La pelea por el poder entre Karina Milei y Patricia Bullrich amenaza con paralizar al Senado y desgastar los acuerdos políticos

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La disputa por el control político del oficialismo dejó de ser una cuestión reservada a los pasillos de la Casa Rosada y comenzó a mostrar consecuencias concretas en el funcionamiento del Congreso. A pocas semanas de que concluyan las sesiones ordinarias, el Senado se convirtió en uno de los principales escenarios de una confrontación que enfrenta a Patricia Bullrich con Karina Milei y que amenaza con complicar todavía más una agenda legislativa que necesita acuerdos, confianza y capacidad de negociación para avanzar. Lo paradójico es que el Gobierno, que llegó al poder prometiendo terminar con las viejas prácticas de la política, parece reproducir algunas de sus peores costumbres: las disputas internas por los espacios de poder terminan condicionando las decisiones institucionales.

El problema no es que existan diferencias dentro de un espacio político. En cualquier administración conviven sectores, dirigentes y ambiciones que compiten por influir en las decisiones. La cuestión comienza a adquirir otra dimensión cuando esas diferencias se trasladan al Congreso y afectan la relación con quienes deben garantizar los votos para aprobar las iniciativas oficiales. En ese terreno, Bullrich construyó una interlocución que despierta mayor confianza entre varios legisladores dialoguistas, mientras que el entorno de Karina Milei parece encontrar dificultades para transformar su influencia sobre el Presidente en acuerdos políticos duraderos.

La diferencia no es menor. En el Senado, donde cada voto tiene un peso determinante, la palabra de un interlocutor constituye una herramienta fundamental. Los legisladores pueden aceptar negociaciones complejas, resignar posiciones y acompañar proyectos que no representan exactamente sus preferencias, pero necesitan tener la certeza de que los compromisos asumidos serán respetados. Cuando esa confianza desaparece, la predisposición para negociar se transforma en desconfianza y cualquier iniciativa oficial comienza a enfrentar obstáculos adicionales. La política puede convivir con las disputas, pero difícilmente funcione cuando quienes deben construir acuerdos sospechan que las promesas tienen fecha de vencimiento.

La situación también expone las contradicciones de una conducción que pretende concentrar las decisiones en un círculo reducido. Karina Milei tiene una influencia central en el armado político del Gobierno y su capacidad para intervenir en las relaciones con legisladores y dirigentes quedó nuevamente en evidencia. Sin embargo, administrar el poder desde la cercanía presidencial no equivale necesariamente a saber construir consensos. La autoridad puede ordenar una estructura partidaria, pero no alcanza por sí sola para garantizar mayorías parlamentarias. Esa diferencia parece ser una de las dificultades que atraviesa actualmente el oficialismo.

Las tensiones también se proyectan sobre las discusiones vinculadas con los organismos institucionales. La integración del Consejo de la Magistratura se convirtió en otro terreno donde las preferencias internas y las desconfianzas entre sectores comienzan a cruzarse. La expectativa de La Libertad Avanza de asegurarse dos lugares no depende exclusivamente de sus aspiraciones, sino también de una aritmética parlamentaria que obliga a negociar. Los antecedentes del recambio legislativo y las modificaciones posteriores en la composición de los bloques demuestran que ninguna representación puede darse por garantizada antes de contar los votos.

En ese contexto, las diferencias alrededor de las candidaturas y de los dirigentes promovidos por el entorno presidencial tampoco ayudan a construir una posición uniforme. Las resistencias que despiertan determinados nombres entre los propios aliados y las preferencias que algunos senadores manifiestan por otras figuras muestran que la autoridad partidaria no siempre consigue disciplinar las voluntades individuales. Cuando las disputas por los cargos se superponen con las negociaciones institucionales, el resultado suele ser una pérdida de tiempo y de capacidad operativa.

El calendario agrega presión a un escenario que ya presenta demasiadas dificultades. La actividad parlamentaria tiene una semana condicionada por la visita papal y el feriado legislativo, por lo que buena parte de los asuntos pendientes quedará concentrada en los últimos encuentros de noviembre. La ley de discapacidad, la inviolabilidad de la propiedad privada y las negociaciones por los nombramientos judiciales forman parte de una agenda que exige una coordinación política que hoy no parece estar plenamente garantizada.

El avance del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada ofrece, sin embargo, una señal de que todavía existe margen para recomponer el diálogo. La aparición de un dictamen después de las diferencias registradas durante el tratamiento de otras iniciativas demuestra que los acuerdos siguen siendo posibles. Pero también deja una enseñanza que el Gobierno debería tomar en cuenta: negociar implica aceptar modificaciones, escuchar objeciones y comprender que los legisladores que acompañan una iniciativa no son simples instrumentos de una decisión tomada en Balcarce 50.

La discusión por los pliegos judiciales representa, probablemente, el punto más delicado de esta relación. El Poder Ejecutivo parece concentrar sus esfuerzos en conseguir la aprobación de determinadas postulaciones, pero esa estrategia puede terminar produciendo el efecto contrario si deja sin respuesta los reclamos de las bancadas que habitualmente colaboran con el oficialismo. Los dictámenes no aparecen por generación espontánea y las firmas de los senadores tampoco constituyen un respaldo incondicional. Si el Gobierno pretende avanzar solamente con los nombres que considera prioritarios, sin atender las demandas de quienes tienen capacidad para facilitar el resto del proceso, corre el riesgo de quedarse sin los apoyos necesarios para ninguno de los dos objetivos.

Hay una cuestión política de fondo que excede la pelea entre Bullrich y Karina Milei. El oficialismo necesita demostrar que puede gobernar sin convertir cada negociación en una pulseada interna y que está en condiciones de distinguir entre la conducción partidaria y la responsabilidad institucional. La concentración del poder puede resultar eficaz para imponer decisiones dentro de una organización, pero en el Congreso suele ser insuficiente cuando no existe una estrategia de acuerdos sostenida en el tiempo.

Tampoco puede ignorarse el contexto económico. Si la situación de la actividad y los ingresos no ofrece señales de recuperación, la paciencia de los aliados será cada vez menor. Los gobernadores y legisladores que acompañan al Gobierno necesitan mostrar resultados ante sus propios electorados y no pueden quedar indefinidamente subordinados a las urgencias de una administración que reclama respaldo, pero no siempre ofrece respuestas. La política no se sostiene solamente con afinidades ideológicas: también requiere reciprocidad, previsibilidad y capacidad para cumplir la palabra empeñada.

El mayor riesgo para Javier Milei no está necesariamente en que Bullrich y Karina Milei mantengan diferencias, sino en que esa confrontación termine debilitando la capacidad del Gobierno para conseguir resultados legislativos. Una interna puede servir para ordenar liderazgos, pero se vuelve contraproducente cuando consume el tiempo y los recursos que deberían destinarse a gobernar. En definitiva, el Senado no necesita convertirse en el escenario de una competencia por determinar quién tiene mayor influencia sobre el Presidente. Necesita acuerdos concretos, interlocutores confiables y una conducción que entienda que las mayorías parlamentarias no se construyen mediante órdenes ni operaciones internas, sino respetando los compromisos asumidos. Si la Casa Rosada no comprende esa diferencia, puede descubrir demasiado tarde que el poder de bloquear sus iniciativas también está en manos de aquellos aliados a los que hoy parece considerar prescindibles.