El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. Sólo un día después de que el jefe del Ejecutivo se limitara a aprobar algunas medidas económicas y a hacer recomendaciones a los ciudadanos y las comunidades autónomas la estrategia ha cambiado y ahora se opta por la decisión que permite centralizar la toma de decisiones y adoptar medidas para limitar los movimientos de los ciudadanos.

 
 
El estado de alarma está recogido en el artículo 116 de la Constitución y es el más leve de los tres que se pueden aplicar en situaciones de emergencia: los siguientes son el de excepción y el de sitio. Se aplica inicialmente por un plazo de 15 días que puede ser prorrogado por el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, sólo se había aplicado una vez en democracia, con José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, durante la crisis de los controladores aéreos.

 
Con el estado de alarma, el Gobierno asume la toma de decisiones para atajar la crisis y adoptar las siguientes medidas: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.

La medida había sido reclamada por varios gobiernos autonómicos y diversos partidos de la oposición, y es similar a la que han adoptado los gobiernos de otros países, como el de Portugal esta misma mañana. Uno de los supuestos que recoge la ley para decretar el estado de alarma es precisamente las "crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves".

Fuente: El Mundo