Milei, entre las internas y la incertidumbre económica

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina parece atrapada en una paradoja que el Gobierno todavía no consigue resolver: Javier Milei necesita consolidar poder para garantizar la continuidad de su programa económico, pero la manera en que administra su propia fuerza amenaza con debilitarlo. Las negociaciones con los gobernadores avanzan entre sospechas, las reformas legislativas dependen de acuerdos que nadie considera plenamente garantizados y las disputas dentro del oficialismo consumen una energía que debería estar destinada a resolver problemas mucho más importantes. Mientras tanto, la economía ofrece algunos indicios alentadores, aunque también exhibe señales de fragilidad que impiden cualquier celebración definitiva.

Hay algo de repetición teatral en esta dinámica. Los mismos funcionarios vuelven a discutir los mismos asuntos, los acuerdos que parecían inminentes se postergan y las decisiones presidenciales aparecen como una intervención ocasional en un sistema que funciona sin suficiente coordinación. La diferencia con una representación interminable es que, en la política real, cada demora tiene consecuencias. Los mercados no esperan indefinidamente, los gobernadores no confían por anticipado y los aliados parlamentarios no están obligados a acompañar al oficialismo cuando sus propios intereses quedan relegados.

Milei parece convencido de que la competencia entre sus colaboradores puede mejorar el funcionamiento del Gobierno, del mismo modo que sostiene que la libertad de mercado permite ordenar la economía. Sin embargo, esa interpretación encuentra sus límites cuando se traslada a la administración del Estado. La competencia puede estimular determinadas conductas, pero también puede generar enfrentamientos, duplicación de esfuerzos y luchas por el control de las decisiones. La ausencia de una conducción política permanente no elimina esas tensiones: en ocasiones, las convierte en el principio ordenador del Gobierno.

La discusión sobre la reforma electoral constituye un ejemplo revelador. Después de varias semanas de negociaciones inciertas, el Presidente decidió intervenir y reclamó acelerar los acuerdos para obtener una aprobación antes de fin de año. También pidió avanzar con la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y con el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional. La reacción posterior de algunos sectores del oficialismo pareció indicar que la señal presidencial había sido finalmente comprendida. Pero una cosa es impartir una instrucción y otra muy distinta consiste en construir las mayorías necesarias para cumplirla.

La Casa Rosada necesita demostrar que puede transformar sus iniciativas en leyes, aunque para conseguirlo deba aceptar condiciones de gobernadores que no pertenecen a La Libertad Avanza. En ese terreno, Diego Santilli intenta acercar posiciones mediante mecanismos electorales que permitan compatibilizar las candidaturas provinciales con la estrategia nacional del oficialismo. El problema es que las conversaciones están atravesadas por una desconfianza recíproca. Los libertarios temen facilitar la supervivencia política de dirigentes que después podrían competir contra ellos, mientras que los gobernadores desconfían de una estructura partidaria que concentra las decisiones electorales en Karina Milei y los Menem.

La política no se construye exclusivamente con cálculos de conveniencia. También necesita reglas previsibles y garantías mínimas de cumplimiento. Cuando los acuerdos dependen solamente de la palabra de quienes los celebran, cualquier cambio en las encuestas puede convertir una promesa en una amenaza. Por eso, el apuro presidencial no garantiza que las negociaciones concluyan satisfactoriamente. Incluso puede producir el efecto contrario si los interlocutores interpretan que el Gobierno necesita más de ellos que ellos del Gobierno.

La búsqueda de aliados, además, ocurre en un momento en que la marca libertaria muestra signos de desgaste. La proximidad del calendario electoral obliga a los dirigentes a evaluar sus posibilidades reales y a decidir cuánto les conviene identificarse con el oficialismo. La situación económica influye directamente en esas decisiones. El Gobierno puede exhibir una disminución de la morosidad familiar por segundo mes consecutivo, desde el 12,8 por ciento de agosto hasta el 12,2 por ciento de septiembre, y atribuir esa evolución a la desinflación, la recuperación de los ingresos reales y las refinanciaciones crediticias. Pero ese dato, por sí solo, no demuestra que las dificultades de los hogares hayan quedado atrás.

La inflación continúa siendo una preocupación, especialmente ante la posibilidad de aumentos estacionales durante el último trimestre. Los combustibles también presionan sobre los precios, mientras que el contexto internacional ofrece escasas garantías de alivio. A esas dificultades se agrega un riesgo país que terminó octubre cerca de los 800 puntos básicos, muy por encima de los niveles registrados el mes anterior. La incertidumbre externa influye, pero no alcanza para explicar todas las dudas. Los inversores también observan la capacidad del Gobierno para sostener sus decisiones, ordenar su coalición y asegurar condiciones políticas que permitan darle continuidad al programa económico.

La política exterior agrega otro factor de incertidumbre. Las relaciones con Brasil atraviesan una etapa de distanciamiento que podría no tener consecuencias comerciales inmediatas, pero amenaza con deteriorar los vínculos en el largo plazo. A su vez, las elecciones estadounidenses generan interrogantes sobre el escenario internacional. El oficialismo intenta relativizar sus posibles consecuencias, aunque la evolución de las tasas, la deuda y la política fiscal de Estados Unidos forma parte del contexto que condiciona las expectativas financieras.

Sin embargo, ninguna de esas variables explica por completo la parálisis de la mesa política oficialista. La ausencia de reuniones durante dos semanas consecutivas coincide con un período de creciente tensión entre sectores que deberían trabajar para alcanzar objetivos comunes. La disputa que involucra a Patricia Bullrich es particularmente delicada. La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza mantiene diferencias con dirigentes cercanos a Karina Milei, cuestiona designaciones judiciales y conserva su propio margen de autonomía. Su relación con Nadia Márquez se deterioró, mientras las discusiones sobre la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura anticipan nuevos conflictos.

El problema para el Gobierno es que Bullrich no ocupa una posición marginal. Su bloque es una pieza central para la estrategia legislativa y su enfrentamiento con otros sectores puede complicar iniciativas que necesitan apoyos adicionales. La posibilidad de una ruptura no está confirmada, pero la acumulación de desacuerdos revela una fragilidad que no puede resolverse mediante instrucciones presidenciales ocasionales. Un oficialismo que pretende reformar el Estado necesita, antes que nada, demostrar que puede gobernar su propia estructura política.

Milei conserva la autoridad formal y la iniciativa presidencial, pero eso no significa que todas las decisiones dependan exclusivamente de su voluntad. El poder también se mide por la capacidad de coordinar intereses, sostener acuerdos y evitar que las disputas internas terminen condicionando la gestión. La libertad de acción que el Presidente concede a sus colaboradores puede servir para estimular la competencia, aunque se convierte en un problema cuando nadie consigue establecer límites claros.

La verdadera prueba del Gobierno no consiste solamente en aprobar una reforma electoral o conseguir el respaldo circunstancial de determinados gobernadores. Consiste en construir un sistema de decisiones que no dependa de intervenciones de último momento, en recuperar la confianza de quienes deben acompañarlo y en ofrecer señales económicas capaces de sostener expectativas razonables. Si cada semana reproduce los mismos conflictos, las mismas promesas y las mismas incertidumbres, el problema dejará de ser una sucesión de tropiezos circunstanciales. Será una característica estructural de la administración. Y ninguna narrativa política, por intensa que haya sido en sus comienzos, puede reemplazar indefinidamente los resultados que la sociedad espera.