Omar Ludueña fue detenido y se desató la pelea política en la Legislatura de Córdoba

RESUMEN

• Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba y vinculado al bloque de la UCR, fue denunciado por un presunto abuso sexual agravado.
• La acusación sostiene que los hechos habrían ocurrido durante varios años, desde que la denunciante tenía 3 años hasta los 14.
• Tras conocerse la denuncia, el bloque radical solicitó el apartamiento preventivo de Ludueña mientras avanza la investigación judicial.
• El peronismo cordobés salió al cruce de la UCR y acusó a sus dirigentes de aplicar una “doble moral” frente a situaciones similares.
• Facundo Torres y Leonardo Limia reclamaron que el radicalismo utilice el mismo criterio que, según ellos, aplicó anteriormente en el denominado caso Villarreal.

Un nuevo conflicto de fuerte impacto político sacude a la Legislatura de la Provincia de Córdoba. En esta oportunidad, el eje está puesto en una denuncia por un supuesto abuso sexual agravado con acceso carnal contra Omar Manuel Ludueña, empleado de planta permanente del Poder Legislativo y vinculado laboralmente al bloque de la Unión Cívica Radical.

Según trascendió públicamente, una persona perteneciente al entorno familiar de Ludueña presentó una denuncia en la que atribuye al empleado legislativo presuntos abusos sexuales ocurridos durante varios años, desde que la denunciante tenía 3 años y hasta los 14.

El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia y posteriormente adquirió repercusión pública a partir de la difusión de información y testimonios a través de las redes sociales.

El radicalismo pidió apartar al empleado

Luego de que la denuncia tomara estado público, desde el sector radical se dispuso solicitar el apartamiento preventivo de Ludueña de sus funciones, mientras la Justicia lleva adelante la investigación correspondiente.

La decisión buscó establecer una distancia institucional entre el empleado denunciado y la estructura política en la que desarrollaba sus tareas.

Sin embargo, la situación rápidamente derivó en un nuevo enfrentamiento entre el peronismo y el radicalismo dentro de la Legislatura cordobesa.

El oficialismo aprovechó el episodio para cuestionar el comportamiento que, según sus dirigentes, había tenido la oposición en casos anteriores.

Facundo Torres habló de una “doble moral”

Uno de los principales cuestionamientos partió del presidente del bloque oficialista, Facundo Torres, quien acusó a los dirigentes radicales de haber establecido en otras oportunidades un criterio particularmente duro frente a denuncias que involucraban a dirigentes de otros espacios políticos.

Torres sostuvo que algunos radicales habían asumido anteriormente el papel de “fiscales, jueces y dueños de la moral”, reclamando expulsiones, suspensiones e incluso juicios políticos antes de que existieran definiciones judiciales.

El legislador peronista planteó que aquella posición también debería aplicarse cuando las denuncias involucran a personas vinculadas con las propias filas radicales.

Para Torres, la verdadera prueba está en mantener el mismo criterio cuando el problema aparece dentro del propio espacio político.

El dirigente también cuestionó el tratamiento mediático que, según su mirada, tuvieron anteriores episodios y acusó a la oposición de haber utilizado determinadas denuncias con fines políticos y electorales.

Leonardo Limia apuntó contra Alejandra Ferrero

A las críticas de Torres se sumó el legislador peronista Leonardo Limia, quien dirigió sus cuestionamientos hacia la conducción del bloque opositor.

Limia pidió que la Unión Cívica Radical mantenga la misma vara que, según sostuvo, había utilizado frente al denominado caso Villarreal.

En ese sentido, planteó que si en aquella oportunidad los radicales entendieron que podía existir una responsabilidad moral de un legislador por una situación relacionada con su entorno, ahora deberían analizar con el mismo nivel de rigurosidad la situación de la legisladora Alejandra Ferrero.

El planteo del oficialismo busca instalar una discusión que va más allá de la investigación judicial: cuál debe ser el nivel de responsabilidad política de un dirigente cuando una persona de su equipo queda involucrada en una denuncia de extrema gravedad.

Quién es Omar Ludueña

Omar Manuel Ludueña ingresó a la Legislatura de Córdoba en 2011 como asesor vinculado al bloque radical.

Cuatro años después, en 2015, pasó a integrar la planta permanente del Poder Legislativo luego de concursar el cargo.

Durante los últimos años desarrolló tareas dentro del equipo de la legisladora Alejandra Ferrero, quien conduce el interbloque Juntos por el Cambio.

Su situación quedó ahora bajo la lupa política y judicial a partir de la denuncia presentada en su contra.

La investigación deberá determinar la existencia o no de los hechos denunciados, establecer responsabilidades y analizar las pruebas incorporadas al expediente.

Mientras tanto, la denuncia contra un empleado de planta permanente vinculado al bloque de la UCR volvió a convertir a la Legislatura de Córdoba en escenario de una fuerte disputa política entre el oficialismo y la oposición.

Como corresponde en cualquier proceso judicial, las acusaciones deberán ser probadas y Ludueña conserva el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.