El Gobierno intenta contener el escándalo por las coimas en la ANDIS mientras apuesta al silencio

• El Gobierno enfrenta un fuerte escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios de su exdirector Diego Spagnuolo.
• La estrategia oficial es denunciar la “utilización política” del caso sin desmentir por completo el contenido de las grabaciones.
• El control de daños quedó en manos de Santiago Caputo y un círculo cercano a Milei, con Guillermo Francos como único vocero autorizado.
• Aunque se denunció una posible “maniobra política”, la Casa Rosada admitió que parte de los audios podrían ser auténticos, lo que complica la defensa oficial.
• El apartamiento de Spagnuolo y la intervención del área buscan mostrar reacción, pero dejan abierta la sospecha sobre el rol de Eduardo “Lule” Menem y otros dirigentes.
• Milei y su entorno guardan silencio público mientras la causa avanza en la Justicia, que investiga un presunto esquema de sobornos de hasta el 8% en compras de medicamentos.

El oficialismo atraviesa horas de fuerte tensión política tras la difusión de audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en un presunto esquema de coimas. Pese a la magnitud del escándalo, que involucra a funcionarios cercanos a Javier Milei y al propio entorno presidencial, la estrategia adoptada en la Casa Rosada combina silencio, cautela y un mensaje unificado: denunciar la “utilización política” del caso, sin aventurarse a desmentir de manera categórica el contenido de las grabaciones.

La difusión de los audios, donde el ahora exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reconoce maniobras de recaudación ilegal vinculadas a la compra de medicamentos y servicios de salud, sacudió al Gobierno en un momento particularmente sensible: a menos de dos semanas de una elección clave en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, la orden fue clara: no arriesgar posiciones públicas hasta que la Justicia avance con la investigación.

El plan de control de daños quedó en manos del asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, y de un reducido grupo de colaboradores que trabaja junto al presidente en el despacho del salón Martín Fierro de la Casa Rosada. De allí surgió la línea de comunicación: instalar la idea de que los audios forman parte de una maniobra de campaña electoral. Así lo expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, único funcionario autorizado para hablar en público sobre el tema. En una entrevista radial, sostuvo que “no es difícil pensar que es algo armado” y advirtió sobre un aprovechamiento partidario.

Otros dirigentes libertarios, como Florencia Arietto, también deslizaron sospechas en la misma dirección. En paralelo, Martín Menem difundió en redes sociales un tuit del analista Julio Burdman que vinculaba la filtración de los audios con la clásica “sorpresita de octubre” que suelen utilizar las campañas negativas en los días previos a una elección. Sin embargo, en Balcarce 50 procuran no ir tan lejos: aseguran que no es parte de la estrategia oficial hablar de una “operación” sino de un “uso político” de hechos que, en su esencia, podrían ser verídicos.

La decisión de apartar a Spagnuolo, junto al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel María Garbellini, se enmarca en esa misma lógica. El Gobierno intervino el organismo porque considera que las afirmaciones del exfuncionario, al menos en parte, son auténticas. Esa postura, sin embargo, abre un flanco delicado: si se reconoce que parte de los audios son genuinos, resulta difícil negar los pasajes donde Spagnuolo asegura que Eduardo “Lule” Menem supervisaba la recaudación ilegal y que las máximas autoridades del Gobierno estaban al tanto.

En el oficialismo admiten que se trata de una encerrona. “Hoy lo que existe es el escándalo mediático. Eso generó la denuncia, y la denuncia generó los allanamientos. Ahora hay que esperar qué surge de esas medidas judiciales”, confió una fuente libertaria. La investigación está en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, a partir de la denuncia presentada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón. En el expediente se menciona que a las droguerías se les habría exigido un 8% de soborno, del cual un 3% estaría destinado a altos funcionarios del Gobierno.

Mientras tanto, el Presidente y su círculo más cercano se refugian en el silencio. Milei, que el viernes expuso sobre teoría económica en la Bolsa de Rosario, evitó toda referencia al caso ANDIS. Durante el fin de semana, se mostró muy activo en Twitter, pero sólo para opinar sobre otros temas. Karina Milei, pieza clave de La Libertad Avanza, participó de un acto en La Matanza sin dar declaraciones a la prensa.

La consigna es esperar. “Estamos evaluando todas las opciones”, aseguró un funcionario de primera línea. Otro, en la misma línea, subrayó: “Son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. El Gobierno apuesta a que la investigación judicial delimite responsabilidades mientras intenta minimizar el costo político. Sin embargo, el impacto interno ya es inocultable: por primera vez desde que Milei asumió, un escándalo de corrupción toca de lleno al corazón de su administración.