
Casación rechazó los planteos de Máximo y Florencia Kirchner y habilitó avanzar con el decomiso de bienes en la causa Vialidad
JUDICIALES16 de noviembre de 2026 Agencia de Noticias del Interior

- Casación rechazó por unanimidad los recursos extraordinarios de Máximo y Florencia Kirchner.
- La decisión también alcanzó los planteos de las sociedades Hotesur y Los Sauces.
- Los jueces consideraron que no se acreditó un perjuicio irreparable que justificara la intervención de la Corte Suprema.
- Los hijos de Cristina Kirchner cuestionaron las medidas sobre bienes de personas que no fueron condenadas.
- Trece inmuebles de Hotesur y Los Sauces permanecen alcanzados por embargos preventivos.
- El decomiso actualizado asciende a 684.990 millones de pesos y el procedimiento judicial continuará.
La ejecución patrimonial de la condena contra Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos extraordinarios presentados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para intentar suspender el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad. La decisión también comprendió los planteos de las sociedades Hotesur y Los Sauces, vinculadas al patrimonio de la familia de la ex presidenta.
El pronunciamiento fue adoptado por unanimidad por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados entendieron que los recurrentes no lograron acreditar que la resolución cuestionada tuviera carácter definitivo ni que provocara un perjuicio irreparable. Esos requisitos, según el criterio aplicado, resultaban necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
Con esta resolución, Casación cerró la posibilidad de que los cuestionamientos lleguen al máximo tribunal mediante los recursos presentados y dejó despejado el camino para que continúe el procedimiento destinado a ejecutar el decomiso establecido en la sentencia.
Los planteos de Máximo y Florencia Kirchner apuntaban a frenar tanto la ejecución patrimonial como las medidas cautelares que afectan sus bienes. La pretensión consistía en mantener suspendidas esas actuaciones hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente vinculada con el decomiso.
Entre los argumentos expuestos, ambos sostuvieron que la medida podía extenderse sobre propiedades pertenecientes a personas que no fueron condenadas en el expediente. También cuestionaron que se avanzara sobre sus patrimonios mientras todavía existían presentaciones judiciales sin resolución definitiva.
Las sociedades Hotesur y Los Sauces, por su parte, buscaron intervenir en el procedimiento para ejercer la defensa de los bienes que consideran propios. Ambas empresas tienen trece inmuebles alcanzados por embargos preventivos ordenados por el Tribunal Oral Federal número 2, en el marco de las actuaciones vinculadas con la ejecución de la condena.
La controversia se desarrolla sobre una medida patrimonial derivada de la sentencia contra Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo quedó firme el 10 de junio de 2025 y, desde entonces, el expediente avanzó hacia la etapa destinada a hacer efectivo el recupero económico establecido por la Justicia.
El monto actualizado del decomiso alcanza los 684.990 millones de pesos. La suma apunta a recuperar el perjuicio económico determinado en la causa por las irregularidades detectadas en la obra pública vial de Santa Cruz.
El rechazo de los recursos representa un revés para la estrategia judicial impulsada por los hijos de la ex mandataria y las sociedades involucradas, aunque no implica que los inmuebles hayan sido rematados ni que el proceso de realización de los bienes esté concluido.
La resolución tampoco modifica el alcance de la condena penal, sino que incide sobre las posibilidades de suspender su ejecución patrimonial. A partir de esta decisión, las actuaciones podrán continuar en los tribunales encargados de llevar adelante el decomiso, mientras permanecen en discusión los planteos relacionados con los bienes alcanzados por las medidas cautelares.
El expediente ingresa así en una instancia decisiva para determinar cómo se concretará el recupero de los fondos fijados en la sentencia. La disputa ya no se limita a cuestionar la procedencia del decomiso, sino que también comprende la extensión de las medidas sobre propiedades y patrimonios de personas y sociedades que sostienen no haber sido condenadas en la causa.


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