Abusos sexuales y política: cuando las denuncias quedan atrapadas en la pelea partidaria

Las denuncias por presuntos abusos sexuales que en las últimas semanas involucraron a asesores, empleados y dirigentes vinculados con distintos espacios políticos de Córdoba terminaron absorbidas por la lógica de la confrontación partidaria. Lo que debería abrir una discusión profunda sobre prevención, controles y asistencia a las víctimas quedó, en buena medida, convertido en otra batalla dentro de la grieta.

Los casos de José “Hachazo” Villarreal, imputado por abuso sexual reiterado y corrupción de menores, y de Omar “Manotas” Ludueña, detenido luego de una denuncia por abuso sexual intrafamiliar, pusieron nuevamente el tema en el centro de la escena. Se trata de acusaciones de extrema gravedad, pero el debate público se desplazó rápidamente hacia la pertenencia política de los involucrados.

Mientras oficialismo y oposición intercambian acusaciones, las víctimas y las políticas necesarias para evitar nuevos episodios quedan en un segundo plano. La discusión parece haberse reducido a determinar de qué lado de la Legislatura estaba cada uno de los señalados.

El problema, sin embargo, es mucho más amplio y excede por completo las fronteras de la política.

Datos difundidos por organizaciones especializadas en la prevención del abuso sexual infantil, a partir de estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, advierten sobre una dimensión preocupante del fenómeno: una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños podría atravesar una situación de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Para Argentina, distintas proyecciones ubican en cifras millonarias la cantidad potencial de víctimas.

A esto se suma otro dato especialmente alarmante: una proporción muy baja de los casos llega efectivamente a una condena. Además, gran parte de los abusos se produce dentro del ámbito familiar y en espacios donde las víctimas mantienen vínculos de confianza con sus agresores.

Con semejante escenario, resulta insuficiente pensar que el problema quedaría resuelto simplemente evitando que determinadas personas ocupen cargos públicos o trabajen en la Legislatura.

Por supuesto que el Estado debe contar con mecanismos adecuados para seleccionar personal, realizar controles y actuar frente a denuncias de extrema gravedad. Pero eso representa apenas una parte de una problemática mucho más profunda.

La discusión debería incorporar, entre otros aspectos, el funcionamiento de la Justicia, los recursos disponibles para investigar este tipo de delitos, la prevención en escuelas, la asistencia a las víctimas y la existencia de canales seguros para denunciar.

En Córdoba capital, por ejemplo, la capacidad de respuesta judicial también forma parte del debate. La existencia de un número limitado de fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual plantea una pregunta inevitable: ¿alcanza la estructura actual para atender una problemática de semejante magnitud?

La respuesta no debería depender de que cada nuevo caso se transforme en una pelea política.

En los últimos días, en cambio, la dinámica fue otra. Dirigentes de distintos sectores reclamaron renuncias, cuestionaron controles y utilizaron los casos para señalar las contradicciones de sus adversarios. Las denuncias terminaron funcionando como munición para una disputa que poco tiene que ver con la necesidad concreta de las víctimas.

En una época atravesada por la política de impacto inmediato, incluso situaciones de enorme gravedad corren el riesgo de transformarse en una puesta en escena. La condena pública, el comunicado, el pedido de expulsión o la denuncia contra el adversario generan mayor repercusión que una discusión sobre presupuesto, protocolos, prevención o acompañamiento.

Pero esa responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente sobre los dirigentes. La política suele responder a los incentivos que encuentra en la sociedad y en el electorado. Si el enfrentamiento partidario genera más atención que las propuestas destinadas a resolver el problema, la discusión termina orientándose naturalmente hacia ese terreno.

En ese contexto, los casos de “Hachazo” Villarreal y “Manotas” Ludueña deberían servir como punto de partida para una conversación mucho más seria: qué controles existen dentro del Estado, cómo se actúa frente a una denuncia, qué protección reciben las víctimas y qué herramientas tiene la Justicia para investigar y sancionar.

La pelea entre partidos puede ofrecer titulares. La prevención y la asistencia, en cambio, requieren políticas sostenidas.

La otra pelea: el código político que se rompió

La reacción del peronismo frente al caso Ludueña también puede explicarse por una disputa política más profunda. Dentro del PJ existe la percepción de que sectores de la oposición adoptaron una estrategia cada vez más agresiva, en línea con las nuevas formas de confrontación instaladas por el fenómeno libertario.

Desde esa mirada, ya no se trataría solamente de cuestionar a un adversario, sino de romper determinadas reglas no escritas que durante años regularon los enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas.

La sensación dentro de algunos sectores del oficialismo es que la oposición habría cruzado una frontera y que, frente a eso, responder con dureza aparece como una forma de evitar quedar políticamente debilitados.

El problema es que esa escalada vuelve a colocar la disputa partidaria en el centro de una cuestión que debería tener otro eje.

Porque detrás de cada denuncia no hay solamente un dirigente, un empleado o una pelea entre bloques. Hay víctimas, familias, investigaciones judiciales y una problemática social que no desaparece cuando termina el intercambio de acusaciones.

Si el debate vuelve a quedar reducido a quién puede utilizar mejor el caso contra su adversario, el sistema político habrá conseguido algo paradójico: hablar mucho sobre los abusos sin avanzar demasiado en cómo prevenirlos.