No hay peor astilla que la del mismo palo

Hay un viejo refrán que dice que “no hay peor astilla que la del mismo palo”. Y en política, muchas veces, los problemas más incómodos no vienen del adversario: aparecen puertas adentro, cuando aquello que se utilizó para cuestionar al otro termina golpeando en la propia casa.

Ahora le toca a la UCR atravesar una situación incómoda y políticamente delicada. Un empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba, vinculado al bloque radical y relacionado laboralmente con el espacio de Rodrigo De Loredo, quedó en el centro de una investigación judicial a partir de graves denuncias de presunto abuso sexual.

Y acá hay que hacer una aclaración imprescindible: una denuncia no equivale a una condena. La Justicia deberá investigar, reunir pruebas y determinar qué ocurrió. Nadie debería ser condenado públicamente antes de que exista una decisión judicial.

Pero una cosa es la responsabilidad penal, que corresponde determinar exclusivamente a la Justicia, y otra muy distinta es la responsabilidad política.

Y ahí empieza el verdadero problema para los radicales.

Porque durante mucho tiempo algunos dirigentes de la UCR se creyeron fiscales, jueces y dueños de la moral. Señalaron con el dedo, reclamaron renuncias, pidieron sanciones y construyeron verdaderos tribunales políticos cada vez que una denuncia alcanzaba a un dirigente de otro espacio.

La vara era altísima.

El problema aparece cuando esa misma vara tiene que utilizarse hacia adentro.

Porque resulta muy fácil reclamar ejemplaridad cuando el escándalo está en la vereda de enfrente. Lo difícil es sostener exactamente el mismo discurso cuando el problema golpea a las propias filas.

Ahora la UCR tiene la oportunidad de demostrar si aquello que tantas veces proclamó era realmente una convicción o simplemente una herramienta de combate político.

No alcanza con indignarse cuando el acusado pertenece al adversario. La coherencia se demuestra cuando el problema toca a los propios.

Y tampoco alcanza con decir que se trata de un empleado y que la responsabilidad es exclusivamente individual. Desde luego que cada persona responde por sus propios actos y que nadie puede ser culpado por lo que haga otra persona.

Pero la política también tiene responsabilidades institucionales.

Si durante años se sostuvo que quienes rodeaban a un dirigente debían responder políticamente por lo que ocurría dentro de su estructura, entonces ahora habrá que explicar si esa regla sigue vigente.

La política no puede tener una vara para los amigos y otra para los enemigos.

Eso sería precisamente aquello que Facundo Torres calificó como “doble moral”.

Y quizás sea esta la parte más incómoda de toda esta historia.

Porque cuando uno pasa demasiado tiempo repartiendo certificados de moralidad, llega inevitablemente el momento en que alguien puede pedirle que muestre el suyo.

La UCR tiene ahora una oportunidad. Puede actuar con seriedad, dejar que la Justicia haga su trabajo, separar claramente las responsabilidades institucionales de las personales y, al mismo tiempo, revisar con honestidad aquello que tantas veces exigió a los demás.

No se trata de defender a Ludueña ni de condenarlo antes de tiempo. Se trata de exigir coherencia.

Porque si una denuncia alcanza para exigir la cabeza de un adversario, también tiene que alcanzar para asumir responsabilidades cuando el sospechoso está dentro de la propia casa.

La política puede equivocarse. Lo que no puede hacer es cambiar la vara según el color de la camiseta.

Y esta vez, guste o no, la astilla salió del mismo palo.