Vialidad: venció el plazo para pagar el decomiso y el Tribunal queda listo para rematar bienes; Cristina Kirchner pide suspender la medida

• Venció el plazo de 10 días hábiles para que los condenados en la causa “Vialidad” pagaran el decomiso de $684 mil millones (US$ 537 millones) y ninguno abonó.
• El Tribunal Oral Federal N° 2 puede ahora avanzar con el remate de bienes de los nueve condenados, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López.
• Cristina Kirchner pidió suspender el decomiso, revisar el monto y enviar el caso a la justicia civil y comercial federal.
• Su defensa cuestiona que no se identificaron con certeza los bienes vinculados al delito y sostiene que su patrimonio es legítimo.
• También impugna el cálculo del monto: la Corte lo actualizó por IPC a $684 mil millones, mientras su perito lo fijó en $42 mil millones usando la tasa del BCRA.
• El tribunal puede iniciar remates de propiedades, vehículos y acciones para recuperar fondos, mientras la sentencia aún está apelada ante Casación.

El plazo de diez días hábiles otorgado por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) para que los condenados en la causa “Vialidad” cumplieran con el pago de un decomiso millonario venció este martes sin que ninguno de ellos abonara, total o parcialmente, la suma establecida. El monto asciende a 684 mil millones de pesos —unos 537 millones de dólares— y fue fijado como sanción accesoria por la maniobra fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

Con el vencimiento, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quedaron en condiciones de avanzar con el remate de los bienes registrados a nombre de los nueve condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y varios ex funcionarios de la Dirección de Vialidad santacruceña.

La medida de decomiso es una de las claves del fallo que, en diciembre de 2022, condenó a los acusados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El objetivo, según el tribunal, es recuperar parte de los fondos desviados durante el esquema de corrupción probado en el juicio.

El pedido de Cristina Kirchner

En la víspera del vencimiento del plazo, la defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, presentó un escrito solicitando que se suspenda la ejecución del decomiso, se revise el monto y que el expediente sea remitido a la justicia civil y comercial federal, donde tramita un reclamo paralelo.

En el documento, Cristina Kirchner cuestionó el procedimiento seguido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, responsables de elaborar el listado de bienes que podrían ser ejecutados en caso de incumplimiento. Según Beraldi, los representantes del Ministerio Público “omitieron realizar una investigación patrimonial” que determinara con certeza qué activos pueden considerarse instrumentos, productos o provechos del delito, tal como exige el artículo 23 del Código Penal.

La ex presidenta sostuvo que “no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o provecho del referido episodio”. Y agregó: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”.

La disputa por el cálculo del monto

Otro eje central del planteo defensivo es la metodología utilizada para calcular el monto actualizado del decomiso. Los peritos contadores de la Corte Suprema aplicaron la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para actualizar la cifra original, lo que arrojó el total de 684 mil millones de pesos.

En cambio, el perito de la ex mandataria utilizó como referencia la tasa de interés del Banco Central (BCRA) y concluyó que la cifra correcta debería ser de 42 mil millones de pesos, una diferencia sustancial que, a juicio de la defensa, pone en evidencia “errores fácticos y jurídicos” en el fallo del tribunal oral.

Por estos motivos, Beraldi solicitó que la Cámara Federal de Casación Penal revise la decisión y suspenda cualquier medida de ejecución hasta que se resuelva el planteo.

Próximos pasos

Mientras tanto, el TOF 2 tiene habilitado el camino para iniciar el remate de bienes pertenecientes a los condenados que figuren en el listado elaborado por la fiscalía. Entre los activos figuran propiedades, vehículos y participaciones societarias. Los fondos recaudados se destinarían al Tesoro Nacional para compensar, aunque sea parcialmente, el perjuicio económico causado.

La causa “Vialidad” se convirtió en uno de los expedientes emblemáticos de la agenda judicial de Cristina Kirchner. La sentencia condenatoria aún no está firme, ya que fue apelada y se encuentra a estudio de la Cámara de Casación. Sin embargo, el decomiso —al tratarse de una medida accesoria a la condena— avanza en paralelo.

La disputa sobre el monto, la metodología de cálculo y la identificación de los bienes abre un nuevo capítulo en el extenso derrotero judicial de la ex mandataria y de los demás condenados. Con la etapa de ejecución ya en marcha, la pulseada entre las defensas y el tribunal se concentrará en si se rematan o no los bienes antes de que las instancias superiores se pronuncien sobre el fondo de la cuestión.