


Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
Hay un momento en toda administración en el que el futuro empieza a ocupar más espacio que el presente. No porque los problemas cotidianos hayan desaparecido, sino porque el oficialismo necesita construir un horizonte que mantenga viva la expectativa. Ese parece ser el punto en el que ingresó Javier Milei. Mientras buena parte de la discusión pública continúa girando alrededor del bolsillo, del consumo y de la capacidad de recuperación de la economía real, el Presidente ya habla de su próxima fórmula presidencial, de reformas institucionales pensadas para trascender su mandato y de un legado que pretende dejar escrito antes de concluir su gestión.
No es un dato menor. Cuando un presidente comienza a discutir quién lo acompañará en la siguiente elección antes que las urgencias del presente, el mensaje político es evidente: pretende instalar la idea de continuidad. Gobernar deja de ser únicamente administrar el día a día para transformarse en la construcción de un proyecto destinado a sobrevivirle. En ese punto, la conversación política cambia de eje. Ya no se trata únicamente de resolver problemas; se trata de convencer de que el rumbo merece otra oportunidad.
El anuncio de que el candidato a vicepresidente ya está elegido, aunque su nombre permanezca bajo siete llaves, tiene mucho más valor simbólico que electoral. En primer lugar porque confirma que la ruptura con Victoria Villarruel dejó de ser una crisis pasajera para convertirse en un divorcio político definitivo. La vicepresidenta ya no aparece como una socia incómoda sino como una etapa terminada. El silencio sobre el nombre del futuro compañero de fórmula es, en realidad, una forma de hablar del presente sin mencionarlo.
La política suele ser cruel con los símbolos. Y pocas imágenes reflejan tanto esa dinámica como la de un presidente que comienza a diseñar su próximo binomio cuando todavía comparte el poder institucional con quien llegó a la Casa Rosada apenas dos años y medio antes. La fotografía dice más que cualquier declaración.
En paralelo, Milei vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que forma parte de su identidad política desde mucho antes de asumir: la eliminación de las PASO. El argumento económico resulta sencillo de comprender. Si las primarias representan un gasto considerable para el Estado y los partidos podrían resolver internamente la selección de sus candidatos, la pregunta parece razonable. Sin embargo, detrás del ahorro fiscal también existe una lectura política inevitable.
Las PASO fueron concebidas para ampliar la participación ciudadana y ordenar la competencia partidaria. Suprimirlas no constituye solamente una decisión presupuestaria; implica modificar una de las reglas centrales del sistema electoral argentino. Como ocurre con cualquier reforma institucional, el debate excede los números. La cuestión consiste en determinar qué se gana y qué se pierde cuando cambian las reglas del juego democrático.
Ese mismo razonamiento aparece en la reforma que el Gobierno considera prioritaria: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Allí Milei intenta dar una batalla conceptual que acompaña todo su recorrido político. Su objetivo consiste en impedir que futuras administraciones utilicen nuevamente la emisión monetaria como mecanismo para financiar el déficit fiscal.
La propuesta tiene una lógica consistente con la filosofía económica del oficialismo. Blindar institucionalmente al Banco Central significaría, según esa visión, impedir que la política recurra otra vez a una herramienta que considera responsable de buena parte de las crisis argentinas. Pero también abre otro interrogante inevitable: hasta qué punto una ley puede proteger definitivamente a una institución en un país donde las mayorías parlamentarias suelen modificar con relativa facilidad aquello que una gestión presenta como irreversible.
La historia argentina enseña precisamente eso. Ninguna reforma resulta permanente si el consenso político que la sostiene desaparece. Las leyes pueden cambiarse. Las instituciones pueden rediseñarse. Los organismos pueden adquirir nuevas funciones. El verdadero blindaje nunca termina siendo jurídico sino político y cultural.
Mientras tanto, el Presidente continúa defendiendo la secuencia de logros que considera el principal activo de su gestión: equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria, normalización cambiaria, recuperación de reservas y reconstrucción de la credibilidad financiera. Son indicadores que efectivamente forman parte del relato oficial y que encuentran respaldo en distintas variables macroeconómicas.
Sin embargo, allí aparece la tensión que probablemente defina el próximo tramo del mandato. La macroeconomía puede exhibir mejoras sin que la percepción social acompañe con la misma velocidad. La política no vive únicamente de estadísticas; también depende de sensaciones. Y las sensaciones suelen demorarse bastante más que los indicadores.
El propio Milei admite que una parte importante de la sociedad todavía no percibe plenamente esa recuperación en sus ingresos. Esa sinceridad representa, al mismo tiempo, una fortaleza y un riesgo. Fortalece el discurso porque evita promesas inmediatas difíciles de cumplir. Pero también obliga al Gobierno a administrar la paciencia social durante un período que todavía no tiene fecha cierta de finalización.
Algo similar ocurre con las inversiones. Los anuncios sobre proyectos multimillonarios generan expectativas positivas y permiten imaginar una economía con mayor capacidad exportadora. Sin embargo, la experiencia argentina también enseña que entre un anuncio, una aprobación administrativa y una inversión efectivamente ejecutada suele existir un largo recorrido. Las cifras impresionan. Los resultados concretos requieren tiempo.
La negativa presidencial a orientar inversiones privadas mediante la intervención estatal también responde a una definición ideológica antes que coyuntural. Milei insiste en que el rol del Estado consiste únicamente en establecer reglas claras y permitir que el mercado determine dónde invertir. Es una posición coherente con su pensamiento liberal, aunque también supone un desafío considerable en un país acostumbrado durante décadas a una fuerte participación estatal en las decisiones estratégicas.
Quizás la frase más reveladora no haya sido ninguna vinculada con la economía. Tal vez haya sido aquella en la que habló del legado que desea dejar. Cuando un presidente comienza a definir cómo quiere ser recordado, inevitablemente empieza a escribir su propia interpretación de la historia antes de que la historia lo juzgue.
Pero el legado nunca pertenece exclusivamente a quien gobierna. También depende de cómo lo evalúen quienes atravesaron ese proceso. La historia argentina está llena de dirigentes convencidos de haber cambiado definitivamente el rumbo del país y que, con el paso de los años, terminaron siendo observados desde perspectivas muy distintas a las que imaginaron.
Por eso, mientras el oficialismo diseña la próxima fórmula presidencial, impulsa reformas estructurales y proyecta una continuidad política, todavía persiste una pregunta mucho más inmediata que cualquier legado futuro: cuándo esa estabilidad macroeconómica logrará convertirse en una mejora tangible para la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Porque allí, mucho antes que en cualquier elección o reforma institucional, se terminará jugando el verdadero veredicto sobre este gobierno.



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