Tensión en la Justicia de Córdoba: el TSJ endurece su postura ante las protestas y pone la equiparación salarial en discusión

Los aplausos que se repiten semana tras semana en los tribunales de Córdoba comenzaron a generar preocupación en las máximas autoridades del Poder Judicial. A dos semanas del acuerdo que permitió cerrar el conflicto con los empleados judiciales, el reclamo de funcionarios y magistrados continúa abierto y la relación con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) atraviesa un momento de creciente tensión.

El entendimiento alcanzado con la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) permitió desactivar la protesta más numerosa, pero dejó pendiente una negociación particularmente sensible: la que mantienen los funcionarios y magistrados nucleados en la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.

El escenario comenzó a cambiar luego de que el acuerdo con los empleados incluyera mejoras que, aunque superiores a una propuesta anterior, no se alejaron sustancialmente de aquella oferta que había sido rechazada previamente.

Ahora, en la negociación con los cuadros jerárquicos del Poder Judicial, aparece una nueva posibilidad de presión: la apertura de sumarios administrativos si continúan las manifestaciones dentro de los tribunales.

Una propuesta que el TSJ considera límite

La propuesta económica en discusión comparte dos componentes con el acuerdo alcanzado con los empleados judiciales.

Por un lado, contempla un adicional no remunerativo del 1,9%. Por otro, plantea reducir del 8% al 6% los aportes extraordinarios destinados a la Caja de Jubilaciones.

Desde el TSJ consideran que esos instrumentos representan, al menos por este año, el máximo margen disponible para mejorar los ingresos del sector.

El efecto combinado de ambas medidas representaría una mejora cercana al 4,7% de bolsillo, teniendo en cuenta que la reducción de los aportes genera un impacto adicional sobre el salario neto.

Los funcionarios y magistrados, sin embargo, pretenden incorporar otro punto a la negociación: una reducción de la jornada laboral de ocho a siete horas diarias.

La respuesta del máximo tribunal habría sido negativa, aunque quedó sobre la mesa una alternativa: habilitar determinados días u horas de trabajo remoto.

El teletrabajo no resuelve todo

La posibilidad de avanzar con esquemas de presencialidad flexible tampoco resulta sencilla de aplicar de manera uniforme.

Las características de cada fuero generan diferencias importantes. En áreas como el fuero Civil podría existir mayor margen para implementar tareas a distancia, mientras que en el ámbito Penal la dinámica de audiencias, expedientes y otras obligaciones requiere una presencia física mucho más frecuente.

Por ese motivo, cualquier eventual acuerdo sobre teletrabajo debería contemplar las particularidades de cada sector.

Una advertencia por las protestas

La negociación comenzó a incorporar además una dimensión institucional.

Según la reconstrucción que circula entre los integrantes del sector, el TSJ habría convocado a Walter Simes, uno de los interlocutores del reclamo, para transmitirle que la propuesta económica representa el máximo esfuerzo que el tribunal está dispuesto a realizar y que las manifestaciones deberían llegar a su fin.

En ese encuentro también se habrían mencionado antecedentes de sanciones aplicadas a magistrados por declaraciones realizadas públicamente, en una señal que algunos interpretaron como una advertencia sobre las consecuencias que podría tener la continuidad de las protestas.

La interpretación que se atribuye al TSJ es que las movilizaciones fueron toleradas mientras permanecía abierto el conflicto con los empleados, pero que, una vez alcanzado ese acuerdo, la continuidad de las manifestaciones comienza a ser considerada perjudicial para la imagen institucional del Poder Judicial.

El reclamo que ahora genera tensión

Desde la conducción del Poder Judicial incluso se habría reconocido que la presión ejercida durante el conflicto permitió obtener mejoras salariales.

Pero el argumento que ahora aparece sobre la mesa es que esa misma estrategia habría cumplido su objetivo y que prolongarla podría resultar contraproducente.

La advertencia más fuerte, sin embargo, estaría vinculada con la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.

Durante las conversaciones habría surgido la posibilidad de que desde el Gobierno provincial se evalúe avanzar contra el régimen de equiparación salarial con la Justicia Federal, establecido mediante la Ley 9725.

La equiparación, en el centro de la discusión

El sistema de equiparación, vigente desde 2009, vincula las remuneraciones de la Justicia provincial con las correspondientes al ámbito federal.

Para funcionarios y magistrados se trata de una herramienta fundamental porque permite reducir la dependencia de las negociaciones salariales directas con el Gobierno provincial y constituye uno de los principales logros históricos reivindicados por el sector.

Por ahora, no existe una decisión formal para modificar o eliminar ese esquema. Su aparición en las conversaciones funciona, según las versiones que circulan, como una señal del nivel de tensión que existe entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

La posibilidad de que ese régimen sea revisado eleva considerablemente el costo político de prolongar la protesta.

Un nuevo frente para el Tribunal Superior

La situación dejó así planteado un escenario más complejo para el TSJ. Luego de cerrar el conflicto con los empleados judiciales mediante una propuesta que aumentó el costo de continuar con las medidas de fuerza, el máximo tribunal enfrenta ahora un segundo reclamo protagonizado por funcionarios y magistrados.

La discusión ya no se limita a porcentajes salariales o a la duración de la jornada laboral. También involucra la modalidad de trabajo, las posibles sanciones ante las protestas y, en un plano todavía más delicado, la relación institucional con el Poder Ejecutivo.

La paradoja es que uno de los principales mecanismos de protección salarial del sector —la equiparación con la Justicia Federal— podría convertirse ahora en uno de los puntos más sensibles de la negociación.

Por el momento, no hay una decisión definitiva sobre ese régimen. Pero su inclusión en las conversaciones muestra que el conflicto salarial dentro de la Justicia cordobesa está adquiriendo una dimensión mucho mayor y que el costo de mantener la protesta podría ser, para ambas partes, cada vez más alto.