La Corte dejó firme la condena contra Urribarri y se abre la puerta a su detención

• La Corte Suprema dejó firme la condena de ocho años de prisión contra Sergio Daniel Urribarri.
• El ex gobernador fue responsabilizado por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
• La investigación acreditó 143 operaciones que provocaron un perjuicio millonario a las arcas de Entre Ríos.
• La Justicia determinó la existencia de un esquema de direccionamiento de contratos de publicidad oficial.
• La resolución también dejó firmes las condenas contra otros siete involucrados en el expediente.
• La Fiscalía podría solicitar ahora la detención de Urribarri tras quedar agotada la instancia extraordinaria.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador Sergio Daniel Urribarri por hechos de corrupción vinculados con contratos de publicidad oficial durante su gestión provincial. El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por Gustavo Roberto Tamay y, de esta manera, quedaron consolidadas las penas impuestas en la misma sentencia contra todos los acusados alcanzados por el expediente.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible el planteo por incumplimientos de carácter procesal. El pronunciamiento produjo un nuevo avance decisivo en una causa que investigó una estructura destinada, según quedó establecido judicialmente, a beneficiar mediante contrataciones estatales a empresas vinculadas con personas del entorno familiar del ex mandatario entrerriano.

Tras la decisión del máximo tribunal, la Fiscalía podría solicitar la detención de Urribarri, cuya condena contempla una pena de ocho años de prisión. El ex gobernador fue responsabilizado por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, en distintos hechos cometidos durante el período en el que estuvo al frente de la provincia, entre 2007 y 2015.

La investigación determinó que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se concretaron 143 operaciones que ocasionaron un perjuicio económico calculado en más de $12 millones para las arcas provinciales. El expediente también incorporó otras maniobras relacionadas con la promoción de la precandidatura presidencial de Urribarri y con la difusión de actividades oficiales.

De acuerdo con las conclusiones a las que arribó la Justicia, durante la administración provincial funcionó un mecanismo sistemático para derivar recursos públicos hacia empresas de publicidad relacionadas con Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Si bien las compañías aparecían formalmente registradas a nombre de otras personas, la investigación estableció la existencia de vínculos que permitieron direccionar contrataciones.

El esquema incluía la adjudicación de servicios vinculados con campañas de comunicación y difusión de actos gubernamentales. Según quedó acreditado en el proceso, esos procedimientos permitían evitar los mecanismos previstos para garantizar la competencia entre distintos oferentes interesados en contratar con el Estado.

Las contrataciones eran posteriormente aprobadas mediante decretos y, según la acusación que fue respaldada en las distintas instancias judiciales, se elaboraban actas que simulaban acreditar prestaciones que no se correspondían con la realidad. La Justicia encuadró estas conductas dentro de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

La sentencia que ahora quedó firme también alcanzó a otros integrantes del esquema. Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, al ser considerados partícipes primarios en las maniobras investigadas.

El resto de los condenados recibió penas menores, en varios casos de cumplimiento condicional. Gustavo Tamay fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación, mientras que Corina Elizabeth Cargnel y Gerardo Daniel Caruso recibieron la misma pena por su participación en los hechos.

También quedaron firmes las condenas contra Luciana María Belén Almada y Emiliano Osvaldo Giacopuzzi, quienes fueron sentenciados a dos años y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación como partícipes secundarios de las maniobras consideradas delito continuado.

La decisión de la Corte no implicó una revisión del fondo de las condenas, sino que rechazó el recurso por cuestiones formales. Sin embargo, sus efectos son determinantes porque agotaron la instancia extraordinaria y consolidaron las penas establecidas en el expediente.

Ahora, el foco queda puesto en la situación procesal de Urribarri y en los próximos movimientos de la Fiscalía. La eventual solicitud de detención marcaría una nueva etapa en el proceso contra quien gobernó Entre Ríos durante ocho años y posteriormente ocupó el cargo de embajador argentino.