La Justicia citó a indagatoria al jefe de la UOM por presuntas irregularidades millonarias en el manejo de fondos sindicales

• Abel Furlán y Soledad Calle fueron citados a indagatoria por presunta administración fraudulenta.
• La investigación judicial analiza dos contratos firmados en febrero de 2023 entre la UOM, su obra social y USEM.
• Calle era empleada del sindicato y accionista del 50% de la empresa contratada.
• USEM habría recibido casi $2.467 millones en honorarios por administrar fondos y pagos.
• Ercolini dispuso inhibiciones generales de bienes y bloqueos de cajas de seguridad.
• Calle también compró un departamento debajo del de Cristina Kirchner y afirmó que lo destinaría a una fundación.

La administración de los recursos de uno de los gremios industriales más importantes del país quedó bajo investigación judicial. El juez federal Julián Ercolini convocó a declarar al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y a Soledad Calle, en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta de los fondos del sindicato y de su obra social. La investigación apunta a contratos con una empresa vinculada societariamente a Calle, que habría recibido casi $2.500 millones en concepto de honorarios.

La resolución, firmada el 6 de noviembre, sostiene que los imputados habrían administrado de manera infiel los intereses patrimoniales de la UOM y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMRA), con el supuesto propósito de generar un beneficio económico indebido para Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM SA) o para sus integrantes.

Furlán deberá presentarse el 17 de noviembre a las 10.30 en los tribunales federales de Comodoro Py, mientras que Calle fue citada para el 24, en el mismo horario. La investigación también alcanza a Naldo Brunelli, Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi, quienes deberán prestar declaración durante diciembre.

Como parte de las medidas dispuestas, Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de los imputados y el bloqueo del acceso a sus cajas de seguridad. Las restricciones patrimoniales también alcanzaron a la UOM, mientras que el bloqueo de cajas se extendió al sindicato y a USEM.

Los contratos que originaron la investigación

El expediente se inició a partir de denuncias por administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero relacionadas con la contratación de servicios para gestionar recursos sindicales y de la obra social.

El principal foco está puesto en dos convenios firmados el 27 de febrero de 2023 entre la UOM, OSUOMRA y USEM. Los acuerdos establecieron que la empresa se encargaría de la gestión operativa de fondos, cuentas bancarias y pagos durante un período de diez años, comprendido entre marzo de 2023 y febrero de 2033.

Uno de los aspectos que despertó sospechas judiciales fue la proximidad entre la constitución de la sociedad y la firma de los contratos. USEM había sido creada el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de convertirse en responsable de esas tareas. Según la resolución, tenía una estructura operativa reducida y no se identificaron otras actividades comerciales relevantes.

La situación de Calle también quedó bajo especial observación. De acuerdo con la investigación, trabajó en la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026, mientras se desempeñaba como directora suplente y titular del 50% del capital accionario de USEM.

Para el juzgado, esa doble vinculación constituye un elemento central: una empleada de las entidades contratantes era simultáneamente propietaria de la mitad de la sociedad seleccionada para prestarles servicios.

Los investigadores también cuestionaron que no se hubiera acreditado un procedimiento competitivo de selección, una comparación de precios ni una evaluación formal de los antecedentes y la capacidad operativa de la empresa. Además, señalaron que no existirían elementos suficientes para demostrar que USEM realizaba tareas de análisis, auditoría y validación, más allá de tramitar pagos previamente autorizados.

Casi $2.500 millones en honorarios

Las condiciones económicas de los convenios también forman parte de las sospechas. La empresa tenía la posibilidad de rescindir unilateralmente los contratos con un preaviso de 30 días, mientras que la UOM y su obra social no contaban con una facultad equivalente.

La resolución judicial destacó que las cotizaciones por servicios comparables eran sustancialmente inferiores a los importes abonados. Esa diferencia permitió plantear la posible existencia de sobrecostos que habrían perjudicado el patrimonio de las entidades sindicales.

Un informe reservado de la intervención calculó que USEM recibió $2.466.334.995 en honorarios. Los desembolsos incluyeron $698 millones durante 2024, $1.086 millones en 2025 y otros $681 millones entre enero y julio de 2026.

El contrato le asignó a la empresa la gestión del 80% de los aportes correspondientes a unos 200.000 afiliados, mientras que USEM retenía el 0,5% del total administrado.

Antes de la convocatoria a indagatoria, la defensa de Furlán había solicitado su sobreseimiento y cuestionado el alcance de la investigación. Sus abogados advirtieron que el expediente no debía convertirse en una «excursión de pesca» sobre la administración general de la UOM ni sobre el patrimonio de sus dirigentes.

La propiedad vinculada con Cristina Kirchner

Otro elemento que adquirió relevancia pública es la compra de un departamento en el edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Calle adquirió el primer piso el 20 de agosto de 2025, dos meses después de que Cristina Kirchner recibiera la prisión domiciliaria. La propiedad está ubicada inmediatamente debajo del departamento de la ex presidenta.

En una presentación ante Ercolini, Calle sostuvo que la operación fue realizada con recursos propios y que tenía como objetivo destinar el inmueble a una fundación dedicada a estudios sobre el desarrollo argentino.

La adquisición aparece mencionada dentro del contexto de la investigación, aunque el eje central del expediente continúa concentrado en los contratos, los mecanismos de contratación y el destino de los fondos sindicales.

Las indagatorias permitirán que los acusados conozcan formalmente las imputaciones y presenten sus explicaciones ante el magistrado. La causa busca determinar si existieron maniobras para beneficiar económicamente a la empresa mediante acuerdos que habrían comprometido recursos de la organización gremial y de su obra social.