
Goerling cuestionó la reforma electoral de Milei y advirtió que cambiar las reglas de las PASO a último momento debilita el sistema
POLÍTICA16 de noviembre de 2026 Agencia de Noticias del Interior

- Martín Goerling puso en duda que el oficialismo consiga dictamen para la reforma electoral este martes
- El PRO mantiene su posición contraria a modificar las PASO antes de una elección presidencial
- El senador cuestionó la incorporación de colectoras por considerar que pueden distorsionar la voluntad del electorado
- La reforma también contempla cambios en los requisitos partidarios, el financiamiento y la Boleta Única de Papel
- El Gobierno necesita diez firmas para el dictamen y 37 votos para aprobar la iniciativa en el Senado
- Goerling anticipó que buscarán avanzar con la ley de discapacidad antes del cierre de las sesiones ordinarias
La intención del Gobierno de avanzar con una reforma electoral antes del cierre de las sesiones ordinarias abrió un nuevo frente de diferencias con sus aliados parlamentarios. El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, expresó sus reparos sobre el proyecto impulsado por Javier Milei y puso en duda que el oficialismo consiga emitir dictamen este martes, especialmente si presenta modificaciones de último momento que todavía no fueron comunicadas formalmente a los legisladores.
El senador nacional por Misiones cuestionó tanto los tiempos elegidos por la Casa Rosada como algunos de los principales contenidos de la iniciativa. Su objeción central apunta a la posibilidad de modificar el régimen de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) cuando falta relativamente poco para una nueva instancia electoral. A su entender, las reglas que organizan la competencia política no pueden quedar sujetas a las necesidades coyunturales de quienes ejercen el poder.
Goerling recordó que el proyecto ingresó al Senado durante abril y permaneció sin avances significativos durante varios meses. Ahora, con el período ordinario próximo a finalizar, el oficialismo pretende acelerar su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero incorporando cambios que no estaban contemplados en la propuesta inicial.
El legislador advirtió que el Gobierno todavía no presentó el texto definitivo y que el PRO no está dispuesto a fijar una posición sin conocer previamente el alcance de las modificaciones. Entre los cambios que se analizan figuran la suspensión de las PASO y la incorporación de un mecanismo de colectoras, dos cuestiones que generan diferencias dentro de los sectores que habitualmente acompañan las iniciativas libertarias.
La postura del PRO, según explicó Goerling, ya fue discutida en las últimas reuniones de la mesa ejecutiva partidaria, de las que participó el ex presidente Mauricio Macri. Allí se resolvió mantener el sistema de primarias vigente y evitar modificaciones que puedan alterar las condiciones de competencia electoral. El senador sostuvo que una reforma de esta naturaleza requiere un debate profundo y acuerdos políticos amplios, en lugar de resoluciones apresuradas.
En particular, estableció una diferencia entre la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas y una eventual modificación de las reglas que rigen la elección presidencial. Consideró que se trata de escenarios distintos, porque en los comicios legislativos intervienen candidaturas y disputas propias de cada distrito, mientras que la elección del presidente y el vicepresidente compromete una definición nacional.
También cuestionó la incorporación de las colectoras, mecanismo que permitiría vincular distintas boletas legislativas con una misma candidatura presidencial. Goerling calificó esa alternativa como inconveniente y la relacionó con el sistema de ley de lemas que cuestiona en Misiones. Su preocupación es que los electores puedan terminar respaldando una opción partidaria y favoreciendo, mediante la sumatoria de votos, a otra candidatura.
La iniciativa contempla, además, modificaciones en los requisitos para que los partidos obtengan reconocimiento nacional. Actualmente necesitan presencia en cinco provincias, mientras que el proyecto elevaría esa exigencia a diez. También se prevén cambios en el financiamiento político, la Boleta Única de Papel y el debate presidencial obligatorio, entre otros aspectos.
La viabilidad parlamentaria constituye otro obstáculo para el oficialismo. Goerling recordó que se necesitan diez firmas para obtener dictamen en la comisión y que el Gobierno no cuenta por sí solo con los integrantes suficientes. Además, aclaró que el PRO no tiene representación en ese ámbito, por lo que su bloque no participará de la firma del despacho.
La dificultad aumenta al momento de reunir los votos para la sanción definitiva. Por tratarse de una legislación electoral, se requieren 37 adhesiones en el recinto, equivalentes a la mayoría absoluta de los integrantes del Senado. El legislador se mostró escéptico respecto de que el oficialismo tenga asegurado ese respaldo y advirtió que las negociaciones parlamentarias pueden arrojar resultados diferentes de los anticipados por los funcionarios.
En ese escenario, las gestiones de Diego Santilli y Patricia Bullrich aparecen como parte de las conversaciones para conseguir adhesiones entre los bloques dialoguistas y los sectores provinciales. Sin embargo, las estimaciones mencionadas en el ámbito político ubican los apoyos disponibles entre 31 y 32 votos, todavía por debajo del número necesario.
Paralelamente, el Senado deberá abordar otros asuntos antes de finalizar noviembre. Entre ellos se encuentra la ley de discapacidad, que cuenta con media sanción de Diputados y un respaldo legislativo prácticamente unánime. Goerling anticipó la intención de avanzar con un dictamen durante esta semana y llevar el proyecto al recinto la siguiente. La iniciativa busca garantizar previsibilidad para las prestaciones y establecer mecanismos de actualización por ley.
La discusión electoral, por lo tanto, deberá convivir con una agenda legislativa cargada y con diferencias que atraviesan tanto a la oposición como a los aliados del oficialismo. Para Milei, conseguir respaldo para modificar las reglas de competencia será una prueba de capacidad negociadora. Para el PRO, en cambio, el debate plantea un límite: acompañar al Gobierno no significa aceptar cualquier reforma ni modificar las condiciones institucionales sin un consenso suficiente.


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