Malvinas: cuando la crítica importa más que la soberanía

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay algo llamativo en la reacción que provocó el nuevo énfasis del Gobierno sobre la cuestión Malvinas: buena parte de la oposición parece más preocupada por demostrar que Javier Milei llegó tarde que por discutir si las medidas anunciadas fortalecen o no la posición argentina. El debate, así planteado, corre el riesgo de convertirse en una competencia por la autoría de las herramientas jurídicas en lugar de concentrarse en el objetivo principal: defender la soberanía nacional frente al avance británico sobre los recursos del Atlántico Sur.

La política exterior no debería medirse únicamente por el calendario. Que una ley exista desde hace años no significa que haya producido resultados efectivos. La Argentina cuenta con una larga tradición de normas, resoluciones y declaraciones sobre Malvinas. Sin embargo, mientras esos instrumentos dormían en los boletines oficiales, las empresas vinculadas con la explotación petrolera continuaron avanzando y el Reino Unido consolidó hechos consumados alrededor del archipiélago.

Ese es precisamente el punto que muchos de los críticos parecen pasar por alto.

Resulta curioso escuchar reproches sobre la demora en aplicar leyes cuya eficacia tampoco quedó demostrada durante las administraciones que hoy reclaman mayor rapidez. Si la legislación vigente era tan contundente como sostienen algunos dirigentes, vale preguntarse por qué el proyecto Sea Lion logró avanzar durante años con financiamiento internacional, planificación operativa y respaldo empresarial sin que esos mecanismos consiguieran frenarlo de manera decisiva.

La paradoja es evidente. Quienes ahora presentan esas normas como una solución inmediata gobernaron durante extensos períodos sin lograr impedir el fortalecimiento de la presencia económica británica en la zona en disputa.

Algunos funcionarios opositores insisten en que Milei simplemente descubrió herramientas que ya existían. La observación puede ser técnicamente correcta, pero políticamente resulta incompleta. Gobernar no consiste solamente en enumerar leyes. Gobernar implica decidir cuándo utilizarlas, cómo coordinarlas con otras políticas y qué mensaje estratégico transmitir hacia el exterior.

En ese sentido, el anuncio de nuevas acciones, junto con una mayor centralidad otorgada a la cuestión Malvinas, introduce un cambio de enfoque que merece ser evaluado por sus efectos concretos y no únicamente por la fecha en que fue presentado.

Otro argumento recurrente sostiene que el Presidente habría contradicho posiciones anteriores vinculadas con Margaret Thatcher o con la autodeterminación de los habitantes de las islas. La crítica busca instalar una inconsistencia personal como si eso invalidara cualquier acción posterior en defensa de la soberanía argentina.

Sin embargo, la política internacional está llena de líderes que modificaron prioridades frente a nuevas circunstancias sin que ello implicara abandonar los intereses nacionales. La verdadera pregunta no debería ser si Milei expresó opiniones distintas en el pasado, sino si hoy está reafirmando el reclamo argentino en términos institucionales.

Y la respuesta, guste o no, apunta en esa dirección.

Paradójicamente, algunos de los propios críticos reconocen ese cambio. Agustín Rossi admite que existe un acercamiento a la política histórica de defensa de la soberanía. Daniel Filmus celebra que Malvinas vuelva a presentarse como una causa nacional. Incluso quienes cuestionan el momento elegido terminan aceptando que el contenido del discurso recupera elementos tradicionales del reclamo argentino.

Esa admisión revela una contradicción difícil de disimular.

También resulta discutible reducir todo el movimiento oficial a una supuesta especulación electoral inspirada por el fervor generado alrededor de la selección argentina. Esa explicación simplifica un fenómeno mucho más complejo. La cuestión Malvinas ocupa un lugar permanente en la identidad nacional desde hace décadas. Pretender que cualquier iniciativa sobre el tema constituye automáticamente una maniobra demagógica termina vaciando de legitimidad cualquier política pública relacionada con el archipiélago.

Si cada decisión soberana puede ser descartada como oportunismo, entonces ningún gobierno tendrá margen para actuar sin quedar atrapado en esa acusación.

Hay otro aspecto que merece atención: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional despertó sospechas inmediatas en algunos sectores, que lo interpretan como una herramienta destinada a concentrar poder o perseguir adversarios. Esa lectura anticipada parece apoyarse más en la desconfianza política que en la evidencia disponible.

Los organismos institucionales deben ser juzgados por sus competencias reales, sus mecanismos de control y su funcionamiento efectivo, no exclusivamente por las interpretaciones más pesimistas sobre sus posibles usos futuros.

En paralelo, la oposición insiste en presentar la política exterior del Gobierno como una subordinación automática a Washington o a Donald Trump. Sin embargo, esa caracterización ignora una realidad frecuente en las relaciones internacionales: los países mantienen alianzas estratégicas sin renunciar necesariamente a sus reclamos soberanos.

España continúa defendiendo Gibraltar mientras integra la OTAN. Japón sostiene sus disputas territoriales con Rusia pese a mantener vínculos occidentales. Corea del Sur combina cooperación internacional con posiciones firmes frente a Corea del Norte. La coexistencia entre alianzas y reivindicaciones nacionales no constituye una anomalía, sino una práctica habitual de la diplomacia contemporánea.

Por eso, utilizar esa relación como prueba definitiva de una supuesta renuncia argentina simplifica excesivamente un escenario mucho más matizado.

Lo verdaderamente preocupante sería que la discusión interna terminara debilitando el consenso histórico sobre Malvinas. Durante décadas, distintos gobiernos sostuvieron que la causa debía ubicarse por encima de las diferencias partidarias. Sin embargo, cada vez que una administración intenta imprimirle un nuevo impulso, aparecen sectores más interesados en contabilizar contradicciones que en fortalecer una posición común frente al Reino Unido.

Ese comportamiento beneficia poco a la Argentina.

La experiencia internacional demuestra que los reclamos territoriales prolongados requieren continuidad institucional, capacidad diplomática y adaptación estratégica. No alcanza con invocar antecedentes jurídicos. Tampoco basta con recordar decisiones pasadas. Hace falta combinar herramientas legales, presión internacional, coordinación política y presencia efectiva en el Atlántico Sur.

En ese contexto, discutir únicamente si las leyes existían desde 2011 o si determinada obra comenzó en 2022 equivale a concentrarse en el retrovisor mientras el desafío continúa avanzando hacia adelante.

La soberanía sobre Malvinas seguirá siendo una causa de largo plazo. Ningún anuncio resolverá décadas de disputa. Pero tampoco ayuda convertir cualquier movimiento oficial en una competencia por adjudicar méritos retrospectivos.

Tal vez el verdadero examen no consista en preguntar quién escribió primero una ley, sino quién logra que esa ley deje de ser una declaración simbólica para convertirse en una herramienta política con capacidad de proyectar los intereses argentinos más allá de sus propias fronteras.