Con nuevos fondos nacionales, crece la presión de los gremios sobre Llaryora para revisar el ajuste previsional

La llegada de recursos enviados por la Nación modificó el escenario financiero de Córdoba y abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno provincial y los gremios estatales. Tras el ingreso de fondos extraordinarios, las organizaciones sindicales sostienen que ya no existen motivos para mantener las medidas de ajuste aplicadas sobre jubilados y trabajadores públicos.

El anticipo de 400.000 millones de pesos correspondiente a la coparticipación federal, sumado al incremento de las transferencias de la ANSES para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y la expectativa por futuros Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reactivó los reclamos que permanecían latentes desde la sanción de la Ley de Equidad Jubilatoria.

Los sindicatos reclaman el fin del ajuste

Hasta hace pocas semanas, la administración de Martín Llaryora argumentaba que las dificultades financieras de la provincia obligaban a sostener las medidas de contención del gasto. La baja en la recaudación y la demora en la llegada de fondos nacionales eran presentadas como los principales condicionantes.

Sin embargo, el nuevo panorama económico llevó a los gremios a exigir un cambio de rumbo. En un documento difundido durante el fin de semana, las organizaciones que aportan a la Caja de Jubilaciones reclamaron el levantamiento inmediato de las medidas de ajuste previsional y sostuvieron que el incremento de los envíos de la ANSES elimina la principal justificación económica para mantener los descuentos sobre los haberes.

El planteo también respalda el reclamo institucional que Córdoba mantiene ante la Nación por los recursos adeudados al sistema previsional, aunque al mismo tiempo exige que el alivio financiero se traduzca en beneficios concretos para trabajadores activos y jubilados.

La Ley de Equidad Jubilatoria vuelve al centro del debate

La normativa previsional continúa siendo uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos.

Las entidades gremiales insisten en que la reforma significó un mayor esfuerzo para los jubilados y recuerdan que ya existen fallos judiciales favorables a reclamos individuales que cuestionan algunos aspectos de su aplicación.

Si bien esas resoluciones no tienen alcance general, desde los sectores sindicales consideran que podrían convertirse en el antecedente para futuras acciones colectivas, especialmente ahora que la Provincia comienza a contar con mayores recursos.

También crecen los reclamos por los créditos del Bancor

Además del conflicto previsional, los gremios volvieron a cuestionar la situación de miles de empleados públicos endeudados con el Banco de Córdoba.

Las organizaciones denuncian que los descuentos automáticos sobre las cuentas sueldo alcanzan, en numerosos casos, porcentajes muy elevados de los ingresos mensuales e incluso afectan conceptos como el aguinaldo, asignaciones familiares o beneficios sociales.

También cuestionan las condiciones de refinanciación ofrecidas por la entidad financiera y aseguran que las tasas vigentes resultan excesivas para los trabajadores estatales. Por ese motivo solicitaron que el Gobierno provincial impulse mecanismos que limiten el porcentaje de descuentos aplicados sobre los salarios.

Convocan a una jornada provincial de protesta

En este contexto, el Movimiento Obrero de Córdoba anunció una movilización para el próximo 22 de julio, con una concentración prevista en el centro de la capital provincial.

La convocatoria buscará unificar distintos reclamos, entre ellos la revisión de la Ley de Equidad Jubilatoria, la restitución del 82% móvil, el rechazo a los descuentos bancarios y la utilización de los nuevos recursos nacionales para aliviar la situación económica de los trabajadores y jubilados.

Aunque desde el Gobierno sostienen que la asistencia financiera recibida no resuelve de manera definitiva los problemas fiscales de la provincia, el ingreso de fondos modificó el escenario político. Para los sindicatos, ese cambio obliga ahora al Ejecutivo a revisar las políticas de ajuste y responder a una demanda que promete ganar protagonismo en las calles durante los próximos meses.