Causa ANDIS: los hermanos Kovalivker rechazaron las acusaciones y la fiscalía detectó fuertes diferencias en los precios de medicamentos

• Jonathan y Emmanuel Kovalivker se presentaron en Comodoro Py y rechazaron las imputaciones.
• Ambos empresarios entregaron escritos y se negaron a declarar y responder preguntas.
• La fiscalía investiga presunta cartelización y sobreprecios en compras de medicamentos de la ANDIS.
• Suizo Argentina recibió $137.118 millones del organismo entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
• Los investigadores detectaron importantes diferencias en las cotizaciones de un medicamento de alto costo.
• Ariel Lijo dispuso la inhibición de bienes de 36 imputados y debe resolver sus situaciones procesales.

La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la presentación de Jonathan y Emmanuel Kovalivker en los tribunales federales de Comodoro Py. Ambos empresarios comparecieron ante la Justicia, entregaron escritos con sus respectivas defensas y optaron por no responder preguntas ni prestar declaración, en una causa que investiga un supuesto esquema de cartelización, sobreprecios y direccionamiento de compras de medicamentos.

Las indagatorias estuvieron a cargo del fiscal federal Franco Picardi. Jonathan Kovalivker llegó acompañado por su abogado, Martín Magram, presentó su descargo por escrito y se retiró sin contestar preguntas. Posteriormente, Emmanuel realizó el mismo procedimiento. Las audiencias habían sido postergadas la semana anterior a raíz de un pedido de prórroga presentado por la defensa de Magram.

El expediente tiene como uno de sus principales focos a la droguería Suizo Argentina, señalada por la fiscalía como una de las empresas que habría conseguido una posición privilegiada dentro del organismo mediante un mecanismo de presunta cartelización y manipulación de precios.

Picardi, junto con Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, delimitó la supuesta maniobra entre mayo de 2024 y agosto de 2025. La investigación comprende adquisiciones de medicamentos de alto costo y la participación de otras 14 empresas proveedoras.

Durante esos 15 meses, Suizo Argentina recibió transferencias de la ANDIS por un total de $137.118.708.357, convirtiéndose en la firma privada que concentró el mayor volumen de fondos provenientes del organismo durante el período analizado.

Las diferencias de precios bajo investigación

Uno de los elementos incorporados al pedido de indagatorias es un intercambio de mensajes entre empleados de la droguería relacionado con la comercialización de Eurit, nombre comercial de la cladribina, un medicamento de alto costo.

El 4 de julio de 2024, Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales, comunicó que habían ingresado unidades del medicamento a un costo de $92.000 y solicitó que fueran comercializadas. Seis minutos después, Tomás Medina, responsable Comercial de Licitaciones de Tratamientos Especiales, consultó cuál debía ser el precio de venta y si podían manejarse libremente con la cotización.

Según la reconstrucción fiscal, la respuesta dejó el valor a criterio de quienes intervenían en la operación. Posteriormente, en las compulsas realizadas el 29 de julio y el 2 de agosto, se adjudicaron 66 unidades: 52 quedaron en manos de Suizo Argentina a $3.900.000 cada una y las restantes fueron adquiridas a $4.000.000.

La fiscalía también comparó esas cifras con operaciones anteriores. En mayo de 2024, la cladribina había sido adjudicada a $281.000 por unidad. En agosto, apenas 25 días después de la segunda compulsa cuestionada, Suizo Argentina presentó una cotización de $405.014.

A su vez, en la compulsa de julio, Suizo Argentina y Droguería del Sud ofrecieron $3,9 millones por unidad, mientras que Soldist presentó una propuesta de $4,1 millones. En una instancia anterior, esa misma empresa había cotizado el medicamento a $820.000.

Frente a esas variaciones, los investigadores señalaron que no encontraron circunstancias legítimas que explicaran las diferencias. La fiscalía consideró que el precio unitario había caído en un mes a la décima parte y planteó la posibilidad de que las ofertas de distintas empresas hubieran servido para simular transparencia y competencia, favoreciendo finalmente a Suizo Argentina.

Los descargos de los empresarios

Los hermanos Kovalivker rechazaron las imputaciones y cuestionaron la interpretación de los elementos reunidos en el expediente. Entre sus argumentos, señalaron que la facturación de Suizo Argentina con la ANDIS representó una proporción reducida del volumen total de ventas: 2,14% en 2023, 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025.

Jonathan sostuvo que no existen elementos probatorios que permitan atribuirle responsabilidad penal. También explicó que las visitas registradas en su domicilio correspondían a empresarios del mismo sector o a personas de su entorno social, sin que esas reuniones implicaran la comisión de algún delito.

Emmanuel, por su parte, justificó sus conversaciones con Pablo Atchabahian, mantenidas entre julio y diciembre de 2023, por un proyecto logístico privado relacionado con laboratorios de antibióticos hospitalarios que finalmente no prosperó. Afirmó que esa iniciativa no tuvo ninguna vinculación con la ANDIS y negó haber intervenido en la fijación de precios, cotizaciones, ventas u operaciones con organismos públicos.

La causa también tuvo una presentación anterior de Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de Suizo Argentina, quien declaró sin responder preguntas. Solicitó la nulidad de las medidas y pruebas que lo involucran y reclamó su sobreseimiento. Sostuvo que no se identificó ninguna decisión, instrucción, firma, reunión o pago de su autoría relacionado con las contrataciones investigadas.

Mientras avanzan las actuaciones, el juez federal Ariel Lijo dispuso la inhibición general de bienes de 36 de los 40 imputados, entre ellos los hermanos Kovalivker.

Con las indagatorias incorporadas y los respectivos descargos presentados, el expediente quedó en condiciones de que el magistrado resuelva la situación procesal de los acusados. Las alternativas contempladas son el procesamiento, el sobreseimiento o el dictado de la falta de mérito.