Denuncias que sacuden a la política cordobesa: crece el reclamo por controles y protocolos en el Estado

La política cordobesa comenzó a atravesar semanas de fuerte tensión a partir de una serie de investigaciones vinculadas con presuntos delitos contra la integridad sexual que alcanzaron tanto a dirigentes oficialistas como opositores. La sucesión de casos abrió una discusión que excede las disputas partidarias: qué mecanismos existen para prevenir estas situaciones y cómo debe actuar el Estado cuando una persona que ocupa un cargo público queda involucrada en una investigación de semejante gravedad.

El último episodio se conoció este lunes en Alta Gracia. Pablo Marcos Ortiz, concejal oficialista que se encontraba de licencia y vicepresidente de la empresa Cormecor, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, además de otros delitos. La situación tomó relevancia política debido a que Ortiz había comenzado a plantear públicamente su intención de finalizar la licencia y retomar su banca en el Concejo Deliberante.

Mientras tanto, en la Legislatura provincial continúa la disputa por los antecedentes y las situaciones judiciales que involucran a asesores y empleados. La detención y denuncia contra Omar “Manotas” Ludueña, trabajador de planta permanente de la Unicameral que se encontraba asignado al despacho de la legisladora radical Alejandra Ferrero, volvió a poner el tema en el centro de la escena.

Ferrero sostuvo que Ludueña no había sido contratado como asesor por ella, sino que se trataba de un empleado permanente de la Legislatura que había ingresado años atrás a través de la estructura de la UCR y posteriormente fue destinado a su oficina. La legisladora también señaló que, al tomar conocimiento de la denuncia, pidió que fuera apartado de su espacio de trabajo.

Desde el oficialismo, Facundo Torres cuestionó el criterio utilizado por el radicalismo para abordar casos similares. El dirigente sostuvo que existieron diferencias en el tratamiento de los expedientes según el espacio político al que perteneciera la persona denunciada y comparó la situación con el caso del exlegislador Ramón “Cañito” Flores.

Torres también anticipó que el bloque oficialista no promoverá una sanción contra Ferrero, en contraste con la decisión que había tomado la UCR frente al caso Flores.

Más allá de la disputa entre oficialismo y oposición, la sucesión de episodios plantea una discusión de mayor alcance. El eje no debería estar puesto únicamente en determinar qué partido acumula más denuncias, sino en establecer cuáles son las obligaciones y los procedimientos que debe seguir el Estado cuando una persona que ocupa un cargo público, cumple funciones oficiales o recibe un salario estatal queda involucrada en una investigación penal de gravedad.

Hasta el momento, Córdoba no cuenta con un protocolo integral que establezca criterios generales para actuar ante este tipo de situaciones. Tampoco se conoce una iniciativa legislativa concreta que avance en esa dirección.

La reacción política se concentró principalmente en revisar los antecedentes de asesores y colaboradores, además del intercambio de información y acusaciones entre los distintos espacios. Sin embargo, una política institucional debería contemplar también la presunción de inocencia, la protección de las posibles víctimas, la confidencialidad de las denuncias y la existencia de canales seguros para realizar presentaciones.

Una denuncia no equivale a una condena y cualquier procedimiento debe respetar las garantías constitucionales. La determinación de responsabilidades corresponde a la Justicia, que deberá establecer si existieron delitos y quiénes fueron sus responsables.

Pero existe además una discusión previa: la responsabilidad política de quienes incorporan personas a la estructura estatal. Los salarios públicos son financiados por los contribuyentes y, por lo tanto, quienes ejercen funciones de gobierno tienen también una responsabilidad política y ética respecto de la conformación de sus equipos, la idoneidad de las personas convocadas y los controles disponibles sobre sus antecedentes.

La acumulación de casos podría convertirse entonces en una oportunidad para que la política cordobesa abandone la lógica de los cruces y los expedientes utilizados como armas partidarias y avance hacia reglas claras para funcionarios, legisladores, asesores y trabajadores del Estado.

El desafío será transformar una sucesión de conflictos políticos y judiciales en una discusión institucional que permita establecer criterios comunes, proteger a quienes denuncian, respetar las garantías de quienes son investigados y fortalecer los mecanismos de control dentro del Estado.