La construcción advierte una profunda crisis por la paralización de la obra pública y la pérdida de empleo

• La construcción estima que perdió entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo desde 2023.
• Empresarios y sindicalistas atribuyen la crisis a la paralización de la obra pública.
• El sector reclama una mayor interlocución con el Gobierno para abordar los problemas de infraestructura y vivienda.
• COMARCO sostiene que la actividad permanece un 25% por debajo de los niveles registrados en 2023.
• Las concesiones viales son consideradas una alternativa parcial para el mantenimiento de las rutas nacionales.
• Los referentes del sector advierten que el Estado seguirá siendo clave para financiar gran parte de la infraestructura del país.

El sector de la construcción volvió a expresar su preocupación por la fuerte caída de la actividad y el impacto que la paralización de la obra pública tiene sobre el empleo, la infraestructura y la política habitacional. Representantes de los trabajadores y de las empresas coincidieron en señalar que la actividad atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años, con una pérdida estimada de entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo desde 2023 y una marcada falta de interlocución con el Gobierno nacional para abordar la situación.

Las advertencias fueron formuladas por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (COMARCO), Gustavo Weiss, quienes coincidieron en el diagnóstico sobre el presente del sector durante una actividad realizada en el marco de la Exposición Rural.

Ambos dirigentes señalaron que la interrupción de numerosas obras públicas constituye el principal factor que explica la retracción de la actividad. En particular, hicieron referencia a la desaceleración de los proyectos viales y a la escasez de recursos destinados a obras de infraestructura en las provincias, situación que, según sostienen, limita tanto la inversión como la generación de empleo.

Desde el sector empresario estiman que entre 100.000 y 130.000 trabajadores dejaron de desempeñarse en la actividad desde 2023, reflejando el impacto que tuvo la reducción de la inversión pública sobre un rubro tradicionalmente intensivo en mano de obra.

Además del deterioro de los indicadores económicos, los representantes de la construcción señalaron la ausencia de un interlocutor claramente definido dentro del Estado nacional para canalizar los reclamos vinculados con la infraestructura y la política de vivienda. Tanto empresarios como sindicalistas afirmaron que existen dificultades para establecer un ámbito de diálogo permanente que permita discutir las necesidades del sector y diseñar estrategias de recuperación.

Si bien reconocieron que continúan existiendo contactos con distintos organismos oficiales, sostuvieron que el intercambio carece de la continuidad y la coordinación necesarias para abordar problemas estructurales que afectan a la actividad.

Otro de los puntos planteados durante las declaraciones fue la diferencia entre la percepción del sector y algunos indicadores oficiales. Weiss cuestionó los últimos datos difundidos por el INDEC, que mostraron una recuperación de determinados indicadores vinculados con la construcción, y aseguró que los relevamientos propios de la cámara reflejan una realidad diferente.

Según explicó, el nivel de actividad permanece estabilizado, aunque aproximadamente un 25% por debajo de los registros observados durante 2023. Para fundamentar esa evaluación, señaló que algunos indicadores, como el consumo de cemento, presentan oscilaciones mensuales que no alcanzan para modificar la tendencia general de estancamiento.

A su entender, el empleo constituye el indicador más representativo del estado del sector, ya que refleja de manera directa el nivel efectivo de ejecución de obras y la demanda de mano de obra.

En cuanto a la infraestructura vial, Weiss se refirió al esquema de concesiones impulsado por el Gobierno para delegar en operadores privados el mantenimiento de parte de la red nacional de rutas mediante el cobro de peajes. El dirigente manifestó su respaldo a esa iniciativa al considerar que puede contribuir a sostener el estado de algunos corredores estratégicos sin incrementar el gasto público.

No obstante, advirtió que el alcance del programa será limitado. Según explicó, las concesiones abarcarán alrededor de 9.000 kilómetros de la red vial nacional, mientras que otros 30.000 kilómetros presentan niveles de tránsito insuficientes para resultar económicamente viables bajo ese modelo.

Por ese motivo, sostuvo que el Estado continuará teniendo un papel determinante en la conservación y el desarrollo de una parte importante de la infraestructura vial del país, especialmente en aquellas regiones donde la inversión privada no encuentra incentivos suficientes para participar.

Las advertencias del sector contrastan con la visión expresada por el Gobierno sobre la evolución de la economía. Mientras desde el oficialismo se destaca un proceso de recuperación de distintos indicadores macroeconómicos, empresarios y representantes sindicales de la construcción sostienen que la actividad aún enfrenta importantes desafíos vinculados con la inversión, el empleo y la continuidad de las obras de infraestructura.