El Gobierno prorrogó hasta abril de 2027 cinco concesiones hidroeléctricas mientras prepara nuevas licitaciones

• El Gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2027 cinco concesiones hidroeléctricas para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
• El Decreto 1349/2026 alcanza a empresas que operan centrales en Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Chubut.
• Las instalaciones comprendidas reúnen una potencia aproximada de 1.127,7 megavatios.
• Las concesionarias deberán adherir a la prórroga dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
• La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la preparación de las licitaciones y la firma de los nuevos contratos.
• El Gobierno busca avanzar con las privatizaciones para atraer inversiones y sumar recursos frente a los compromisos de deuda previstos para 2027.

El proceso de transferencia al sector privado de los activos energéticos sumó una nueva decisión administrativa. El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2027 la operación de cinco concesionarias de centrales hidroeléctricas, con el objetivo de garantizar la continuidad de la generación eléctrica mientras se desarrollan las licitaciones públicas nacionales e internacionales para seleccionar a los nuevos operadores.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1349/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La disposición establece que las actuales empresas podrán continuar al frente de los complejos hasta la fecha límite o hasta que los adjudicatarios de los nuevos contratos asuman efectivamente la operación, lo que suceda primero.

La decisión busca evitar inconvenientes en el suministro eléctrico durante la transición entre los actuales concesionarios y los futuros responsables de las instalaciones. Al mismo tiempo, forma parte de la estrategia oficial para avanzar con la privatización de activos públicos y obtener recursos que permitan afrontar los compromisos financieros del Estado, especialmente los exigentes vencimientos de deuda previstos para 2027.

Entre las empresas alcanzadas se encuentra Hidroeléctrica Diamante S.A., responsable de las centrales Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, ubicadas en Mendoza, que reúnen una potencia instalada de 388 megavatios. También fue incluida Hidroeléctrica Río Hondo S.A., que administra las centrales Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero, con una capacidad conjunta de 17 megavatios.

En Salta, la prórroga beneficia a AES Argentina Generación S.A., concesionaria de Cabra Corral y El Tunal, con una potencia de 111,1 megavatios. El listado se completa con Hidroeléctrica Tucumán S.A., que opera El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 megavatios, y con Hidroeléctrica Futaleufú S.A., responsable de la central homónima en Chubut, cuya capacidad alcanza los 560 megavatios.

En conjunto, las instalaciones involucradas representan aproximadamente 1.127,7 megavatios de potencia instalada.

Para acceder a la extensión, las compañías deberán presentar una carta de adhesión ante la Secretaría de Energía dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Una vez cumplido ese requisito, podrán continuar con la explotación de las centrales hasta el límite establecido o hasta la toma de posesión de los nuevos adjudicatarios.

La normativa también contempla la posibilidad de que alguna concesionaria no acepte las condiciones de la prórroga. En ese caso, deberá garantizar la generación durante un mínimo de 45 días hábiles, plazo durante el cual el Estado tendrá que adoptar las medidas necesarias para evitar interrupciones del servicio.

La Secretaría de Energía tendrá un papel central en la siguiente etapa. El organismo recibió la responsabilidad de establecer las condiciones de las licitaciones, elaborar los pliegos y documentos correspondientes y firmar los nuevos contratos de concesión.

El Ejecutivo fundamentó la decisión en el vencimiento de los plazos originales de explotación, establecidos durante los procesos de reforma del Estado de la década de 1990. La continuidad transitoria de las actuales empresas permitirá mantener en funcionamiento las instalaciones mientras se define el esquema de administración futura.

La iniciativa se suma a otros procedimientos destinados a renovar concesiones hidroeléctricas, entre ellos los correspondientes a Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles.

El programa de privatizaciones también registra avances en el sector ferroviario. A comienzos de septiembre, Economía difundió los pliegos para concesionar durante 50 años las vías y los inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, correspondientes al Belgrano Cargas. Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 11 de noviembre de 2026 para presentar sus ofertas y la adjudicación está prevista para los primeros meses de 2027.

El esquema comprende 7.594 kilómetros de vías operativas distribuidas en 16 provincias y conectadas con cinco pasos fronterizos. El modelo no contempla el pago de un canon al Estado ni aportes públicos: los ingresos de los futuros operadores provendrán de los peajes ferroviarios y de la explotación comercial de propiedades vinculadas con las trazas.

Sin embargo, otros procesos todavía no tienen un cronograma definido. Es el caso de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA).

En NASA, la participación privada está autorizada, aunque el Estado deberá conservar la mayoría accionaria y el control de la compañía. En YCRT, la legislación establece que la participación estatal no podrá ser inferior al 51%. Durante 2026 se recibieron propuestas de inversión, incluida una iniciativa cercana a los 120 millones de dólares para sus cuatro unidades productivas.

Tampoco existe una hoja de ruta definida para los activos de Energía Argentina (Enarsa), entre ellos centrales térmicas y un gasoducto. Así, mientras el Gobierno acelera las licitaciones hidroeléctricas y ferroviarias, otras privatizaciones permanecen pendientes de decisiones políticas y administrativas.