Sueños Compartidos: el juicio entra en su etapa final y el veredicto se conocerá tras las últimas palabras

• El Tribunal Oral Federal 5 convocó a los acusados para el 11 de septiembre, cuando podrán pronunciar sus últimas palabras.
• La Fiscalía y la UIF solicitaron rechazar los planteos de nulidad y prescripción formulados por las defensas.
• Los acusados cuestionaron la valoración de la prueba y sostuvieron que no se acreditaron los delitos atribuidos.
• Las defensas también argumentaron que la acción penal se encuentra prescripta por el vencimiento de los plazos procesales.
• La causa investiga el presunto desvío de más de 206 millones de pesos destinados a viviendas sociales entre 2005 y 2011.
• Tras escuchar las últimas palabras, los jueces definirán cuándo darán a conocer el veredicto del juicio por Sueños Compartidos.

El juicio oral por la causa Sueños Compartidos ingresó en su etapa decisiva. El Tribunal Oral Federal 5 convocó a los acusados para el viernes 11 de septiembre a las 9.30, cuando tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces establezcan el momento en que darán a conocer el veredicto.

El proceso tiene entre los principales acusados al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes estuvieron al frente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante el período investigado. La entidad tuvo a su cargo distintos proyectos para la construcción de viviendas sociales financiadas con fondos del Estado nacional.

Los jueces Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg anunciaron la convocatoria al finalizar la audiencia de réplicas, instancia en la que las partes respondieron a los argumentos planteados durante los alegatos y expusieron sus posiciones respecto de los pedidos de nulidad y prescripción formulados por las defensas.

Durante esa audiencia, la Fiscalía solicitó que sean rechazados los planteos de las defensas. El Ministerio Público sostuvo que las cuestiones vinculadas con las nulidades ya habían sido analizadas al comienzo del debate y defendió la validez de las pruebas incorporadas al expediente.

El fiscal Diego Velazco también respaldó el peritaje elaborado por profesionales de la Corte Suprema, que había sido cuestionado por los acusados. Según la acusación, no existieron elementos que permitieran considerar que ese informe hubiera sido realizado de manera arbitraria o sin objetividad. La Unidad de Información Financiera acompañó la postura fiscal y reclamó que los planteos de los abogados defensores sean desestimados.

Las defensas, en cambio, mantuvieron sus pedidos de absolución y prescripción. Los abogados sostuvieron que durante el debate no se logró demostrar la responsabilidad penal de sus representados y cuestionaron la manera en que fue valorada la prueba. También señalaron supuestas deficiencias y omisiones en los estudios técnicos vinculados con las obras realizadas.

Uno de los principales argumentos de los acusados está relacionado con el paso del tiempo y el supuesto vencimiento de los plazos para continuar con la acción penal. Las defensas consideran que el último acto con capacidad para interrumpir la prescripción fue la citación a juicio realizada el 8 de julio de 2020, posteriormente reprogramada para el 15 de septiembre de ese año. A partir de esa interpretación, sostienen que la acción penal debería considerarse extinguida.

La investigación analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011. La hipótesis acusatoria sostiene que una parte de los recursos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo habría sido desviada hacia finalidades diferentes de aquellas para las que habían sido asignados.

El monto cuestionado asciende a más de 206 millones de pesos de aquella época y comprende proyectos desarrollados en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco y Santiago del Estero. Las obras habían sido financiadas por el Estado mediante adjudicaciones directas a la fundación.

La Fiscalía y la UIF solicitaron penas de seis años de prisión e inhabilitación especial para Sergio y Pablo Schoklender, De Vido, López y Abel Fatala. Para Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, en tanto, reclamaron cuatro años de prisión.

Todas las defensas rechazaron esas acusaciones y pidieron la absolución de sus representados. El próximo viernes, con las últimas palabras de los imputados, quedará concluida la etapa previa a la decisión del tribunal. Luego, los jueces deberán definir cuándo comunicarán el veredicto de un proceso que lleva años de recorrido judicial y que ahora se encamina hacia su resolución.