Cristina no quiere soltar el poder y Kicillof se anima a desafiarla

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La discusión sobre el futuro del peronismo comenzó a dejar al descubierto una disputa que excede largamente la elección de candidaturas para 2027. Lo que está en juego es quién tendrá la autoridad política para conducir al principal espacio opositor, establecer sus reglas de funcionamiento y decidir qué dirigente estará en condiciones de representar una alternativa electoral frente al gobierno de Javier Milei. En ese escenario, Axel Kicillof decidió hacer pública una posición que incomoda particularmente al kirchnerismo: las candidaturas deben resolverse mediante elecciones primarias y no a través de acuerdos cerrados por las conducciones partidarias.

La definición no es menor, sobre todo porque llegó después de que Cristina Kirchner volviera a dejar abierta la posibilidad de competir por la presidencia. En una entrevista concedida al diario estadounidense The Washington Post, la ex presidenta respondió que podría volver a presentarse cuando recupere sus derechos políticos. La frase, aunque formulada como una posibilidad, tuvo el efecto de reintroducirla en el centro de una discusión que dentro del peronismo todavía no consiguió resolver. Cristina no necesita anunciar formalmente una candidatura para condicionar los movimientos de los demás dirigentes. Su sola disposición a no retirarse de la competencia alcanza para modificar el tablero.

Kicillof parece haber comprendido que permanecer indefinidamente a la espera de una decisión de la ex presidenta sería una manera de resignar su propio futuro político. Por eso, su entorno volvió a insistir en que las postulaciones se discutirán el año próximo y que las PASO constituyen el mecanismo más razonable para resolver las diferencias. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, fue el encargado de transmitir esa posición y aclarar que el Movimiento Derecho al Futuro tendrá su propio candidato. Aunque no hubo una proclamación formal, resulta difícil imaginar que ese postulante pueda ser otro que el propio gobernador.

La cuestión de fondo es bastante más profunda que una discusión reglamentaria. El peronismo arrastra desde hace años una dificultad estructural para procesar sus diferencias mediante procedimientos democráticos. La costumbre de resolver las candidaturas por acuerdos entre dirigentes, negociaciones reservadas y decisiones de las conducciones terminó convirtiendo al denominado dedo en una herramienta habitual de distribución del poder. Cristina Kirchner fue durante mucho tiempo la principal administradora de ese sistema. Ahora, la aparición de un dirigente con aspiraciones presidenciales que reclama reglas de competencia representa un cuestionamiento directo a esa modalidad.

Las reacciones de dirigentes vinculados con La Cámpora demostraron hasta qué punto el planteo del gobernador toca intereses sensibles. Las críticas de Emmanuel González Santalla, Fernanda Raverta y Facundo Tignanelli dejaron traslucir un malestar que difícilmente pueda explicarse solamente por una diferencia de interpretación sobre las declaraciones de Kicillof. El cuestionamiento apunta a la posibilidad de que el gobernador construya una estructura política propia y pretenda disputar el liderazgo sin solicitar previamente autorización a quienes durante años administraron las decisiones centrales del espacio.

Hay, además, una contradicción que merece atención. Si el peronismo considera que Cristina conserva legitimidad suficiente para aspirar nuevamente a la presidencia, no debería encontrar razones para temer una competencia interna. Y si Kicillof tiene aspiraciones presidenciales, tampoco debería exigírsele que las mantenga indefinidamente en silencio para evitar incomodidades en el universo kirchnerista. La democracia interna no puede ser una consigna válida solamente cuando beneficia a quien controla el partido. Las PASO sirven precisamente para que las diferencias de liderazgo se resuelvan mediante el voto y no a través de la presión de los aparatos.

La discusión también tiene una dimensión institucional dentro del justicialismo bonaerense. El próximo encuentro del Consejo Provincial del PJ deberá avanzar en la convocatoria al Congreso partidario, pero detrás de ese trámite se esconde una negociación mucho más relevante: la distribución del poder entre el Movimiento Derecho al Futuro y La Cámpora. El entendimiento que permitió ubicar a Kicillof al frente del Consejo Provincial y proyectar a Máximo Kirchner para presidir el Congreso todavía necesita completar aspectos fundamentales de su organización. La composición de la Junta Electoral y de la Junta Directiva constituye una disputa por la capacidad efectiva de intervenir en las decisiones partidarias.

No se trata de cargos decorativos. Quien controla esos organismos tiene influencia sobre el funcionamiento interno, la administración de los procedimientos y la resolución de eventuales controversias electorales. Por eso, la pretensión del sector de Kicillof de conseguir una representación mayor no puede interpretarse como una simple demanda administrativa. Es la expresión de una voluntad de construir poder propio dentro de una organización que durante demasiado tiempo funcionó bajo una conducción concentrada.

En paralelo, los intendentes alineados con el gobernador mantienen sobre la mesa el reclamo para modificar las restricciones a las reelecciones municipales. Esa discusión agrega otro componente a una negociación que combina intereses territoriales, aspiraciones personales y estrategias electorales. Los intendentes necesitan garantías para conservar sus espacios de poder, mientras Kicillof requiere consolidar una estructura política capaz de respaldar su eventual candidatura. El problema es que ninguna de esas demandas puede resolverse sin modificar el equilibrio de fuerzas dentro del partido.

El peronismo enfrenta así una encrucijada que no debería disimular detrás de reuniones partidarias y declaraciones de ocasión. Puede intentar reconstruirse como una fuerza política capaz de aceptar liderazgos alternativos y dirimir sus diferencias en las urnas, o puede insistir en un modelo de conducción vertical que terminó desgastando su representatividad. La primera opción supone asumir riesgos, aceptar derrotas y reconocer que ningún dirigente tiene derechos adquiridos sobre las candidaturas. La segunda implica prolongar una lógica que ya mostró sus límites.

Cristina tiene derecho a considerar una nueva postulación y Kicillof tiene derecho a construir una alternativa propia. Lo que no parece razonable es que una de esas posibilidades deba quedar subordinada a la voluntad de la otra. El liderazgo político no se hereda ni se administra como una propiedad partidaria. Se construye, se confronta y se legitima.

La verdadera prueba para el peronismo no será determinar quién consigue imponer su nombre en una negociación interna, sino demostrar si está dispuesto a aceptar que sus afiliados y sus votantes decidan quién debe conducirlo. Si las PASO terminan convirtiéndose en una posibilidad real, el partido habrá dado un paso hacia una competencia más transparente. Si, por el contrario, vuelven a prevalecer las presiones, los reproches y las decisiones tomadas entre pocos, quedará claro que el problema del peronismo no es la falta de candidatos, sino su resistencia a abandonar una cultura política que confunde conducción con obediencia.