La tentación de un poder sin aliados, pero con reclutas

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política suele exhibir una paradoja persistente: los gobiernos que prometen romper con las viejas prácticas terminan utilizando herramientas sorprendentemente parecidas cuando descubren que gobernar también exige construir mayorías. La Libertad Avanza atraviesa precisamente ese momento. Mientras Javier Milei concentra su estrategia en asegurar un nuevo mandato presidencial en 2027, el oficialismo despliega una ingeniería silenciosa destinada a ampliar su base política sin resignar el monopolio de la conducción. El objetivo no parece ser construir una coalición. El verdadero propósito consiste en absorber voluntades sin compartir el poder.

Esa diferencia resulta más trascendente de lo que parece. Una alianza supone reconocer que el otro aporta identidad, estructura y capacidad de decisión. En cambio, el esquema que hoy ensaya el oficialismo responde a una lógica distinta: conversar con dirigentes de otros espacios, especialmente del radicalismo, pero evitar que esos partidos ingresen como actores institucionales a la mesa donde se diseñan las estrategias electorales. Es una invitación personal, no colectiva. Una incorporación de individuos, no de organizaciones.

La exclusión de la Unión Cívica Radical como partido revela mucho más que una diferencia táctica. Expone el límite del proyecto libertario cuando debe convivir con fuerzas que conservan historia, debates internos y autonomía política. El radicalismo puede estar fragmentado, atravesado por disputas y sin una conducción indiscutida, pero continúa representando una tradición que incomoda a quienes prefieren relaciones verticales. La existencia de sectores críticos dentro de ese partido convierte cualquier acuerdo formal en un riesgo para una administración acostumbrada a privilegiar la disciplina antes que la deliberación.

La figura de Martín Lousteau sintetiza ese problema desde la perspectiva oficialista. Su oposición constante a numerosas iniciativas del Gobierno funciona como argumento suficiente para descartar una negociación institucional con toda la UCR. Sin embargo, reducir un partido centenario a uno de sus dirigentes también constituye una simplificación interesada. En realidad, el obstáculo no reside únicamente en Lousteau. El verdadero inconveniente es que un acuerdo orgánico obligaría al oficialismo a aceptar interlocutores con capacidad de discutir condiciones, exigir espacios y plantear diferencias públicas.

Por eso las conversaciones avanzan por otro camino. Gobernadores, senadores y referentes provinciales reciben señales individuales. Algunos mantienen buena relación con la Casa Rosada. Otros encuentran puntos de coincidencia en temas específicos. El Gobierno interpreta esos vínculos como una oportunidad para construir un entramado político más amplio sin necesidad de reconocer formalmente una sociedad entre partidos. Es una estrategia pragmática, aunque también profundamente utilitaria.

Lo llamativo es que ese método reproduce una costumbre histórica de la política argentina: fragmentar a la oposición para fortalecer al oficialismo. La diferencia radica en que ahora esa práctica aparece envuelta en un discurso que prometía terminar con la lógica de la vieja política. Resulta difícil sostener el relato de la renovación absoluta cuando las incorporaciones se negocian despacho por despacho, dirigente por dirigente y provincia por provincia.

Mientras tanto, desde el radicalismo emergen voces que intentan ofrecer un camino alternativo. La apelación a superar la grieta vuelve a instalar un lenguaje que muchos consideran agotado, pero también refleja una necesidad evidente: encontrar un espacio propio entre un oficialismo expansivo y una oposición peronista que tampoco logra ordenar sus liderazgos. La dificultad consiste en que esas convocatorias suelen quedarse en declaraciones de principios cuando deberían transformarse en una propuesta concreta capaz de competir con la polarización existente.

El problema del radicalismo no consiste únicamente en definir si debe acercarse o alejarse del Gobierno. Su verdadero desafío pasa por explicar qué representa en una Argentina donde los electorados parecen premiar cada vez más los liderazgos fuertes y castigar las posiciones intermedias. Esa indefinición facilita que muchos de sus dirigentes exploren acuerdos personales antes que construir una estrategia partidaria consistente.

Los gobernadores ilustran con claridad esa tensión. Algunos privilegian la cooperación institucional porque necesitan mantener canales abiertos con la Nación. Otros consideran que un entendimiento electoral podría diluir sus identidades provinciales. Incluso aparece una fórmula curiosa: la llamada confrontación acordada, una expresión que resume bastante bien las contradicciones del momento. Competir sin romper puentes. Discutir sin clausurar futuras negociaciones. La política argentina parece haber perfeccionado el arte de mantener abiertas todas las puertas al mismo tiempo.

El caso de Corrientes ofrece otra enseñanza. Allí quedó demostrado que las buenas relaciones personales no siempre alcanzan para construir acuerdos electorales duraderos. Los intereses territoriales pesan más que las afinidades discursivas. Cada provincia administra sus propios tiempos, sus propios liderazgos y sus propias necesidades. Esa diversidad explica por qué la estrategia nacional del oficialismo avanza de manera desigual según el distrito.

En paralelo, el debate sobre la reforma electoral adquiere un valor político mucho mayor que el técnico. La suspensión de las PASO en algunas provincias entusiasma al Gobierno porque interpreta esos movimientos como un antecedente favorable para impulsar cambios de alcance nacional. Sin embargo, conviene observar el fenómeno con cierta prudencia. Las reglas electorales no deberían modificarse únicamente porque favorecen a quienes hoy ocupan el poder. Cuando las reformas aparecen demasiado vinculadas a la conveniencia del oficialismo de turno, inevitablemente despiertan sospechas sobre sus verdaderas motivaciones.

Existe otro aspecto que merece atención. La concentración de decisiones alrededor del entorno presidencial puede ofrecer rapidez operativa, pero también reduce los espacios donde las discrepancias enriquecen las estrategias. Las mesas políticas demasiado homogéneas suelen confundirse con eficacia hasta que enfrentan la primera crisis importante. La historia argentina ofrece abundantes ejemplos de gobiernos convencidos de que la cohesión interna bastaba para garantizar estabilidad, hasta que descubrieron que la falta de pluralismo terminaba debilitando la calidad de sus decisiones.

Quizás allí resida la principal incógnita hacia 2027. Milei parece convencido de que puede ampliar su poder sin compartirlo. Puede sumar dirigentes sin integrar partidos. Puede consolidar mayorías sin construir una coalición tradicional. Es una apuesta audaz, coherente con su estilo de liderazgo y funcional a una narrativa que privilegia la centralidad del Presidente sobre cualquier estructura colectiva.

Sin embargo, la política suele cobrar intereses elevados cuando las cuentas parecen demasiado favorables. Los aliados circunstanciales rara vez ofrecen la misma estabilidad que las alianzas construidas sobre compromisos duraderos. Los acuerdos personales pueden resolver una elección. Lo que difícilmente resuelvan es el desafío de gobernar un país complejo durante cuatro años más.

Tal vez la mayor ironía del momento sea que un gobierno nacido para desafiar al sistema termine necesitando, cada vez más, las piezas del mismo tablero que prometió reemplazar. Y esa contradicción podría convertirse, con el tiempo, en el verdadero examen de su proyecto político.