Irán amenaza porque no puede responder por sus crímenes

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La decisión del régimen iraní de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas constituye una provocación diplomática de extrema gravedad, pero también una demostración bastante elocuente de la naturaleza política de Teherán. Cuando un gobierno responde a una decisión soberana de otro Estado calificando de terroristas a sus instituciones militares, no está ejerciendo un legítimo derecho de defensa diplomática: está utilizando la intimidación como instrumento de política exterior. Y cuando esa intimidación proviene de un régimen al que la Justicia argentina atribuyó responsabilidades por dos de los atentados más sangrientos de nuestra historia, la respuesta Argentina no puede ser otra que la firmeza.

La resolución iraní tiene una explicación inmediata. El gobierno de Javier Milei decidió incorporar a la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Teherán respondió aplicando el principio de reciprocidad y recurriendo a una legislación aprobada en 2019 para justificar represalias contra los países que respaldaran la calificación estadounidense de su poderosa estructura militar como organización terrorista. Sin embargo, detrás de esa argumentación jurídica aparece una cuestión mucho más profunda: la dificultad de un régimen autoritario para aceptar que otros Estados puedan identificar y condenar sus actividades sin someterse a sus presiones.

La amenaza iraní, además, no se limita a una declaración administrativa. El comunicado de su Cancillería concluyó con una advertencia dirigida expresamente al gobierno argentino, al que responsabilizó por las eventuales consecuencias de la decisión. Es una formulación que merece especial atención porque intenta trasladar a la Argentina la responsabilidad por una escalada que el propio Teherán decidió provocar. La lógica es conocida: quien denuncia las prácticas del régimen se convierte automáticamente en enemigo y debe asumir las consecuencias de haberlo hecho.

Lo verdaderamente inadmisible es que Irán pretenda equiparar a las Fuerzas Armadas de una democracia constitucional con organizaciones terroristas. La Armada y la Fuerza Aérea argentinas son instituciones subordinadas al poder político legítimamente constituido, sujetas a la Constitución Nacional y responsables de cumplir misiones de defensa de la soberanía. No existe ninguna equivalencia moral, política ni institucional entre esas fuerzas y una estructura militar que el gobierno argentino decidió señalar por sus presuntas actividades terroristas transnacionales. La comparación constituye una distorsión deliberada de los conceptos y una provocación que busca desacreditar a las instituciones argentinas.

La respuesta oficial de la Cancillería fue acertada al recordar que la Justicia argentina atribuyó responsabilidades a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. No se trata de una discusión ideológica ni de una diferencia circunstancial entre dos gobiernos. Se trata de dos tragedias que dejaron decenas de familias destruidas, cientos de víctimas y una herida que la Argentina todavía no consiguió cerrar. La impunidad de esos ataques sigue siendo uno de los mayores fracasos institucionales de nuestra democracia.

Treinta años después, los acusados no comparecieron ante los tribunales argentinos. Irán tampoco cooperó plenamente con los requerimientos judiciales internacionales y, según recordó el Gobierno, algunas de las personas requeridas por la Justicia ocuparon posiciones de máxima responsabilidad dentro de la estructura estatal iraní. Ese comportamiento debería ser suficiente para comprender por qué la Argentina no tiene motivos para concederle al régimen de Teherán el beneficio de la confianza diplomática.

Hay una diferencia fundamental entre defender la soberanía de un país y utilizarla como escudo para garantizar impunidad. La soberanía no puede convertirse en una excusa para impedir que se investiguen atentados terroristas ni para proteger a quienes fueron señalados por la Justicia. Mucho menos puede servir para amenazar a otros Estados cuando sus gobiernos deciden adoptar medidas contra organizaciones vinculadas con esas actividades.

La reacción de Patricia Bullrich y Luis Petri acompañó esa línea de firmeza. La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que la declaración iraní permite identificar con claridad de qué lado se encuentra la Argentina en el escenario internacional. Su planteo apunta a una cuestión central: frente al terrorismo no existe una neutralidad moralmente aceptable cuando están en juego la vida, la libertad y la seguridad de las sociedades democráticas. Petri, por su parte, rechazó cualquier posibilidad de intimidación y ratificó la decisión de continuar reclamando justicia por los atentados y condenando a Irán y a las organizaciones que actúan como sus aliados.

La posición argentina no surgió de un día para otro. En enero, el Gobierno había incorporado a la Fuerza Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria, al registro antiterrorista. Posteriormente, a fines de marzo, avanzó sobre el conjunto de los Guardianes de la Revolución. En abril, la tensión diplomática escaló con la expulsión del encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, quien recibió un plazo de 48 horas para abandonar el país. La secuencia refleja una modificación sustancial de la política exterior argentina respecto de Teherán, con una orientación mucho más explícita hacia la condena de sus estructuras militares y sus vínculos con el terrorismo.

La comparación con el Reino Unido demuestra, además, que el régimen iraní utiliza un mecanismo de represalia que no está reservado exclusivamente para la Argentina. A comienzos de noviembre, Teherán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea británicas y calificó al servicio de inteligencia exterior MI6 como una estructura hostil. La repetición del procedimiento revela que la decisión contra la Argentina forma parte de una estrategia de confrontación con los gobiernos que respaldan la caracterización internacional de la Guardia Revolucionaria.

Hay, sin embargo, un elemento político que vuelve particularmente inoportuna la provocación iraní. La decisión se conoció durante los últimos momentos de la visita del papa León XIV a la Argentina, en medio de un mensaje centrado en la concordia y la paz. La coincidencia expone dos concepciones radicalmente diferentes de las relaciones internacionales: una que reivindica el entendimiento y otra que pretende imponer obediencia mediante amenazas.

La Argentina no necesita responder con estridencias ni buscar una confrontación innecesaria. Necesita sostener una política coherente, fortalecer sus mecanismos de seguridad, mantener la cooperación internacional y exigir que los responsables de los atentados comparezcan ante la Justicia. La firmeza diplomática no implica abandonar la prudencia, pero tampoco puede confundirse con el silencio o la pasividad.

El régimen iraní debería comprender que declarar terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas no modifica la historia, no borra las responsabilidades judiciales ni devuelve la vida a las víctimas de la Embajada de Israel y de la AMIA. Tampoco convierte en legítimas las prácticas de un gobierno que pretende silenciar a sus críticos y que ha sido señalado por la represión de su propia población. Si Teherán cree que una amenaza conseguirá que la Argentina retroceda, está subestimando tanto la memoria de las víctimas como la obligación de un Estado democrático de defender sus instituciones. La Argentina tiene demasiadas razones para no mirar hacia otro lado.