En un país de patotas y falsedades

Es un gobierno raro. Está a punto de exigir un pase sanitario en la provincia de Buenos Aires para contener los contagios de la variante ómicron del coronavirus, pero al mismo tiempo convoca a una multitudinaria marcha autorreferencial y sectaria por el aniversario de una celebración colectiva de todos los argentinos. Se cumplían 38 años de la restauración democrática, no de la instauración del kirchnerismo. Marchas y actos masivos son los peores lugares para los contagios. Alberto Fernández aceptó a última hora participar por Zoom de una reunión en defensa de la democracia en el mundo, convocada por el presidente norteamericano, Joe Biden, pero usó su discurso para despacharse implícitamente contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fue elegido democráticamente por la mayoría de los países americanos para ejercer ese cargo. Necesita de la comprensión del Fondo Monetario para llegar a un acuerdo con el organismo antes de que sea demasiado tarde, pero Cristina Kirchner vapuleó al organismo en esa desbocada tarde del viernes último. Habló de la deuda que dejó Macri (que existe), pero no dijo nada de la deuda que dejó ella, que preexistió y preexiste. 

Cristina Kirchner tiene una decena de apelaciones ante la Corte Suprema, pero mandó al ministro de Justicia, Martín Soria, a que ejerciera una inédita violencia verbal contra los cuatro integrantes del máximo tribunal de justicia del país. Soria responde más a Cristina que a Alberto Fernández, pero este no es inocente. El Presidente solía elogiar a la Corte cuando era candidato presidencial, pero luego se sumó a la campaña del cristinismo para desprestigiar públicamente al tribunal. ¿Imagina la vicepresidenta que la Corte rechazará sus apelaciones? Si fuera así, es probable que no se equivoque. Los jueces supremos nunca adelantan sus opiniones, pero existe la jurisprudencia que ellos establecieron y que anticipa, de algún modo, lo que decidirán. En los últimos tiempos rechazaron varias apelaciones porque se trataba de causas sin sentencias definitivas, como son las causas en trámite judicial. Es el caso de todas las apelaciones de la expresidenta.

La Corte tiene en agenda también declarar el próximo jueves 16 la inconstitucionalidad de la actual integración del Consejo de la Magistratura. Será un golpe directo a la mandíbula de la vicepresidenta, porque esa integración es una criatura que ella imaginó cuando era senadora. Cristina siempre huye hacia adelante o dobla la apuesta. La actuación de Soria frente a los cuatro jueces de la Corte fue destructiva, ramplona y amenazante.

Empezó diciendo que no había ido antes a la Corte porque su presidente era Carlos Rosenkrantz, a quien acusó de pertenecer a la “mesa judicial” de Macri y de conversar por teléfono con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Rosenkrantz es ahora vicepresidente de la Corte (¿dónde está la gran diferencia que descubrió Soria?) y, en efecto, habló muchas veces por teléfono con el exasesor de Macri porque son amigos personales desde hace 40 años, como el propio Rosenkrantz contó en un reportaje con Jorge Fontevecchia mucho antes de que comenzara la cacería por las conversaciones telefónicas. También Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte habló por teléfono con Rodríguez Simón, aunque menos veces que Rosenkrantz. ¿Es ese un delito de lesacristinismo? ¿Quién lo estableció? Soria extraía párrafos de un papel que había llevado escrito. ¿Era un ayuda memoria que escribió él mismo o se lo escribieron? El fantasma de Cristina revoloteaba en medio de esa reunión con el perfume del hielo.

La segunda aseveración que hizo es que la Corte significa una situación de “gravedad institucional” porque despacha los asuntos que quiere y retrasa también los que quiere. Fue una clara y abusiva intromisión en las atribuciones de otro poder del Estado. Pero adelanta el curso futuro de las circunstancias. Los actuales miembros de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) pueden esperar pedidos de juicio político. Gravedad institucional es una descripción demasiado importante como para suponer que quedará reducida a un mero enunciado. Un juicio político a los jueces de la Corte Suprema necesita, para su aprobación y destitución, de los dos tercios de cada cámara del Congreso. El oficialismo está lejísimos ahora de tales mayorías, pero el trámite del juicio (el escándalo, la calumnia y la difamación) buscará quebrar moralmente a los jueces supremos.

También es posible que el Gobierno presente un proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte a siete con el propósito de resolver la supuesta gravedad institucional. Actualmente la Corte está integrada por cinco jueces, aunque hay una vacante desde la jubilación de Elena Highton de Nolasco; es decir, son cuatro los jueces que forman parte ahora del tribunal. La ley de ampliación de la Corte puede ser aprobada en el Congreso por mayoría simple. El Gobierno tampoco tiene esa mayoría, pero podría conseguirla con la ayuda de amigos y cómplices. Nunca podrá nombrar a los jueces titulares, porque estos necesitarán del acuerdo de los dos tercios del Senado. Después de la última elección, al cristinismo le es inalcanzable esa mayoría, que ya antes le era casi imposible de conseguir. La ley podría fijar también qué mayoría necesitará la Corte. Si estableciera que la mayoría es sobre siete jueces, aunque el tribunal no esté integrado por siete, la Corte necesitaría de la unanimidad de los cuatro miembros actuales para tomar una decisión. “Significaría la parálisis de la Corte. Una Justicia sin cabeza”, dramatizó un funcionario judicial.

Cristina arrastra una vieja bronca contra la Corte Suprema. El Presidente, que era amigo de varios jueces supremos (con las excepciones de Rosenkrantz y Rosatti) se contagió rápidamente de ese odio inexplicable. De hecho, Soria les habló groseramente a esos magistrados en nombre del Presidente y la vicepresidenta, según aclaró. Ya en 2013, cuando ella era presidenta y mandó la ley de “democratización” de la Justicia, esta incluía artículos que reducían a la Corte a la nada. Esos artículos fueron extraídos del proyecto luego de que todos los jueces del máximo tribunal firmaran la renuncia a sus cargos. Fue el fallecido juez Enrique Petracchi quien les advirtió a sus colegas de que esa iniciativa terminaría con la Corte como última instancia de la justicia. “Renunció la Corte”, le avisaron dramáticamente a Cristina; esta sacó las partes que se referían a ese tribunal, pero dejó la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, una idea claramente inconstitucional. En efecto, la Corte declaró luego inconstitucional la ley. Desde entonces, el rencor no ha hecho más que crecer en ella. No acepta ninguna instancia en condiciones de controlar sus arbitrarias decisiones, sobre todo ahora cuando es juzgada por varios delitos de corrupción.

Al final de los 30 minutos de invectivas y reproches de Soria, el presidente del cuerpo, Rosatti, le dijo, de manera corta y seca, que lo habían recibido al ministro como un gesto de cortesía, que lo habían escuchado y que la reunión había terminado. Hay quienes opinan que hubiera sido mejor que los cuatro jueces del tribunal cortaran de manera drástica la reunión ante la falta de respeto institucional del ministro. O, al menos, que Rosatti contestara con severidad las atolondradas aseveraciones de Soria. Sin embargo, el criterio que primó entre los miembros del tribunal fue dejar que el escándalo lo protagonizara solo un personaje disparatado. Hicieron bien. El escándalo habría sido de la Corte si esta hubiera hecho algo estentóreo.

Dos días después, Cristina comparó al macrismo con la dictadura y dijo que tal dictadura había llegado ahora con “toga de jueces y medios hegemónicos”. Esas descalificaciones hablan mal de ella, no de los jueces ni de los medios periodísticos. Ignora hasta la incultura el peso insoportable de una dictadura.

* Para La Nación