Cierran el CONAMI: el Gobierno nacional elimina organismo estatal que gastaba más en sueldos que en microcréditos

El Gobierno nacional decretó la disolución de la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), un organismo creado en 2006 para facilitar el acceso al financiamiento a emprendedores excluidos del sistema financiero formal. La medida, formalizada a través del Decreto 1094/2024, se publicó en el Boletín Oficial este viernes, con la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello.

Federico Sturzenegger sobre el CONAMI: «Los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos»

«Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra», adelantó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una entrevista televisiva para La Nación+.

El decreto argumenta que el gasto mensual en personal de la CONAMI asciende a $100.584.210, cifra que anualizada supera en un 54% el presupuesto total asignado al programa para 2024, que fue de $1.178.796.541. Además, se destacó la «deficiente administración» y el «desvío de recursos públicos que debían ser destinados al cumplimiento del programa».

Casi la mitad de los emprendedores que tomaban el crédito no pagaban las cuotas en tiempo y forma

La cartera de microcréditos también fue objeto de críticas. De las 209 instituciones adheridas, solo 117 cuentan con más de 10 créditos activos, y el programa presenta una tasa de morosidad del 42%, muy por encima del estándar del 10% en instituciones de microfinanzas. El informe también cuestiona la falta de capacidad técnica y experiencia de las instituciones para gestionar los fondos asignados.

Desde su creación, la CONAMI no realizó evaluaciones formales ni estudios de impacto para medir la efectividad del programa, según indicaron en los considerandos del decreto. «La Ley N° 26.117, que dio origen al programa, no ha alcanzado sus objetivos, al no implementar un registro formal ni sanciones ante incumplimientos», añade el documento.

El Gobierno justificó la decisión como parte de su estrategia de ajuste y reducción del gasto público, en línea con otras medidas orientadas a la eliminación de organismos considerados ineficientes o redundantes.

Con información de www.elintansigente.com