¿La política metió la cola?

CÓRDOBA Por Carlos ZIMERMAN
La imputación por parte La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), es sin lugar a dudas un avasallamiento a las instituciones republicanas y al Estado de Derecho. La Constitución Nacional está en plena vigencia.
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Sin lugar a dudas la política metió la cola y la imputación a comerciantes que cumpliendo todas las medidas de seguridad reclamaron en un lugar abierto, con sus barbijos puestos y con el respectivo distanciamiento social, es un cercenamiento de las garantías constitucionales.

En la República Argentina no están suspendidas las garantías constitucionales, no estamos viviendo en Estado de Sitio y los ciudadanos tenemos el más pleno derecho a ejercer una de las garantías principales en toda democracia que es el de peticionar ante las autoridades.

Ninguno de los comerciantes que se manifestaron en el Cabildo contrariaron el artículo 205 ni el 229 de nuestro Código Penal.

Al respecto, el primero de los artículos que el Señor Fiscal entendió que se violó, dice textualmente:  Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Los comerciantes en ningún momento violaron ninguna medida, ya que el DNU del Presidente de la Nación dice textualmente: Decreto 297/2020, las personas sólo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. En estos casos no requerirán permisos de circulación.

Está absolutamente claro que los comerciantes fueron a peticionar en busca de la posibilidad concreta de que se les permita poder trabajar dignamente y obtener recursos lisa y llanamente para poder comer y mantener a sus familias, lo que no es ni más ni menos que el espíritu del apartado del decreto que expresa "indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos". Peticional para poder trabajar es el sinónimo de ese apartado.

Las autoridades judiciales y de gobierno no comprenden que estos señores no tienen otra manera de solventarse que no sea ejerciendo lo que siempre hicieron y es TRABAJAR.

Los comerciantes no son políticos ni jueces ni fiscales, por ende no tienen un sueldo fijo con aguinaldo, vacaciones y el cobro de horas extras, SI NO TRABAJAN NO COMEN Y SI NO COMEN SE MUEREN DE HAMBRE, ES LÓGICO Y COHERENTE PETICIONAR POR ELLO, ES EL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL.

Resulta vergonzoso que la justicia ponga en movimiento todo su aparato juridiccional por una cuestión como esta cuando por otro lado libera a delincuentes con frondosos antecedentes, algunos acusados de flagrantes delitos.

El otro artículo por el que se los imputa es el 229 del Código Penal, que textualmente expresa: Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley.

Este artículo ni siquiera merece un análisis con respecto al accionar de los comerciantes, ya que un estudiante de los primeros años de la facultad, puede advertir que el mismo no tienen nada que ver con el accionar de los comerciantes.

Lo que a partir de ahora tendrán que hacer los comerciantes en su conjunto es analizar la conveniencia de solicitarle el Juicio Político al Fiscal e investigar si no existió una sumisión al poder político, ya sea provincial o municipal, ya que es alarmante su accionar.

Los comerciantes reclamaron legítimamente y la Constitución Nacional los ampara, como dije al principio, las garantías constitucionales están intactas y en Argentina no estamos en Estado de Sitio, los ciudadanos podemos hacer uso de todas las prerrogativas que la Carta Magna nos confiere. Quien cercene las mismas comete un grave delito, máxime si las restricciones provienen de una autoridad judicial.

Si la política metió o no la cola, será seguramente motivo de investigación, por ahora estamos ante un Fiscal que poco y nada entiende de necesidades, quizá por que a fin de mes cobra sin más trámite, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena, su abultado sueldo

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