Cristina Kirchner, el decomiso y el sonido del martillo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina siempre tuvo una extraordinaria capacidad para convertir lo extraordinario en rutina. Primero fueron los procesamientos que nunca llegaban a condena. Después aparecieron las condenas que parecían no llegar nunca a ejecutarse. Ahora llegó una nueva etapa: la de las tasaciones.

Porque resulta que, en la Argentina del siglo XXI, ya no alcanza con discutir ideologías, modelos económicos o estrategias electorales. Ahora también hay que llamar al martillero.

Durante años, la corrupción fue una palabra que flotaba en el aire como esas bolsas de supermercado que aparecen cruzando una avenida con más protagonismo que un diputado en campaña. Todos hablaban de ella. Todos prometían combatirla. Todos aseguraban que pertenecía exclusivamente al gobierno anterior, al siguiente o al vecino de enfrente.

Mientras tanto, las causas judiciales envejecían mejor que muchos vinos.

Pero un día el expediente dejó de ser solamente un expediente. La cifra también dejó de ser una cifra simbólica. Y apareció un número que ya no entra cómodamente ni en un presupuesto municipal ni en la calculadora del celular.

Seiscientos ochenta y cinco mil millones de pesos.

Una cifra tan gigantesca que, si uno la pronuncia despacio, para cuando termina de decirla ya cambió la cotización del dólar.

La actualización del decomiso en la causa Vialidad marca algo bastante más profundo que una discusión contable. Lo verdaderamente novedoso es que la Justicia decidió que la condena no puede quedarse viviendo únicamente dentro de un expediente. También tiene que salir a caminar por el mundo real.

Y el mundo real tiene propiedades.

Tiene campos.

Tiene departamentos.

Tiene hoteles.

Tiene acciones.

Tiene cuentas.

Tiene bienes.

Y todos esos bienes, que durante años parecían personajes secundarios de una novela interminable, ahora pasaron a ser protagonistas.

La política argentina siempre fue muy creativa para inventar relatos. Algunos hablaban de persecuciones. Otros de impunidad. Otros de conspiraciones. Otros de lawfare. Otros de república. Otros de proscripción.

Mientras todos discutían palabras enormes, silenciosamente avanzaban los peritos.

Nunca un contador generó tanta expectativa.

Porque al final del camino apareció una conclusión bastante incómoda: si una sentencia establece un decomiso, alguien tiene que ejecutarlo.

Y ejecutar significa ejecutar.

No escribir un libro sobre la ejecución.

No convocar un seminario internacional acerca de la ejecución.

No organizar una mesa redonda titulada "Reflexiones epistemológicas sobre la ejecución".

Ejecutarla.

La palabra tiene menos glamour que un acto partidario bajo la lluvia, pero bastante más consecuencias.

Durante décadas, la política argentina desarrolló una curiosa relación con el patrimonio.

Cuando aparecía un funcionario con más inmuebles que un desarrollador inmobiliario, siempre existía una explicación heroica.

Era una herencia.

Era una inversión brillante.

Era una oportunidad irrepetible.

Era un préstamo.

Era una casualidad estadística.

Era cualquier cosa menos lo que la Justicia terminaba investigando.

El problema de las casualidades argentinas es que suelen repetirse demasiado.

Por eso esta etapa tiene un componente casi pedagógico.

No porque vaya a terminar con la corrupción. Creer eso sería tan ingenuo como pensar que un cartel de "Prohibido estacionar" elimina la comisión de la infracción.

Pero introduce un elemento que durante muchos años estuvo ausente.

El costo.

Porque una condena discutible políticamente siempre puede convertirse en bandera.

Una condena patrimonial empieza a doler en otro idioma.

Ahí desaparecen los discursos inflamados y aparecen las escrituras.

Desaparecen las consignas.

Aparecen las tasaciones.

Desaparecen las metáforas.

Aparecen los remates.

Hay algo casi cinematográfico en imaginar que la política argentina, especialista mundial en inaugurar obras públicas, termine observando cómo un martillo baja para vender bienes relacionados con una de las causas más emblemáticas de las últimas décadas.

El martillo tiene una virtud extraordinaria.

No vota.

No milita.

No da entrevistas.

No publica mensajes en redes sociales.

Simplemente cae.

Naturalmente, la discusión jurídica seguirá existiendo.

Las defensas agotarán todos los recursos disponibles.

Los abogados seguirán planteando nulidades, competencias, garantías constitucionales y toda la extensa biblioteca que acompaña cualquier proceso de semejante magnitud.

Es exactamente lo que corresponde dentro del Estado de Derecho.

Pero mientras las bibliotecas producen argumentos, los expedientes siguen avanzando.

Y los expedientes, a diferencia de la televisión, no necesitan rating.

Lo interesante es observar el efecto político.

Porque durante años buena parte del debate nacional giró alrededor de una pregunta sencilla.

¿Puede la corrupción tener consecuencias reales?

La respuesta parecía demorarse eternamente.

Ahora empieza a aparecer otra pregunta.

¿Qué sucede cuando las consecuencias dejan de ser simbólicas?

Ahí cambia toda la conversación.

Porque ya no se trata únicamente de quién ganó una discusión televisiva.

Se trata de quién conserva su patrimonio.

La política argentina suele enamorarse de los gestos grandilocuentes.

Le encantan las plazas llenas.

Los balcones.

Los discursos épicos.

Las cadenas de mensajes.

Los comunicados interminables.

Sin embargo, la historia muchas veces cambia por decisiones mucho menos espectaculares.

Un oficio.

Una firma.

Una tasación.

Un embargo.

Un decomiso actualizado.

Y, finalmente, un remate.

No producen ovaciones.

No generan canciones partidarias.

Pero modifican la realidad.

Quizá la mayor enseñanza de este episodio no tenga que ver solamente con una ex presidenta, ni con empresarios, ni con funcionarios condenados.

Tal vez tenga que ver con la política en general.

Durante demasiado tiempo se instaló la sensación de que el poder funcionaba como una garantía contra cualquier consecuencia futura.

Como si el cargo otorgara una especie de seguro premium contra la responsabilidad.

Ese contrato invisible parece empezar a vencer.

Nadie sabe si este proceso marcará un antes y un después o si terminará siendo apenas otro capítulo dentro de la interminable novela argentina.

Lo que sí parece haber cambiado es la escenografía.

Durante años el símbolo del poder fue el bastón presidencial.

Hoy, inesperadamente, el objeto que concentra la atención es un martillo de rematador.

Y convengamos que, para cualquier dirigente, escuchar un martillo nunca fue una buena noticia.