La Justicia ordenó transferir al Estado los bienes de Austral Agro para cobrar las multas millonarias a Lázaro Báez

• La Justicia dispuso transferir al Estado los bienes y las acciones de Austral Agro S.A.
• Lázaro Báez debe pagar una multa de 329.237.200 dólares y su hijo Martín otra de 274.364.333 dólares.
• La sociedad posee cinco establecimientos rurales, ganado ovino y distintos vehículos.
• La UIF recibirá la asignación específica del paquete accionario y la AABE deberá asumir el control de la empresa.
• La fiscalía de Río Gallegos investiga presuntas maniobras para continuar explotando los campos mediante contratos y transferencias.
• Las escuchas telefónicas apuntan a que Báez habría seguido impartiendo órdenes desde la cárcel pese a las restricciones judiciales.

La ejecución patrimonial de las condenas contra Lázaro Báez y su hijo Martín sumó un nuevo capítulo con una decisión judicial que apunta directamente a una de las sociedades vinculadas al empresario patagónico. El Tribunal Oral Federal N° 4 dispuso inscribir a nombre del Estado Nacional la totalidad de los bienes de Austral Agro S.A., una firma que concentra establecimientos rurales, ganado y otros activos que serán sometidos a un proceso de liquidación para afrontar las sanciones económicas impuestas en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

La resolución fue adoptada a pedido del fiscal general Abel Córdoba y lleva la firma de la jueza de ejecución Valeria Rico. La medida contempla la transferencia del paquete accionario de la sociedad al Estado, con asignación específica a la Unidad de Información Financiera (UIF), y establece la intervención urgente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para asumir el control de la compañía y avanzar con las gestiones necesarias para recuperar los fondos.

El objetivo es obtener recursos que permitan cubrir las multas económicas pendientes de los condenados. Lázaro Báez debe afrontar una sanción de 329.237.200 dólares, mientras que su hijo Martín tiene una obligación de 274.364.333 dólares. La liquidación de los activos de Austral Agro buscará satisfacer esos compromisos en la proporción correspondiente a cada uno.

La participación accionaria de la empresa se distribuye en un 70% para el empresario y el 30% restante para su hijo. Entre sus principales activos figuran las estancias La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba. También posee un rodeo de aproximadamente mil ovejas y distintos vehículos.

La decisión judicial establece que el organismo encargado de administrar los bienes del Estado deberá actuar con carácter urgente y procurar que los frutos y activos de la sociedad sean destinados al cumplimiento de las sanciones pecuniarias. Además, el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema deberá realizar una valuación patrimonial de Austral Agro y determinar el valor de sus bienes.

Sin embargo, la ejecución definitiva de la medida todavía deberá atravesar una instancia judicial. La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal y, si ese tribunal confirma lo dispuesto, quedará firme la decisión que habilitará la realización efectiva de los activos.

El caso adquirió mayor relevancia en los últimos días por una investigación paralela que se desarrolla en la Justicia Federal de Río Gallegos. Allí, el fiscal Julio Zárate sostiene que Austral Agro habría sido utilizada para mantener en funcionamiento parte de la estructura económica vinculada a Báez, pese a las restricciones judiciales que le impedían administrar o disponer de sus bienes.

La hipótesis fiscal apunta a una presunta asociación ilícita que habría continuado explotando campos y ganado mediante operaciones comerciales que, bajo una apariencia de legalidad, permitirían canalizar dinero y sostener actividades económicas. En esa investigación, el empresario es señalado como quien habría mantenido el control de las decisiones desde la cárcel de Ezeiza.

Uno de los elementos centrales del expediente es un contrato de capitalización ganadera firmado el 22 de marzo de 2025 entre la entonces presidenta de Austral Agro, Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid, también imputada en la causa. El acuerdo contemplaba el aporte de 7.000 ovejas de propiedad de Godfrid para su cría y engorde en la estancia Coronel Guarumba, que ya contaba con alrededor de mil animales pertenecientes a la sociedad.

Para los investigadores, ese convenio habría funcionado como una cobertura para justificar transferencias millonarias hacia Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como Budín y señalado como hombre de confianza de Báez en Río Gallegos. Entre los movimientos detectados figuran pagos mensuales de cinco millones de pesos durante el primer año.

La fiscalía también identificó un contrato de alquiler rural sobre la estancia La Entrerriana, firmado el 1 de mayo de 2026 a favor de Ibáñez, por dos millones de pesos mensuales. Sin embargo, las planillas secuestradas registraron una deuda de doce millones por falta de pago desde el comienzo del acuerdo, circunstancia que alimentó las sospechas sobre la existencia de operaciones simuladas.

Las escuchas telefónicas incorporadas a la investigación constituyen otro elemento relevante. Según la acusación, Báez habría continuado impartiendo instrucciones sobre la administración de los establecimientos rurales y amenazado con desplazar a quienes no cumplieran sus órdenes.

La investigación sostiene que su entorno habría ejecutado esas directivas mediante terceros, con la participación de Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja del empresario, ambos detenidos. De esta manera, la situación de Austral Agro quedó atravesada por dos procesos judiciales convergentes: uno orientado a recuperar los recursos provenientes de las condenas y otro destinado a determinar si la estructura empresarial continuó siendo utilizada para administrar bienes pese a las prohibiciones impuestas.

La transferencia de los activos al Estado representa así un avance en el intento de hacer efectivas las sanciones económicas y, al mismo tiempo, coloca bajo control judicial una sociedad que vuelve a estar en el centro de las sospechas sobre el funcionamiento del patrimonio de Báez.