Passerini busca autorización para endeudar a Córdoba, pero el ahogo financiero nunca debió existir

CÓRDOBA Por Jorge Levin

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La Municipalidad de Córdoba espera la autorización del Gobierno nacional para concretar una emisión de bonos por alrededor de 120 millones de dólares, una operación que le permitiría refinanciar vencimientos de deuda y aliviar la presión financiera que enfrenta la administración de Daniel Passerini. El aval de la Nación es un requisito legal indispensable para que el municipio pueda salir al mercado de capitales y colocar esos títulos.

No se trata de un rescate económico por parte del presidente Javier Milei ni de una transferencia de recursos nacionales. Lo que busca el intendente es el consentimiento formal para tomar nueva deuda. Sin esa autorización, la operación no puede llevarse adelante.

Sin embargo, el debate de fondo no debería centrarse únicamente en la autorización que debe otorgar el Gobierno nacional. La verdadera discusión pasa por otra pregunta: ¿cómo llegó Córdoba Capital a una situación en la que necesita volver a endeudarse para afrontar sus compromisos financieros?

La capital cordobesa no es un municipio pobre ni carente de recursos. Por el contrario, concentra una de las economías urbanas más importantes del país. Posee una fuerte actividad comercial, industrial y de servicios, una importante base de contribuyentes y una capacidad de recaudación que muchas ciudades argentinas quisieran tener. Con semejante potencial económico, un ahogo financiero de estas características nunca debió existir.

Cuando una administración con semejante volumen de ingresos necesita recurrir nuevamente al endeudamiento para atender vencimientos cercanos, resulta inevitable que aparezcan los cuestionamientos sobre la calidad de la gestión. Refinanciar deuda puede ser una herramienta financiera válida en determinadas circunstancias, pero cuando se convierte en una necesidad para sostener el funcionamiento de las cuentas públicas, el problema deja de ser financiero y pasa a ser político y administrativo.

Una gestión eficiente administra los recursos para evitar llegar a estas instancias. Una gestión deficiente termina buscando crédito para ganar tiempo.

Durante los últimos años, los cordobeses han soportado una elevada presión tributaria mientras el municipio continuó incrementando sus gastos. Esa combinación debería haber permitido consolidar un esquema fiscal ordenado. Si, pese a ello, hoy se necesita emitir deuda por hasta 120 millones de dólares, es legítimo preguntarse qué decisiones llevaron a este escenario.

La autorización que eventualmente otorgue la Nación no solucionará el problema de fondo. Apenas habilitará una herramienta para refinanciar obligaciones existentes. La responsabilidad sobre el manejo de las cuentas municipales seguirá siendo exclusivamente de la administración de Passerini.

El crédito puede aliviar una urgencia, pero no corrige una gestión equivocada.

Córdoba Capital tiene condiciones para exhibir una economía municipal equilibrada, previsible y saneada. Lo que no puede convertirse en una costumbre es recurrir al endeudamiento cada vez que las cuentas dejan de cerrar. Gobernar no consiste en trasladar los problemas hacia adelante; consiste en administrar con responsabilidad los recursos que aportan los vecinos.

Resumen

  1. Passerini busca la autorización del Gobierno nacional para emitir bonos por alrededor de 120 millones de dólares.
  2. El aval de la Nación es un requisito legal para que el municipio pueda tomar nueva deuda.
  3. La operación apunta a refinanciar vencimientos y aliviar la situación financiera de la Municipalidad.
  4. Córdoba Capital posee recursos genuinos suficientes para mantener cuentas ordenadas, por lo que este ahogo financiero nunca debió existir.
  5. La necesidad de volver a endeudarse expone serios interrogantes sobre la administración de los recursos públicos.
  6. La autorización nacional no resuelve los problemas de gestión; solo habilita una herramienta financiera.
  7. La verdadera salida no pasa por tomar más deuda, sino por administrar con eficiencia y terminar con prácticas que comprometen el futuro financiero de los cordobeses.
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