AMIA, 31 años, el móvil del ataque: La cancelación de Menem de una venta nuclear a Irán

El brutal atentado a la sede de la AMIA, en el que murieron 86 personas el 18 de julio de 1994, habría sido resuelto a mediados de 1992, en Irán, como una medida drástica hacia la Argentina, debido a que el Gobierno canceló el 13 de diciembre de 1992 un embarque de exportaciones de tecnología nuclear a Teherán. Eso relató hace un mes en Alemania el testigo de identidad reservada iraní al juez federal Juan José Galeano, según revelaron a La Nación fuentes del Gobierno, de la SIDE y de la Justicia.

La versión fue descalificada por el encargado de negocios de la embajada de Irán en Buenos Aires, Abdolrajim Sadatifar, en una entrevista con La Nación . El diplomático calificó la especie de "absolutamente falsa" y dijo que el informante es terrorista disidente del poder político de Irán, como se informa en esta misma página.

El testimonio de aquel iraní, según las fuentes, se incorporaría a una inminente resolución de Galeano, muy esperada por el Gobierno para definir la ruptura total de relaciones con Irán. El fallo del juez incluiría el pedido de captura de Mohsen Rabbani, ex agregado cultural ante nuestro país, y de otros funcionarios enviados del Ministerio de Seguridad iraní. La exportación atómica de marras, de tecnología destinada a completar el ciclo del uranio, había sido resuelta bilateralmente en dos contratos del 3 y del 4 de octubre de 1988. Por presión de los Estados Unidos e Israel, el presidente Carlos Menem le ordenó anularlos a la Cancillería.

Washington, se explicó en Balcarce 50, temía que esa tecnología pudiera ser destinada por Irán a proyectos bélicos y a la construcción de armamento de alto poder, como la bomba atómica. Sadatifar asegura que se iba a orientar a "fines pacíficos".

Exportación atómica

La venta a la cual se refirió el testigo iraní debió hacerla la empresa estatal argentina Invap SE (Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado), que depende de la provincia de Río Negro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La cancelación se efectivizó el 13 de diciembre de 1991, pero la resolución de la Cancillería es del 11 de junio de 1992.

El informante iraní resulta confiable para Washington, pero no para Irán. Con un testimonio similar al formulado ante Galeano, el informante "quebrado", e identificado como "C", ayudó a cerrar el caso del atentado del restaurant Mykonos (Berlín; 1992), cuando murieron tres iraníes disidentes del régimen persa. Hubo en 1997 cinco terroristas juzgados y condenados.

Tras la cancelación del envío, el canciller Guido Di Tella creó la comisión tripartida (integrada por representantes de la Cancillería y de los ministerios de Defensa y de Economía) que estudia todas las ventas de material sensitivo. Di Tella admitió entonces que "hasta 1989 exportábamos sin preocuparnos a quién y nos asociamos con regímenes autoritarios o antioccidentales".

Acerca de "C", Sadatifar asegura que pertenece al Grupo de Resistencia Nacional (GRN), opositor, que, dijo, "opera contra Irán desde el extranjero". Según otras fuentes, se trata de un ex jefe, tercero en la jerarquía de la inteligencia de ese país.

"No es cierto; de la inteligencia iraní ninguno escapó ni ninguno está en otro país", dijo a La Nación Sadatifar, quien argumentó que Washington considera al GRN como "grupo terrorista". El funcionario iraní también tuvo protestas para con el Gobierno: "Hace 3 años, en 1995, se cometió un atentado terrorista contra el ex encargado de negocios de Irán, Alí Rajabi. Recibió un balazo y aún el Poder Judicial argentino no cumplió nuestra solicitud de informar hasta dónde se investigó".

En su intención de desacreditar a Galeano, Sadatifar sostuvo que el otro testigo iraní Manucher Moatamer, consultado por el magistrado, "vive en los Estados Unidos y está procesado judicialmente en ese país".

Contratos detonantes

Los contratos de exportación entre Invap SE e Irán se firmaron en 1988, durante la presidencia radical de Raúl Alfonsín. La Cancillería ordenó cancelarlos en 1991, por presiones de los Estados Unidos, las que fueron negadas por el entonces vicecanciller, Juan Carlos Olima.

El 3 de octubre de 1988 se firmó un trato para remitir a Irán elementos para la provisión de la Planta Piloto de Conversión y Purificación de Uranio (CPP-PT 716). El monto por comercializar era de 9.742.000 dólares.

El segundo convenio, del día siguiente, era para la exportación de una planta piloto para fabricación de elementos combustibles nucleares con uranio natural (FMPP-pt 717). Ese contrato era de 14.898.000 dólares.

Invap SE es la sigla de Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado. Hoy, la empresa, presidida por Guillermo Padín, sólo se llama Invap SE. Se trata de una firma controlada por la provincia de Río Negro y por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La CNEA tiene 3 directores sobre un total de siete y una opción de compra que nunca ejerció.

"Esa tecnología no se podía usar para fines bélicos, pero algunos dicen que se trataba de tecnología dual. Ello quiere decir que podía reconvertirse con malos propósitos", señaló ayer una fuente de Invap, desde su sede en Pilcaniyeu (Río Negro). Se trataba de dos plantas que se utilizan en el proceso de purificación de combustibles derivados del uranio.

Hubo un tercer contrato, de mayo de 1987, que fijaba la venta de un reactor destinado a bajar el grado de enriquecimiento del uranio del 90% al 20%, con lo cual esos combustibles, ahí sí, no sirven para fines bélicos.

Invap se financia con sus ventas y sin presupuesto estatal. Su más reciente logro fue la inauguración en Egipto de un reactor de 100 millones de dólares al contado, denominado MPR, para investigación científica sobre radiación y entrenamiento. Es el más moderno en su género. Invap desarrolla tecnología y fabrica equipos en varias ramas. El aspecto nuclear dio origen a la empresa, aunque en la actualidad también desarrolla tecnología en el área espacial en forma creciente.

Fuente: La Nación