La política del suspenso también tiene fecha de vencimiento

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay una escena que se repite con una frecuencia casi ritual en la administración de Javier Milei. El Gobierno asegura que tiene un plan, afirma que conoce el destino y, mientras tanto, convierte el recorrido en un misterio. La estrategia consiste en administrar la incertidumbre como si fuera un activo político. Mostrar poco, revelar menos y negociar sobre un terreno donde nadie conoce del todo las reglas. Esa lógica, que en algunos momentos puede otorgar ventajas tácticas, empieza a exhibir también sus límites cuando se traslada al terreno parlamentario.

La discusión sobre la reforma electoral es probablemente el mejor ejemplo de esa tensión. No porque el contenido del proyecto sea irrelevante. Todo lo contrario. Se trata de una de las iniciativas que el oficialismo considera centrales para reconfigurar el escenario político de los próximos años. Sin embargo, cuanto más importante parece ser la reforma para el círculo íntimo del poder, más llamativa resulta la decisión de mantener en reserva los cambios que está dispuesto a aceptar para conseguir los votos necesarios.

La conducción política de Karina Milei se enfrenta aquí a un dilema clásico de cualquier negociación. Guardar las cartas puede fortalecer una posición cuando el adversario desconoce el margen de maniobra del otro. Pero también puede provocar el efecto inverso: aumentar la desconfianza de quienes deben terminar acompañando la iniciativa. Ningún gobernador quiere quedar atrapado respaldando un texto cuya versión definitiva todavía no conoce. No es una reacción caprichosa. Es simplemente una consecuencia lógica de la dinámica política.

En la Casa Rosada parecen convencidos de que revelar demasiado temprano el contenido final equivaldría a perder capacidad de negociación. El problema es que esa lectura supone que los interlocutores permanecerán inmóviles esperando la última jugada del Gobierno. La experiencia parlamentaria argentina demuestra exactamente lo contrario. Cuando la información escasea, los rumores ocupan su lugar. Cuando faltan definiciones, proliferan las especulaciones. Y cuando nadie sabe cuál será el proyecto definitivo, cada sector comienza a imaginar el escenario que más le conviene políticamente.

La consecuencia es paradójica. Una estrategia diseñada para preservar fuerza termina debilitando la construcción de consensos. No porque el oficialismo carezca necesariamente de argumentos para defender la reforma, sino porque transforma una discusión política en un juego permanente de adivinanzas.

Detrás de esa táctica aparece otro dato significativo. El cronograma original ya comenzó a correrse. Lo que hace algunos meses se imaginaba como una definición durante agosto empieza a deslizarse hacia septiembre. No parece un simple cambio de calendario. Es el reconocimiento implícito de que las conversaciones avanzan con mayor lentitud de la prevista y de que las mayorías parlamentarias siguen estando lejos de consolidarse.

Naturalmente, el Gobierno evita presentar esa demora como un retroceso. Prefiere hablar de prudencia antes que de dificultades. Insiste en que la discusión continúa abierta y que no existe necesidad de acelerar una definición. Es un discurso comprensible desde el punto de vista político. Ninguna administración admite fácilmente que todavía no consiguió los apoyos indispensables para aprobar una de sus principales reformas institucionales.

Pero detrás de esa explicación aparece una realidad mucho más incómoda. La política argentina sigue funcionando, en buena medida, sobre incentivos muy concretos. Los gobernadores administran presupuestos, obras públicas, necesidades financieras y demandas permanentes de sus provincias. El discurso de la autonomía política convive inevitablemente con la necesidad de recursos. Allí aparece uno de los principales desafíos para un Gobierno que convirtió el equilibrio fiscal en un principio innegociable.

La administración libertaria construyó buena parte de su identidad sobre la idea de terminar con los mecanismos tradicionales de negociación entre la Nación y las provincias. Sin embargo, el Congreso recuerda todos los días que las mayorías no suelen construirse únicamente con convicciones ideológicas. También requieren acuerdos, concesiones y, muchas veces, respuestas concretas a los intereses de cada distrito.

Ese choque entre la lógica económica y la lógica parlamentaria explica buena parte del momento actual. Mientras el Ministerio de Economía procura sostener el ajuste y limitar las transferencias, los mandatarios provinciales observan con escasos incentivos para asumir el costo político de acompañar iniciativas sensibles. Nadie quiere aparecer cediendo sin obtener absolutamente nada a cambio.

El oficialismo intenta instalar otra interpretación. Sostiene que la lentitud legislativa responde al clima general que atraviesa el Congreso y a las tensiones acumuladas durante los últimos meses. Existe algo de verdad en esa explicación. El Parlamento atravesó semanas particularmente agitadas, con conflictos internos, proyectos demorados y debates que terminaron postergándose una y otra vez. Pero sería simplificar demasiado creer que todos los obstáculos responden exclusivamente al contexto institucional.

También existe un problema de construcción política. Gobernar implica administrar prioridades, pero también administrar tiempos. Y en ocasiones ambos relojes dejan de sincronizarse. El Ejecutivo parece convencido de que muchos gobernadores terminarán acompañando cuando llegue el momento decisivo. Puede que tenga razón. La historia parlamentaria argentina ofrece numerosos antecedentes de definiciones que aparecieron apenas unas horas antes de una votación trascendente. Sin embargo, confiar exclusivamente en esa lógica también implica asumir riesgos importantes.

Hay otro elemento que vuelve todavía más complejo el panorama. Ya no alcanza con persuadir a los gobernadores. El mapa político provincial se fragmentó de tal manera que muchos legisladores responden más a sus propios espacios territoriales que a las decisiones de los mandatarios. Las estructuras partidarias perdieron capacidad de disciplinamiento y las lealtades se volvieron considerablemente más volátiles. El Gobierno puede alcanzar entendimientos con algunos ejecutivos provinciales y aun así encontrarse con resistencias dentro de los propios bloques legislativos.

Esa fragmentación obliga a negociar varias veces la misma iniciativa. Primero con los gobernadores. Después con los diputados. Más tarde con los senadores. Finalmente, con cada sector que reclama modificaciones específicas. Es una ingeniería política infinitamente más compleja que la de otros tiempos.

Mientras tanto, el oficialismo mantiene una convicción inalterable: la reforma electoral terminará avanzando de una forma u otra. Esa seguridad explica por qué continúa administrando el suspenso como herramienta de negociación. Sin embargo, toda estrategia basada en el secreto tiene un límite temporal. Llega un momento en que las cartas deben mostrarse porque la política deja de girar alrededor de las expectativas y comienza a depender exclusivamente de los votos.

Y en democracia existe una verdad que ningún gobierno logra modificar, por más sofisticada que sea su estrategia de negociación: las leyes no se aprueban con silencios cuidadosamente administrados. Se aprueban cuando las mayorías dejan de ser una expectativa para transformarse en una realidad verificable dentro del recinto.