Muertes de bebés en el Neonatal: Martín Llaryora toma distancia del juicio y se enfoca en la gestión

Martín Llaryora elige no expresarse sobre el histórico juicio, iniciado este lunes, en el que se intentan dilucidar responsabilidades penales y civiles por la sucesión de muertes de bebés ocurrida en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio del 2022.

El entorno del gobernador asegura que no emitirán opinión sobre la causa, mucho menos mientras se realicen las audiencias, que se extenderían al menos hasta el mes de junio. “La Justicia hará su trabajo. Nosotros, nada que decir”, responden ante la consulta de este medio. Refuerzan que tal prescindencia se enmarca entre la coherencia y el debido respeto a la división de poderes.

Más énfasis ponen en diluir las interpretaciones políticas que, lógicamente, rodean al horrendo caso desde el inicio mismo de la investigación penal. Sobre todo aquellas que surcan un andarivel que lleva desde la gestión de Juan Schiaretti, durante la cual ocurrieron las muertes, hasta la administración del sanfrancisqueño.
Sin restar importancia a la causa, los actuales ocupantes del Panal niegan cargar con una pesada mochila, heredada del anterior gobierno. Según explican, la onda expansiva de la causa no genera remezón alguno en la sede de Gobierno. Más aún, ni siquiera afecta la imagen del “Gringo”, a quien siguen ubicando con 70 puntos positivos de aprobación.
La responsabilidad de Juan Schiaretti
Las elucidaciones sobre un posible impacto extendido no son antojadizas. Al juicio llegaron 11 personas, una acusada de haber sido la autora material de los crímenes (cinco casos reales, ocho en grado de tentativa), diez de ellas en carácter de funcionarios públicos al momento de producirse los hechos.
A estas últimas se les adjudican una serie de delitos penales vinculados a sus tareas, desde incumplimiento de deberes, como la omisión de denuncias a la Justicia pese a contar con información sobre los casos, hasta maniobras de encubrimiento de los hechos.

Particular reparo se presta al exministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo, quien en su momento gozara de pleno poder en la provincia. Miembro de “La Carrillo”, agrupación política del peronismo que militaba en dependencias de la salud pública, llegó a la cartera de la mano de su antecesor, el exlegislador Francisco Fortuna.

Profesional de consulta del exgobernador, se destacó por imponer un férreo verticalismo a la hora de tomar decisiones y gestionar la comunicación del área. Su poder se incrementó gracias a la gestión de la pandemia. Rol central le cupo para presentar a la política sanitaria de Córdoba como la de mejores resultados en el combate al coronavirus.

En pleno apogeo de su imagen, el caso del Neonatal marcó un fin a su proyección. Imputado y procesado tras dejar el cargo, ha intentado sin éxito dar su propia versión de los hechos. La misma genera inquietud en el poder político: según explicaría en el juicio, no sólo fue informado tarde de la muerte de neonatos, sino que la lúgubre sucesión podría involucrar errores procedimentales en uno de los hospitales insignia de la provincia. Es decir, no se agotaría con las responsabilidades adjudicadas a Brenda Agüero, la principal acusada.

Una sombra para Martín Llaryora
El fiscal Raúl Garzón, instructor de la causa, adjudica la autoría material a la enfermera. Coinciden con él los fiscales de Cámara y las querellas de las familias afectadas.

De confirmarse esta hipótesis, la sanción a Agüero podría opacar las responsabilidades penales de los funcionarios. También las responsabilidades civiles que debería afrontar el gobierno provincial.

Sin embargo, no podrán evitar que el concepto de violencia institucional sobrevuele las audiencias que se realizan en el edificio de Tribunales II, como ya ocurriera con el caso de Blas Correas.

El asesinato del adolescente en manos de policías de Córdoba, ocurrido también en pandemia, marcó un antecedente ineludible. No sólo obligó a un replanteo de la formación que reciben agentes y oficiales; también alentó a la Cámara del Crimen interviniente a ordenar una nueva investigación para dilucidar responsabilidades políticas detrás de lo que se definió como un patrón de comportamiento de los efectivos.

Desde la oposición también piden registrar un modus operandi en los efectores del Ministerio de Salud que respondían a una conducción piramidal, afecta a la autogestión de soluciones a problemas por ellos mismos creados y manteniéndolos a distancia del control judicial. Al menos, de aquellos que no responden a “lazos políticos”.

Citan como ejemplo repetido, en ambos casos, que los funcionarios implicados fueron acusados sólo después de su apartamiento: Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad, como antecedente necesario de Cardozo.

Invitada por madres y padres, coincide con esas voces la propia Soledad Laciar, madre de Blas.

Lo que importa en Córdoba
Para el llaryorismo, el grueso de la sociedad no se detiene en las elucubraciones políticas en torno a la causa del Neonatal. “No mueve la aguja en la opinión pública. Lo relevante es que se sepa quién fue el asesino. Si hay responsabilidades administrativas que ameriten sentencia penal, que las paguen”, subrayan.

En el mismo trazo remarcan que “lo importante” para evaluar a un gobierno es su capacidad de gestión. Es decir, la aptitud para llevar soluciones a ciudadanos que se desenvuelven en entornos condicionados por crisis económicas, habitualmente endosadas a la Nación.

Son tales atributos, entienden, los que permite a los líderes del cordobesismo, Llaryora y Schiaretti, mantener índices de aprobación superiores a la media, pese a la sucesión de escándalos que muchos vinculan a la continuidad del modelo.

La consistencia de este análisis tendrá una nueva prueba en pocos meses, cuando se escenifiquen las elecciones para renovación de diputados provinciales. La principal amenaza llegará desde una gestión libertaria deseosa de mostrar las pústulas de los sistemas de salud pública.

CON INFORMACION DE LETRAP.