La Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 sobre prepagas

La Cámara Civil y Comercial Federal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y estableció límites para los aumentos que una empresa de medicina prepaga puede aplicar a una afiliada. La resolución fue dictada por la Sala III, integrada por Florencia Nallar, Fernando Alcides Uriarte y Juan Perozziello Vizier.

El fallo se produjo en el marco de la causa “C.P., L.M. c/ OSDE s/ amparo/ sumarísimo valor cuota EMP-DNU 70/23”, luego de que la parte actora apelara la decisión del Juzgado 10, que había rechazado el amparo y dispuesto que las costas fueran soportadas en el orden causado.

Al analizar el planteo, los camaristas señalaron que la situación presentaba características sustancialmente similares a las examinadas anteriormente por las Salas I y II en la causa “Mugica”. A partir de ese criterio, avanzaron sobre la validez constitucional de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023 en materia de regulación de las cuotas de medicina prepaga.

Como consecuencia de la decisión, la empresa deberá realizar los trámites correspondientes ante la Superintendencia de Servicios de Salud para obtener autorización sobre el porcentaje de aumento que pretenda aplicar al contrato de la afiliada.

La Cámara determinó además que el organismo de control deberá fiscalizar y autorizar los incrementos, bajo los términos y alcances que anteriormente contemplaban los artículos 5, inciso g), y 17, posteriormente derogados. Hasta tanto exista una autorización, la prepaga no podrá incrementar la cuota por razones vinculadas con modificaciones en la estructura de costos o con los cálculos actuariales de riesgo.

El pronunciamiento también estableció criterios respecto de los pagos efectuados durante la vigencia de una medida cautelar. Las cuotas que la afiliada ya hubiera abonado, calculadas de acuerdo con los parámetros establecidos provisoriamente y ajustadas por el índice de precios al consumidor, deberán considerarse pagos definitivos y cancelatorios correspondientes a ese período.

De esta manera, ninguna de las partes podrá reclamar posteriormente diferencias vinculadas con esas sumas ya abonadas.

Finalmente, los jueces reconocieron el derecho de la demandante a percibir las diferencias que pudieran surgir entre los valores determinados durante la tutela cautelar y los montos que la empresa hubiera establecido ilegítimamente. Esas diferencias deberán ser contempladas en la próxima cuota que sea facturada a la afiliada.