vigente ya contempla el fraccionamiento de las vacaciones cuando existe acuerdo entre empleador y trabajador, aunque preserva la posibilidad de tomarlas de manera íntegra dentro del período habitual. La nueva redacción, afirmó, apunta a ordenar y explicitar criterios que hoy generan interpretaciones diversas y, en muchos casos, conflictos judiciales. Desde su óptica, se trata de dar previsibilidad y adaptar la norma a prácticas que ya se verifican en el mercado laboral.

En la misma línea, el secretario de Trabajo buscó llevar tranquilidad respecto de otro de los temas más sensibles: la indemnización por despido. Remarcó que el proyecto no modifica el esquema actual y que se mantiene el criterio de un mes de salario por cada año de servicio, calculado sobre la mejor remuneración habitual y mensual. A su entender, la reforma introduce precisiones para evitar litigios extensos que terminan dilatando el cobro efectivo de la indemnización, una situación que, según señaló, perjudica principalmente al trabajador.

Otro de los aspectos destacados por Cordero es la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta pensada especialmente para las pequeñas y medianas empresas. El funcionario explicó que este fondo podría utilizarse en situaciones de desvinculación voluntaria y permitiría resolver conflictos sin recurrir necesariamente a procesos judiciales prolongados. En esa línea, insistió en que la reforma no elimina derechos esenciales y que responde a una instrucción política clara de preservar el núcleo de las protecciones laborales.

Las declaraciones del secretario se producen en un contexto de fuerte resistencia sindical. Desde la CGT y otros espacios gremiales se cuestiona el alcance del proyecto y se advierte que la iniciativa original avanza sobre principios históricos del derecho del trabajo, incluyendo limitaciones al derecho de huelga, cambios en el régimen de horas extras mediante el banco de horas y la derogación de distintos estatutos profesionales. Frente a ese escenario, Cordero apeló al funcionamiento de las instituciones y recordó que la discusión se canaliza en ámbitos formales, con participación sindical, y que será finalmente el Congreso el que defina el destino de la ley.

En su argumentación, el secretario vinculó la reforma laboral con un diagnóstico estructural: el estancamiento del empleo registrado durante más de una década. Según sostuvo, el objetivo central del Gobierno es reactivar la economía y generar trabajo formal, y para eso considera imprescindible modificar reglas que, en su visión, desalientan la contratación. Esa mirada, alineada con la del presidente Javier Milei, choca de frente con la interpretación sindical, que ve en la reforma un intento de flexibilización regresiva.

Cordero también se refirió a los conflictos recientes en el transporte ferroviario y defendió el uso de la conciliación obligatoria como una herramienta para preservar la paz social. Desde su perspectiva, el rol de la Secretaría de Trabajo es el de mediador, promoviendo el diálogo y evitando que las medidas de fuerza se conviertan en el primer recurso.

Así, con un discurso que combina defensa técnica y respaldo político, el secretario de Trabajo busca posicionarse como el principal articulador del debate laboral del Gobierno. Sus definiciones anticipan una discusión intensa en el Congreso y confirman que la reforma laboral será uno de los ejes centrales de la agenda política y social de las próximas semanas.