Los abogados de Cristina Kirchner buscan revisar la condena en la causa Vialidad

• La defensa de Cristina Kirchner impulsará un recurso de revisión basado en nuevas pruebas sobre el uso de fondos del fideicomiso vial.
• El informe presentado sostiene que el Grupo Austral recibió el 0,85% de los recursos administrados por ese mecanismo entre 2009 y 2015.
• Los abogados buscarán que la Justicia suspenda los efectos de la condena mientras analiza el nuevo planteo.
• La estrategia también incluye una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
• Desde el ámbito judicial señalaron que planteos similares ya fueron rechazados y que el juicio se centró en la obra pública de Santa Cruz.
• La defensa afirmó que las nuevas evidencias surgieron tras analizar documentación obtenida a partir de otra causa judicial vinculada con Vialidad.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner anunció que impulsará un recurso de revisión de la condena dictada en la causa Vialidad sobre la base de nuevas pruebas que, según sostiene, desvirtúan uno de los fundamentos centrales del fallo. La estrategia apunta a obtener la suspensión de los efectos de la sentencia mientras se analiza el planteo, lo que incluiría la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El anuncio fue realizado por el abogado Carlos Alberto Beraldi durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el jurista brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes también intervienen en las gestiones que el equipo jurídico lleva adelante ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El eje de la nueva presentación es un informe técnico elaborado por Specs Consultoría, que analiza la distribución de los recursos de un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad y creado mediante el Decreto 54/2009, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.

De acuerdo con ese estudio, el Grupo Austral, vinculado al empresario Lázaro Báez, habría recibido apenas el 0,85% de los fondos asignados a ese fideicomiso entre 2009 y 2015. Según la defensa, esa conclusión contradice la hipótesis sostenida en la condena, que consideró que la creación del mecanismo tuvo como finalidad favorecer a Báez mediante la asignación de recursos para la obra pública.

Durante la presentación, Beraldi afirmó que el decreto cuestionado era una norma de alcance general y sostuvo que los datos relevados muestran que el principal destinatario de esos fondos fue IECSA S.A., empresa vinculada entonces al empresario Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Para los defensores, esa distribución demuestra que no existió el beneficio exclusivo atribuido al Grupo Austral.

El equipo jurídico adelantó además que trabaja sobre otras pruebas que aún no fueron difundidas públicamente y que serán incorporadas tanto en la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU como en el recurso de revisión que será presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Ese recurso aparece como la prioridad inmediata de la defensa porque constituye la herramienta procesal elegida para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena mientras se evalúan las nuevas evidencias. Según explicó Beraldi, la legislación prevé la posibilidad de requerir esa medida con la sola interposición del recurso, siempre que el tribunal considere que existen elementos suficientes para abrir el análisis del planteo.

El abogado sostuvo que el objetivo final es lograr que la condena sea dejada sin efecto, que la ex presidenta recupere su libertad y pueda retomar su actividad política.

Desde el ámbito judicial, sin embargo, surgieron cuestionamientos a la nueva estrategia defensiva. Un magistrado federal que intervino en la causa señaló que el planteo no constituye un tema completamente novedoso y recordó que argumentos similares ya fueron analizados y rechazados en distintas instancias del proceso.

Ese mismo magistrado marcó además una diferencia sustancial entre el informe presentado por la defensa y el objeto del juicio. Mientras el estudio toma datos nacionales sobre el fideicomiso administrado por Vialidad, el debate judicial se concentró específicamente en las obras públicas adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, donde, según la acusación y la sentencia, el Grupo Austral concentró aproximadamente el 85% de los contratos analizados.

La defensa explicó que el origen de las nuevas pruebas surgió a partir de la declaración de un funcionario de Vialidad durante otro proceso judicial, donde se expusieron datos sobre la utilización de los recursos del fideicomiso. A partir de esa información, los abogados solicitaron la base de datos correspondiente e iniciaron una investigación propia que derivó en el informe presentado esta semana.

Beraldi también recordó que durante el juicio habían solicitado una pericia contable para reconstruir el destino de esos fondos y determinar si existían beneficiarios específicos, aunque aseguró que esa medida fue rechazada en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.