Denuncian a jefes de la SIDE por el nuevo Plan de Inteligencia: acusan espionaje político y social

• El CELS denunció penalmente a Sergio Neiffert y Diego Kravetz, jefes de la SIDE, por abuso de autoridad tras implementar el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN).
• Según la denuncia, el PIN habilita tareas de espionaje interno por razones políticas, violando la ley de Inteligencia.
• Se apunta a la vigilancia de manifestantes, periodistas, ambientalistas, pueblos indígenas y críticos del Gobierno.
• El PIN incluiría monitoreo de medios y redes sociales, lo que el CELS considera incompatible con un sistema democrático.
• La causa está en manos de la Justicia Federal y podría comprometer la legalidad del nuevo esquema de inteligencia del gobierno de Milei.

El interventor de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y su segundo al mando, Diego Kravetz, fueron denunciados penalmente por abuso de autoridad, tras la implementación del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por el gobierno de Javier Milei. La denuncia fue presentada este jueves por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y recayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Según la presentación, el PIN habilitaría tareas de inteligencia interna contrarias a la ley, dirigidas a vigilar y espiar a ciudadanos y organizaciones por motivos políticos. “Habilitan la vigilancia sobre grupos sociales vulnerables, manifestantes, referentes políticos y sociales críticos, pueblos indígenas, ambientalistas, periodistas, artistas y cualquier actor que cuestione al Gobierno”, advirtió el CELS en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Aunque el plan es de carácter reservado, algunos de sus contenidos fueron revelados por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación y por la revista Crisis. Los fragmentos filtrados muestran que el plan contempla “vigilar y caracterizar la conversación pública”, incluyendo el monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, algo que el CELS considera incompatible con los estándares democráticos y con la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

“El PIN permite el espionaje secreto de expresiones políticas opositoras, así como de referentes sociales, académicos y económicos”, denunció la organización. También alertó que el plan pone foco en la “conflictividad socioambiental”, al señalar como posibles amenazas a pueblos originarios, ambientalistas y actores que se oponen a proyectos extractivos de recursos naturales estratégicos.

Para el CELS, el enfoque del nuevo plan de inteligencia replica discursos oficiales que desde 2023 estigmatizan a determinados sectores, como grupos anarquistas, antifascistas o manifestantes, bajo la figura de supuestas “amenazas” al orden público.

La denuncia sostiene que el PIN, en su contenido y objetivos, vulnera los límites legales establecidos para los servicios de inteligencia, especialmente en lo que respecta a su prohibición de realizar tareas de espionaje político o ideológico. El caso ahora está en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si el nuevo esquema de inteligencia impulsado por el Gobierno de Milei viola el marco legal vigente y los derechos fundamentales.