La detención de un dirigente radical sacude a la UCR y abre una nueva pelea política con el peronismo

La detención de Omar Ludueña, dirigente radical y empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba, tras una denuncia por un presunto caso de abuso sexual intrafamiliar, generó una rápida reacción dentro de la UCR y abrió un nuevo capítulo en la disputa política con el peronismo provincial.

El caso derivó en un mensaje coordinado de Alejandra Ferrero, Elisa Caffaratti y Rodrigo de Loredo, quienes buscaron remarcar que, frente a la denuncia, el radicalismo actuó recurriendo a la Justicia y solicitando medidas sobre la situación laboral del acusado.

La estrategia política también incluyó una comparación con el caso del exlegislador Ramón “Cañita” Flores, sobre quien la UCR había reclamado públicamente medidas cuando trascendió una denuncia de características similares.

Desde el radicalismo intentan instalar una diferencia central: que ante la denuncia contra Ludueña se habría actuado de inmediato y sin buscar protegerlo.

La respuesta del peronismo

Desde el oficialismo provincial cuestionaron esa interpretación y plantearon interrogantes sobre los tiempos de reacción. Según la versión que circuló en el ámbito político, el mensaje de la denunciante habría llegado a dirigentes vinculados con el radicalismo a fines de agosto, mientras que las explicaciones públicas aparecieron después de que el caso tomara estado público.

El peronismo también marcó que, en esta oportunidad, no reclamará la renuncia de Ferrero, como sí ocurrió con Flores durante la polémica anterior.

La discusión política terminó trasladándose así desde las responsabilidades individuales hacia el funcionamiento de las estructuras partidarias y su vínculo con el empleo público.

El foco puesto en la Legislatura

Ludueña tiene una extensa trayectoria dentro del radicalismo cordobés. Fue presidente de un centro vecinal y tuvo participación política en la Seccional Cuarta.

Su ingreso a la Legislatura se produjo durante el período en el que Caffaratti ocupaba una banca. En 2015 rindió un concurso que le permitió acceder a un puesto de planta permanente y posteriormente quedó afectado al despacho de Ferrero.

Su recorrido laboral también abrió interrogantes políticos sobre las condiciones de ingreso y las funciones que desempeñaba dentro de la Unicameral.

De acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria, Ludueña ingresó con estudios primarios completos y terminó la escuela secundaria en 2022. A partir de allí surgieron preguntas sobre el cargo para el cual concursó, las tareas concretas que desarrollaba y el grado de relación entre sus funciones legislativas y su actividad como dirigente territorial.

Esos interrogantes también fueron trasladados al debate sobre otros empleados y asesores vinculados históricamente con las estructuras partidarias.

La situación judicial y administrativa

Más allá de la disputa política, las responsabilidades penales serán determinadas por la Justicia. Ludueña permanece detenido y su defensa, encabezada por el abogado Mario Rey, analiza solicitar su excarcelación.

También podría plantearse que el dirigente utilice días de vacaciones pendientes mientras avanza la investigación.

En paralelo, la Legislatura inició un sumario administrativo para determinar su situación laboral. Una eventual condena podría derivar en la desvinculación definitiva del Estado.

Ferrero: “No es mi asesor directo”

Ferrero buscó rápidamente aclarar cuál era el vínculo que mantenía con Ludueña. La legisladora explicó que se trata de un empleado de planta permanente que ingresó mediante concurso y que se encontraba afectado a su oficina, pero remarcó que no era un asesor contratado directamente por su espacio.

La dirigente aseguró además que, apenas tomó conocimiento de la denuncia, recurrió a la Justicia y solicitó a las autoridades de la Legislatura que adoptaran las medidas correspondientes.

Su postura apuntó a despejar cualquier interpretación sobre un eventual intento de protección institucional.

Caffaratti también salió a responder

Caffaratti, por su parte, quedó especialmente involucrada en la discusión política porque fue durante su etapa como legisladora cuando Ludueña comenzó a trabajar en la Legislatura.

La actual concejal sostuvo que tomó conocimiento de la denuncia el 8 de septiembre, luego de recibir un mensaje de la denunciante a través de Instagram, y que ese mismo día puso la información a disposición de la Justicia.

La dirigente sostuvo que frente a una acusación de esta gravedad la respuesta debe ser actuar y permitir que la investigación avance, sin relativizar los hechos ni desviar la atención.

De Loredo lleva la discusión al terreno político

De Loredo decidió ampliar la respuesta y cuestionó los intentos de equiparar situaciones judiciales diferentes.

El diputado reconoció que la oposición debe hacerse cargo de sus propios errores y aceptar el costo político que corresponda, pero rechazó que los casos sean utilizados para generalizar sobre todo el arco opositor.

En ese sentido, sostuvo que quienes ocupan cargos de responsabilidad deben responder ante la sociedad y que el debate no debería perder de vista la gravedad de los hechos investigados.

Una disputa que vuelve a cruzar a la UCR y al PJ

El radicalismo busca cerrar filas alrededor de una idea: que ante la denuncia se actuó, se recurrió a la Justicia y se pidió el apartamiento del empleado.

El peronismo, en cambio, intenta poner el foco en los tiempos de reacción y en la relación entre las estructuras partidarias, los dirigentes territoriales y el empleo estatal.

Mientras la investigación judicial avanza y la Legislatura define la situación administrativa de Ludueña, el caso ya se convirtió en un nuevo frente de disputa política entre el oficialismo y la oposición cordobesa.