Francos: “Ninguna manifestación podrá torcer la decisión judicial”

• Bullrich canceló un viaje a EE.UU. para supervisar el operativo de seguridad ante la presentación de Cristina Kirchner en Comodoro Py.
• Cristina se presentará voluntariamente tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad.
• Solicitó prisión domiciliaria, alegando motivos de seguridad y su condición de expresidenta.
• Francos reafirmó la neutralidad del Gobierno, asegurando que la decisión está en manos del Poder Judicial.
• El oficialismo prevé manifestaciones, y busca evitar incidentes; el clima político está altamente tensionado.
• Cristina denuncia una proscripción orquestada por el “poder económico” a través de la Corte Suprema.

En un giro que sacudió tanto la agenda oficial como el tablero político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suspendió un viaje programado a Washington para hacerse cargo personalmente del operativo de seguridad previsto para el próximo miércoles en Comodoro Py. Ese día, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que se presentará voluntariamente ante la Justicia, tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue quien confirmó la decisión del Gobierno nacional. En declaraciones a Radio con Vos, el funcionario recalcó que, si bien la responsabilidad del Ejecutivo es garantizar el orden y evitar disturbios, la resolución sobre el futuro judicial de la exmandataria —incluyendo un eventual arresto domiciliario— es competencia exclusiva del Poder Judicial. “Ninguna manifestación popular de apoyo, nada puede torcer una decisión del Poder Judicial”, sentenció.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha señalada. En su declaración pública, Fernández de Kirchner se diferenció de otros dirigentes judicializados, asegurando: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja”. La también titular del PJ afirmó que se presentará “a derecho” como siempre lo ha hecho.

Cristina solicitó que se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria, alegando razones de seguridad personal e institucional. En el escrito presentado por su defensa, se menciona su edad, su condición de expresidenta con custodia obligatoria, y la necesidad de preservar su integridad física ante la creciente tensión política. “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, argumentó.

Francos reconoció que existen fundamentos razonables para que la Justicia evalúe la prisión domiciliaria, pero insistió en que será el Poder Judicial quien decida. “El Gobierno no está preocupado, sino ocupado”, explicó, dejando en claro que el Ejecutivo se limita a cumplir con su rol institucional.

En paralelo, se espera una movilización de militantes y simpatizantes kirchneristas en apoyo a la ex presidenta. El oficialismo busca evitar cualquier tipo de incidente, y por ello Bullrich decidió encabezar personalmente el operativo. Desde Casa Rosada, aseguran que se trata de una cuestión de “responsabilidad” y no de alarma.

El trasfondo político es inevitable. Cristina Kirchner acusa abiertamente a la Corte Suprema de haber ejecutado una “orden de proscripción del poder económico”, y sostiene que el fallo es una maniobra para ponerle “un cepo al voto popular”. Las acusaciones contra el llamado “Partido Judicial” no son nuevas, pero cobran una nueva dimensión en este contexto cargado de tensión institucional.

El miércoles será un día clave. No sólo por la imagen de una expresidenta presentándose ante la Justicia, sino también por lo que representa: una pulseada entre el poder político, el judicial y la calle. El Gobierno busca mostrarse firme y respetuoso del debido proceso, mientras Cristina despliega su propio relato, entre la victimización, la denuncia política y el desafío público.

Todo, bajo la atenta mirada de una sociedad expectante, dividida y cansada.