Cristina Kirchner impugna el decomiso de $684 mil millones en la causa “Vialidad” y denuncia persecución judicial

• El TOF 2 intimó a Cristina Kirchner y otros condenados en la causa “Vialidad” a pagar $684 mil millones por decomiso, bajo riesgo de ejecución de bienes.
• La cifra, originalmente $85 mil millones en 2022, fue actualizada por peritos de la Corte Suprema usando el IPC del INDEC.
• Cristina presentó un escrito para impugnar el monto, frenar la ejecución y alegar que no posee bienes vinculados al delito según el art. 23 del Código Penal.
• Denunció errores en el cálculo, falta de investigación patrimonial y un carácter confiscatorio en la medida.
• Cuestionó la metodología del IPC y pidió usar alternativas técnicas; afirmó que su patrimonio es legítimo y que fue objeto de persecución judicial durante 20 años.
• Presentó un recurso de casación para anular el decomiso, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
• El TOF 2 también debe decidir si suspende la ejecución mientras se tramitan los recursos.

A pocas horas de vencer el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa “Vialidad” depositen $684 mil millones —unos 537 millones de dólares— en concepto de decomiso por perjuicios al Estado, la expresidenta presentó un escrito en el que cuestiona la medida, impugna el monto y solicita que se deje sin efecto la ejecución de sus bienes.

La sentencia dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso estableció que el decomiso constituye la “determinación fehaciente del daño producido al erario público” como consecuencia de un “gravísimo hecho de corrupción” en la adjudicación de obras viales a favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto a la exmandataria, fueron condenados el propio Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco exfuncionarios provinciales.

Originalmente fijado en $85 mil millones en el fallo de diciembre de 2022, el monto fue actualizado por peritos de la Corte Suprema utilizando el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, alcanzando los $684 mil millones actuales. La intimación del TOF 2 ordenó el pago antes de este miércoles a las 9:30, bajo apercibimiento de ejecutar los bienes de los condenados.

En su presentación, Fernández de Kirchner —defendida por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy— sostuvo que no posee bienes que puedan ser decomisados conforme al artículo 23 del Código Penal, y calificó la decisión judicial como “un verdadero disparate jurídico”. Según la ex presidenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola omitieron realizar una investigación patrimonial adecuada para identificar con certeza qué bienes provendrían del delito. “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, afirmó.

Kirchner recordó que ha sido “la persona más denunciada e investigada en la historia argentina” y que diversos expedientes por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública concluyeron con sobreseimientos firmes. A partir de esos antecedentes, aseguró que no existen en su patrimonio “instrumentos, productos o provechos” derivados del hecho por el que fue condenada.

La defensa también cuestionó la metodología utilizada para calcular el decomiso, denunciando “errores fácticos y jurídicos” y señalando que el TOF convirtió “sin sustanciación ni debate previo” una estimación provisoria en definitiva, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural. Criticaron además que se haya optado por el IPC como índice de actualización, descartando otras alternativas técnicas como tasas bancarias, lo que —según la ex presidenta— derivó en un incremento “cien veces mayor” del monto original y en un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución.

En un tono fuertemente político, Fernández de Kirchner habló de una “regresión normativa” hacia “prácticas inquisitivas y totalitarias” y acusó a la Justicia de llevar adelante un “mecanismo de persecución con rasgos estrictamente confiscatorios”. Advirtió que, de concretarse la medida, se comprometería la responsabilidad internacional del Estado argentino por violación de garantías convencionales.

La presentación incluyó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, solicitando la nulidad absoluta del monto fijado. Será ese tribunal, el más alto en materia penal, el que deberá resolver si el planteo es procedente.

En paralelo, el TOF 2 deberá decidir si suspende la ejecución de bienes mientras se tramitan los recursos. La ex mandataria también planteó la incompetencia del tribunal para ordenar dicha ejecución.

Con un plazo judicial que se agota y un monto récord en juego, la pulseada judicial por el decomiso de bienes en la causa “Vialidad” abre un nuevo capítulo en la ya extensa saga de enfrentamientos entre Cristina Kirchner y los tribunales federales. El desenlace, que ahora se juega en doble tablero —el del TOF y el de la Casación—, no solo tendrá impacto en el futuro patrimonial de la ex jefa de Estado, sino que volverá a tensar el clima político y judicial que la rodea desde hace más de dos décadas.