Seguridad, cifras y explicaciones

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay algo más inquietante que una amenaza de seguridad: la imposibilidad de determinar con precisión cuál es la amenaza. Y cuando esa dificultad aparece acompañada por cifras que no parecen coincidir, explicaciones que llegan después de las decisiones y un Gobierno que responde a las dudas con nuevos argumentos, el problema deja de ser exclusivamente policial. Se transforma en una cuestión política. Eso es, precisamente, lo que quedó expuesto después de las últimas declaraciones oficiales sobre la seguridad presidencial y las controvertidas cifras de expulsiones de supuestos terroristas.

El Gobierno decidió reforzar la seguridad en la quinta de Olivos y, según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, la decisión respondió a dos circunstancias concretas: amenazas recibidas contra funcionarios de primera línea y la próxima visita del papa León XIV. La explicación busca ordenar un escenario que, durante varios días, había quedado envuelto en versiones, sospechas y preguntas. Pero también deja una cuestión abierta: si la situación es suficientemente delicada como para modificar el dispositivo de seguridad de la residencia presidencial, la sociedad tiene derecho a conocer, dentro de los límites razonables que impone una investigación, cuál es la naturaleza del riesgo.

La dificultad aumenta cuando el propio Presidente introduce en escena números que luego necesitan ser explicados. Javier Milei afirmó que durante 2025 el Gobierno había expulsado a 10.000 terroristas y que en lo que va del año la cifra ascendía a 20.000. La magnitud de esas afirmaciones generó cuestionamientos porque las estadísticas oficiales citadas en el texto suministrado hablan de 744 expulsiones y de 18.947 impedimentos de ingreso. No se trata de una diferencia menor ni de un detalle administrativo. Cuando se habla de terrorismo, seguridad nacional y personas expulsadas del país, las palabras tienen un peso institucional que no puede ser reemplazado por aproximaciones.

Ravier intentó explicar la distancia entre los números señalando que una parte de esas personas serían terroristas, mientras que otras no habrían cumplido los requisitos para ingresar al país o representarían distintos perfiles considerados riesgosos. También incorporó la categoría de “posibles terroristas”, una expresión que amplía considerablemente el universo original presentado por el Presidente. Allí aparece una de las principales dificultades del discurso oficial: una persona expulsada, otra a la que se le impide ingresar por razones migratorias y alguien identificado como potencial amenaza para la seguridad no necesariamente pertenecen a la misma categoría.

La seguridad necesita prevención, pero también necesita precisión. Si todo riesgo potencial es convertido en terrorismo, el concepto pierde capacidad explicativa. Y si toda irregularidad migratoria es presentada dentro de un mismo paquete de amenazas, la estadística deja de servir para comprender el fenómeno y empieza a funcionar como una herramienta de comunicación política.

El Gobierno, además, buscó separar esta cuestión de las denuncias que habían surgido alrededor de supuestas filtraciones y de las acusaciones formuladas por la ex libertaria Marcela Pagano. Según la explicación oficial, no existe una relación entre esos episodios y la decisión de reforzar la seguridad en Olivos. En cambio, la Casa Rosada vinculó el escenario con amenazas atribuidas a Hezbollah contra Diego Kravetz, número dos de la SIDE, y con amenazas de bomba registradas en la Casa Rosada.

Ese argumento tiene una consecuencia política inevitable: cuanto más grave es la amenaza invocada, mayor es la responsabilidad de quienes gobiernan para comunicar con claridad. La seguridad no puede transformarse en una zona de opacidad permanente donde cada interrogante sea respondido con una referencia todavía más grave. El secreto puede ser necesario para proteger una operación. No puede convertirse en el sustituto de una explicación institucional.

La misma lógica apareció cuando la conversación giró hacia la economía. Frente al aumento del riesgo país, el Gobierno puso el foco en factores externos, como la situación en Medio Oriente y los movimientos de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y frente al aumento de la pobreza mencionado durante la conferencia, la explicación oficial volvió a buscar un factor externo al funcionamiento cotidiano de la gestión: el denominado “ataque político” que, según la Casa Rosada, habría afectado al tipo de cambio y a la inflación durante 2025.

Es una característica cada vez más visible del discurso oficial: cuando los indicadores son favorables, la explicación suele descansar en las decisiones del Gobierno; cuando resultan adversos, aparecen factores externos, ataques políticos o circunstancias extraordinarias. Puede haber razones concretas detrás de cada argumento, pero la repetición de esa lógica termina generando una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que ocurre responde a decisiones propias y cuánto a acontecimientos que el Gobierno simplemente administra?

En paralelo, la confirmación de Claudia López de Brígido para ocupar la banca del Senado que quedó vacante tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto vuelve a mostrar que la política oficial no transcurre solamente por los grandes anuncios. También se construye mediante designaciones, lealtades y vínculos internos. La cercanía señalada con Eduardo “Lule” Menem incorpora ese episodio al entramado de poder que rodea a La Libertad Avanza.

Así, seguridad, economía y construcción política terminan apareciendo en una misma fotografía. El Gobierno necesita demostrar control, pero para hacerlo necesita algo más que discursos contundentes: necesita que sus números sean comprensibles, que sus categorías sean consistentes y que sus explicaciones soporten las preguntas. Porque gobernar no consiste únicamente en afirmar que existe una amenaza. También consiste en explicar por qué existe, cómo se la mide y qué se está haciendo para enfrentarla.

La incertidumbre puede ser inevitable en determinadas circunstancias. Lo que no debería ser inevitable es la incertidumbre sobre las propias cifras oficiales. Cuando el Estado habla de terrorismo, seguridad nacional, pobreza, inflación o riesgo país, cada palabra construye una determinada interpretación de la realidad. Y esa interpretación, precisamente porque proviene del poder, exige una responsabilidad mayor. El problema no es que el Gobierno tenga que responder preguntas difíciles. El verdadero problema comienza cuando las respuestas terminan generando más preguntas que certezas.