Malvinas: el Tribunal del Mar resolverá el 28 de noviembre si ordena frenar el proyecto petrolero Sea Lion

• El Tribunal Internacional del Derecho del Mar anunciará el 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino contra Sea Lion.
• La Argentina solicitó suspender las perforaciones, la infraestructura de producción y las nuevas autorizaciones británicas en la plataforma continental en disputa.
• Buenos Aires sostiene que la explotación petrolera representa un riesgo ambiental acumulativo y potencialmente irreversible.
• El Reino Unido cuestiona la competencia del Tribunal y afirma que el reclamo argentino presupone resolver la soberanía de las islas.
• Las perforaciones preparatorias están previstas para el 21 de marzo de 2027, lo que convierte al calendario en un factor central de la controversia.
• La resolución determinará si Sea Lion puede avanzar o debe paralizarse mientras continúa el arbitraje internacional sobre el fondo del conflicto.

La disputa internacional por la explotación petrolera en aguas circundantes a las islas Malvinas ingresó en una etapa decisiva. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anunció que el próximo 28 de noviembre de 2026 dará a conocer su decisión sobre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para suspender el proyecto Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en la cuenca norte del archipiélago. La resolución determinará si las actividades vinculadas con la explotación pueden continuar o deben detenerse mientras se desarrolla el arbitraje internacional sobre el fondo de la controversia.

La fecha fue comunicada por el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al finalizar las dos jornadas de audiencias realizadas en Hamburgo, Alemania. El plazo representa 17 días de deliberaciones desde el cierre de los alegatos orales. Aunque las autoridades argentinas esperaban una definición más rápida, incluso durante esta misma semana, la confirmación permitió despejar las dudas sobre el calendario de resolución.

El debate dejó en evidencia que la controversia excede la discusión sobre una explotación petrolera. Los jueces deberán pronunciarse sobre tres cuestiones fundamentales: si el Tribunal tiene competencia para intervenir, si existe un riesgo de daño grave e inminente para los derechos argentinos y si el tiempo disponible permitirá que el Tribunal Arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) actúe antes del comienzo de las perforaciones.

En el cierre de la presentación argentina, el agente ante el organismo, Mario Oyarzábal, reiteró cuatro exigencias dirigidas al Reino Unido. Buenos Aires solicitó suspender las nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculadas con Sea Lion; impedir que se utilice información exploratoria en perjuicio de los derechos argentinos; cesar las acciones que obstaculicen el cumplimiento de las obligaciones ambientales argentinas y evitar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

La delegación nacional también rechazó que el procedimiento represente un intento de resolver indirectamente la cuestión de la soberanía territorial. El profesor Marcelo Kohen sostuvo que el Tribunal puede disponer medidas preventivas sin pronunciarse sobre la titularidad de las islas, siempre que los derechos invocados por la Argentina sean plausibles bajo la CONVEMAR.

Como respaldo, enumeró siete circunstancias que, según afirmó, el Reino Unido no refutó durante las audiencias. Entre ellas mencionó que las Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas y que la Asamblea General instó a evitar medidas unilaterales mientras permanezca pendiente el proceso de descolonización.

Londres presentó una interpretación opuesta. La abogada Amy Sander argumentó que los planteos argentinos dependen necesariamente de reconocer al país como Estado ribereño de las islas, lo que convertiría la controversia en una discusión de soberanía territorial que excede las atribuciones del Tribunal del Mar. La representación británica también cuestionó que Argentina no haya precisado suficientemente el alcance de sus objeciones ambientales.

El riesgo de contaminación fue otro de los principales puntos de enfrentamiento. El asesor argentino Nico Schrijver advirtió sobre las consecuencias acumulativas de un proyecto previsto para extenderse durante 30 años, con aproximadamente 11.000 días de operación, 26 pozos y 60 kilómetros de conexiones submarinas. También señaló las dificultades para responder ante eventuales derrames en condiciones meteorológicas extremas y cuestionó la experiencia de Navitas Petroleum en campos de producción.

En respaldo de su advertencia, mencionó estimaciones del propio operador que indican una probabilidad superior al 90% de que un derrame importante alcance aguas internacionales, con residuos que podrían desplazarse hasta 220 kilómetros al norte del yacimiento.

El Reino Unido contrapuso la evaluación ambiental del emprendimiento. Su abogado Guglielmo Verdirame KC sostuvo que la pérdida catastrófica del buque de producción fue considerada muy improbable y que la posibilidad de un reventón durante las perforaciones de desarrollo fue estimada en uno cada 20.834 pozos.

La urgencia de una decisión también dividió a las delegaciones. Argentina advirtió que las perforaciones preparatorias comenzarían el 21 de marzo de 2027 y presentó antecedentes de seis arbitrajes internacionales para demostrar que la constitución de tribunales del Anexo VII puede demorar entre 3,8 y nueve meses. Londres objetó esa comparación y citó el precedente Arctic Sunrise para sostener que un tribunal arbitral puede actuar con rapidez incluso antes de completar sus primeras instancias procesales.

La representante británica Sally Langridge pidió finalmente rechazar todas las medidas solicitadas por Buenos Aires. Sostuvo que no existe urgencia acreditada, que la Argentina no demostró derechos plausibles bajo la Convención y que una suspensión perjudicaría a los habitantes de las islas y a las empresas inversoras.

La decisión del 28 de noviembre será determinante para el futuro inmediato de Sea Lion. Si el Tribunal concede las medidas provisionales, el proyecto deberá detenerse bajo las condiciones que establezca. Si rechaza el pedido, las actividades podrán continuar mientras se tramita la controversia de fondo. Para la Argentina, el desafío es evitar que las perforaciones avancen hasta un punto en el que una futura resolución internacional pierda eficacia práctica.