Castagneto impulsa la interpelación del titular de Discapacidad por la suspensión de más de 21 mil pensiones

• La iniciativa de Carlos Castagneto busca interpelar a Diego Pablo Masaragian.
• El reclamo apunta a la suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral.
• Los beneficiarios deben completar un nuevo trámite digital dentro de un plazo de 60 días corridos.
• El diputado denuncia incumplimientos de las disposiciones legislativas de protección a las personas con discapacidad.
• La suspensión también podría afectar las asignaciones familiares por hijo con discapacidad.
• Unión por la Patria exige explicaciones al Gobierno y cuestiona el impacto social de su política de ajuste.

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados busca que el Gobierno nacional explique los motivos de la suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral. El diputado Carlos Castagneto presentó un proyecto para interpelar al titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, a quien responsabiliza por una decisión que, según sostiene, contradice las disposiciones vigentes y afecta a personas que ya habían conseguido recuperar sus beneficios mediante una resolución judicial.

La iniciativa apunta a que el funcionario concurra al Congreso y brinde explicaciones sobre el procedimiento dispuesto por el organismo, que estableció nuevas exigencias administrativas para los beneficiarios cuyas pensiones habían sido restituidas por la Justicia Federal de Catamarca. Para el legislador opositor, la medida representa un retroceso en materia de protección social y desconoce decisiones judiciales que habían permitido restablecer los pagos.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al mecanismo elegido para que los afectados vuelvan a acreditar su situación. Según explicó Castagneto, la resolución establece un plazo de 60 días corridos para completar un trámite exclusivamente por internet. El diputado advirtió que esa exigencia puede convertirse en un obstáculo para personas que viven en localidades sin conectividad adecuada o que tienen dificultades para acceder a herramientas digitales.

El legislador calificó la disposición como una decisión discriminatoria y cruel, especialmente porque alcanza a beneficiarios que habían obtenido una respuesta favorable de la Justicia. También puso en duda que la presentación de la documentación sea suficiente para garantizar la recuperación de las pensiones, ya que, de acuerdo con su denuncia, la restitución quedaría sujeta a una nueva evaluación del Gobierno.

El reclamo por el cumplimiento de la legislación

Durante una entrevista radial, Castagneto sostuvo que la actuación de la Secretaría Nacional de Discapacidad contradice las disposiciones aprobadas por el Congreso para proteger a las personas con discapacidad laboral. En ese sentido, recordó que existe una iniciativa legislativa que obtuvo media sanción y que todavía debe ser tratada por el Senado.

Entre sus principales lineamientos figura la prohibición de suspender pensiones por discapacidad laboral debido a que el beneficiario tenga otro empleo. También contempla la restitución automática de las prestaciones cuando se superan determinados límites de ingresos, establecidos en dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El proyecto incluye, además, la revisión de aproximadamente 250.000 pensiones que permanecen demoradas dentro de la estructura administrativa de la Agencia Nacional de Discapacidad. Para Castagneto, estas situaciones reflejan la dimensión de los problemas que enfrenta el sistema de prestaciones y la necesidad de que el Poder Ejecutivo garantice el cumplimiento de las normas.

El diputado insistió en que el funcionario debe explicar por qué se vuelve a exigir un procedimiento administrativo a personas que ya tenían sus beneficios restituidos. La interpelación pretende determinar quién tomó la decisión, cuáles fueron sus fundamentos y de qué manera se compatibiliza con las disposiciones legislativas vigentes.

Castagneto también diferenció los reclamos que pretende llevar al Congreso. Según indicó, busca que Masaragian responda por las suspensiones de las pensiones, mientras que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, debería ser convocada por otros cuestionamientos vinculados con el área.

El impacto sobre las familias y las críticas al ajuste

La controversia no se limita a la pérdida temporal de los ingresos que representan las pensiones. El legislador advirtió que la suspensión también podría comprometer el cobro de las asignaciones familiares por hijo con discapacidad, ampliando las consecuencias económicas sobre los hogares afectados.

En ese contexto, vinculó la política aplicada por el Gobierno con el debate presupuestario y cuestionó las disposiciones incorporadas en el capítulo 6 del proyecto de Presupuesto, al considerar que podrían dejar sin efecto mecanismos de protección contemplados en la legislación.

Durante la entrevista, Castagneto también relacionó el tratamiento de la discapacidad con los planteos sociales expresados durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. El diputado cuestionó la orientación económica del Gobierno y sostuvo que existe una contradicción entre las referencias oficiales al mensaje del Pontífice y las decisiones que afectan a los sectores más vulnerables.

A su entender, la administración nacional mantiene un modelo que favorece a los sectores de mayores ingresos y reduce la protección destinada a quienes necesitan asistencia estatal.

La presentación de Unión por la Patria abre así un nuevo frente de confrontación parlamentaria con el Ejecutivo. La oposición busca que el responsable del área comparezca ante los diputados y justifique una medida que involucra a más de 21.000 beneficiarios, mientras permanece abierto el debate sobre el alcance de la legislación de emergencia en discapacidad y las responsabilidades del Gobierno en su aplicación.