La Corte Suprema cambió el criterio para actualizar las deudas laborales y ordenó aplicar la reforma laboral

• La Corte Suprema ordenó aplicar la Ley de Modernización Laboral a los créditos de juicios laborales todavía pendientes de sentencia definitiva.
• El fallo dejó sin efecto resoluciones de la Cámara del Trabajo que utilizaban el IPC más un interés anual del 3%.
• El artículo 55 de la Ley 27.802 establece como referencia la tasa pasiva determinada por el Banco Central.
• La actualización no podrá superar el capital histórico ajustado por IPC más un interés del 3% anual.
• La normativa fija un piso equivalente al 67% del resultado obtenido mediante ese cálculo máximo.
• Las pautas son de orden público y deberán ser aplicadas por jueces y autoridades administrativas, de oficio o a pedido de parte.

La forma de calcular las deudas que las empresas mantienen con trabajadores por conflictos judiciales tendrá un nuevo parámetro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los créditos laborales correspondientes a juicios todavía pendientes de una sentencia definitiva deberán actualizarse conforme al mecanismo previsto en la Ley de Modernización Laboral. El pronunciamiento dejó sin efecto decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían establecido otro sistema de cálculo, basado en la inflación y un interés adicional del 3% anual.

La resolución alcanza a los expedientes que permanecían en trámite cuando entró en vigencia la reforma, incluidos los recursos que todavía esperaban una definición del máximo tribunal. De esta manera, la Corte estableció que las nuevas disposiciones deben ser consideradas al momento de resolver las controversias, aunque los procesos judiciales hayan comenzado bajo un marco normativo diferente.

El conflicto se originó en fallos de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que habían declarado inconstitucionales las leyes 23.928 y 25.561, normas que prohíben la actualización monetaria de las obligaciones mediante mecanismos de repotenciación. Frente a esa interpretación, los camaristas dispusieron que los créditos reclamados por los trabajadores fueran recalculados mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, más una tasa de interés del 3% anual.

Las partes demandadas cuestionaron esas resoluciones y presentaron recursos extraordinarios para que interviniera la Corte Suprema. Al analizar los planteos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que correspondía aplicar la normativa laboral sancionada y publicada el 6 de marzo de 2026.

Para fundamentar el criterio, el tribunal recordó que sus sentencias deben contemplar las circunstancias jurídicas existentes al momento de dictarse. Esto implica que los magistrados deben tomar en consideración las nuevas normas que hayan entrado en vigencia durante el desarrollo de un proceso, siempre que modifiquen el marco legal aplicable a la controversia.

En este caso, la disposición central es el artículo 55 de la Ley 27.802, que estableció un régimen específico para determinar la actualización de los créditos laborales en juicios pendientes de sentencia definitiva cuando comenzó a regir la reforma.

Un sistema con tasas, límites máximos y mínimos

El mecanismo previsto por la ley establece que los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo deberán actualizarse mediante la aplicación de intereses moratorios calculados según la tasa pasiva que determine el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para cada período.

Sin embargo, ese procedimiento no podrá aplicarse sin restricciones. La norma incorpora un límite máximo para evitar que el resultado supere determinado valor. La liquidación no podrá exceder el capital histórico actualizado según la variación acumulada del IPC, con el agregado de un interés del 3% anual.

A la vez, establece un piso equivalente al 67% de ese cálculo. En consecuencia, el monto final deberá ubicarse dentro de una franja delimitada por esos dos parámetros: no podrá superar el techo establecido por la inflación más el interés adicional ni quedar por debajo del porcentaje mínimo fijado por la reforma.

La incorporación de estos límites configura un esquema diferente del que habían aplicado los tribunales laborales en las resoluciones cuestionadas. En lugar de utilizar directamente el IPC más el 3% anual como fórmula de actualización, los jueces deberán tomar como referencia la tasa pasiva del BCRA y verificar que el resultado respete los márgenes previstos por la legislación.

Otro aspecto relevante es el carácter obligatorio de la disposición. El artículo 55 establece que sus pautas son de orden público y deben ser aplicadas por los jueces y las autoridades administrativas, tanto de oficio como a pedido de alguna de las partes.

La decisión de la Corte introduce así un criterio que deberá ser considerado en los litigios laborales que todavía no tienen una sentencia definitiva firme. Su alcance comprende tanto las causas que continúan en distintas instancias judiciales como los recursos pendientes de resolución.

El cambio incide directamente en la determinación de las sumas que deberán reconocerse en esos procesos. La actualización de los créditos laborales, uno de los puntos más discutidos en los tribunales, queda ahora sujeta al mecanismo establecido por la reforma, con una fórmula que combina intereses, inflación y límites legales para calcular las obligaciones pendientes.