El Gobierno impulsa un amplio proyecto de desregulación económica con cambios en comercio, agro, farmacias y mercado financiero

• El Gobierno impulsa un anteproyecto de ley que modifica más de un centenar de artículos vinculados a distintos sectores de la economía.
• La iniciativa propone eliminar regulaciones en actividades comerciales, productivas, financieras y de servicios.
• El proyecto habilita cambios en farmacias, corretaje, mercado de capitales, cabotaje y comercialización de medicamentos.
• También prevé reformas para el sector agropecuario, la industria vitivinícola y el mercado del gas licuado de petróleo.
• Entre las medidas figura la derogación de varias leyes históricas vinculadas con arrendamientos rurales, COVIAR y regulación del GLP.
• El objetivo declarado del Gobierno es reducir la intervención estatal, promover la competencia y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías.

El Gobierno nacional comenzó a difundir un extenso anteproyecto de ley de desregulación económica que propone una profunda reforma sobre múltiples sectores de la actividad productiva, comercial y financiera. La iniciativa, compuesta por más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos, busca reducir la intervención del Estado, flexibilizar regulaciones vigentes y promover una mayor competencia mediante modificaciones en normas que abarcan desde el Código Civil y Comercial hasta la legislación sobre farmacias, navegación, mercado de capitales, actividad agropecuaria y vitivinícola.

El texto plantea una de las transformaciones regulatorias más amplias desde el inicio de la administración de Javier Milei y avanza sobre leyes que, en algunos casos, llevan varias décadas de vigencia. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es eliminar restricciones consideradas innecesarias, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y generar condiciones para un funcionamiento más competitivo de los distintos mercados.

Uno de los capítulos modifica el régimen del corretaje. De aprobarse la iniciativa, para ejercer la actividad solo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario, eliminándose diversos requisitos actualmente vigentes. Además, se habilita que puedan desempeñarse tanto personas humanas como jurídicas y que la intermediación pueda realizarse a través de plataformas digitales.

El proyecto también establece que futuras regulaciones no podrán imponer exigencias de residencia, incompatibilidades con otras profesiones, aranceles mínimos o máximos ni honorarios obligatorios. En ese marco, propone derogar varios artículos de la Ley 20.266 y una disposición del Código Civil y Comercial.

Otra de las reformas de mayor alcance se refiere al mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). La iniciativa limita la intervención estatal exclusivamente a cuestiones vinculadas con la seguridad técnica y elimina la posibilidad de regular precios, cantidades comercializadas, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales. Como consecuencia, también prevé la derogación de la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector.

En materia cultural, el anteproyecto modifica la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, asignando a la Secretaría de Cultura el rol de autoridad de aplicación y eliminando diversos organismos y mecanismos regulatorios. Asimismo, propone derogar la ley de precio uniforme del libro, lo que abriría la puerta a una mayor libertad comercial en la fijación de precios de las publicaciones, y también elimina la normativa vinculada a la industria del doblaje.

El régimen de los traductores públicos también sufriría cambios. El Poder Ejecutivo solo podría exigir traducciones al castellano en situaciones excepcionales, cuando existan razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales que así lo justifiquen.

Uno de los apartados que podría generar mayor debate es el referido a las farmacias. La propuesta habilita la venta digital de medicamentos con receta, la entrega a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias tradicionales. También autoriza la digitalización de recetas y registros, elimina restricciones sobre los horarios de atención y permite que las farmacias adopten cualquier forma societaria prevista por la legislación vigente.

En el sector agropecuario, el proyecto incorpora modificaciones significativas. En el caso de la carne vacuna, prevé eliminar desde octubre de 2027 las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que pasaría a sostenerse mediante aportes voluntarios, donaciones y la prestación de servicios.

A su vez, propone derogar las históricas leyes que regulan los contratos de arrendamientos y aparcerías rurales, aunque mantiene la vigencia de las normas actuales para los contratos que ya se encuentren en ejecución hasta su vencimiento.

La industria vitivinícola también figura entre los sectores alcanzados. El proyecto incorpora prácticas reconocidas internacionalmente para la producción de vinos, simplifica controles oficiales y establece nuevos criterios sancionatorios. Además, dispone la derogación de la ley que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), organismo que deberá presentar un informe final de gestión antes de su liquidación.

Otro de los cambios relevantes afecta a la marina mercante. La iniciativa habilita el transporte de cabotaje por parte de buques extranjeros y establece un esquema gradual de incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia de las embarcaciones en el país. Asimismo, propone derogar el Decreto Ley 19.492 de 1944, considerado uno de los pilares de la reserva de carga nacional.

En el plano financiero, el proyecto impulsa una fuerte modernización del mercado de capitales. Entre otras medidas, reconoce plenamente la validez de pagarés y letras digitales, habilita cláusulas de actualización e indexación, flexibiliza el funcionamiento de los fideicomisos y promueve la utilización de activos digitales y registros distribuidos. También amplía las facultades de la Comisión Nacional de Valores para supervisar un mercado cada vez más digitalizado.

Con este conjunto de modificaciones, el Gobierno busca avanzar en una profunda transformación del marco regulatorio argentino mediante la derogación de numerosas leyes históricas y la incorporación de un esquema orientado a la desregulación económica, la digitalización de procesos y una menor intervención estatal en distintos sectores de la actividad.