Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

• Juan Grabois fue procesado por violación de domicilio y resistencia a la autoridad.
• El juez Sebastián Ramos también ordenó un embargo preventivo de cinco millones de pesos.
• La causa investiga la ocupación del Instituto Perón ocurrida en junio de 2025.
• La resolución sostiene que el dirigente tuvo una participación activa durante la permanencia en el edificio.
• La defensa rechazó el procesamiento y anunció que apelará la decisión judicial.
• El fallo generó repercusiones políticas y reavivó el debate sobre las protestas en edificios públicos.

El diputado nacional y dirigente social Juan Grabois fue procesado por la Justicia Federal en el marco de la investigación que analiza la ocupación del Instituto Perón ocurrida el 7 de junio de 2025. La resolución, firmada por el juez federal Sebastián Ramos, también dispuso un embargo preventivo de cinco millones de pesos sobre sus bienes y lo imputó por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

La causa se originó a partir de los incidentes registrados durante la toma del edificio, que en ese momento se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y permanecía cerrado al público. Según la resolución judicial, un grupo de manifestantes ingresó sin autorización al inmueble y permaneció allí durante varias horas, lo que derivó en un operativo de desalojo llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con los fundamentos del procesamiento, el magistrado consideró acreditado, sobre la base de declaraciones testimoniales, registros audiovisuales y demás elementos incorporados al expediente, que Grabois ingresó al edificio y permaneció en su interior durante aproximadamente dos horas.

El fallo sostiene que el dirigente no tuvo una participación meramente circunstancial, sino que desempeñó un rol activo durante la ocupación del establecimiento. Según la valoración realizada por el juez, habría coordinado acciones junto con otros manifestantes y alentado la permanencia dentro del inmueble mientras se desarrollaba el operativo policial.

La investigación también alcanzó a Valentín Peralta, quien fue procesado en el mismo expediente. En su caso, la Justicia le atribuyó una participación más directa en los enfrentamientos con los efectivos policiales durante el procedimiento de desalojo.

Como parte de la prueba reunida, el expediente incorpora informes médicos elaborados por profesionales del Hospital Churruca, donde fueron asistidos varios integrantes de la Policía Federal. Esa documentación da cuenta de lesiones sufridas por algunos agentes, entre ellas traumatismos, contusiones y heridas de distinta consideración, registradas durante los incidentes.

El juez consideró que esos elementos resultaban suficientes para sostener provisoriamente la imputación por resistencia a la autoridad y dispuso, además del procesamiento, un embargo preventivo sobre los bienes de Grabois con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades patrimoniales derivadas de la causa.

Desde la defensa del dirigente rechazaron los fundamentos de la resolución y anticiparon que apelarán la medida. Los abogados sostienen que Grabois no participó de la ocupación como organizador ni instigador de la protesta y afirmaron que su presencia en el lugar respondió exclusivamente al ejercicio de su actividad profesional.

Según la estrategia planteada por la defensa, el diputado había concurrido al Instituto Perón para brindar asistencia jurídica a una cooperativa de trabajo vinculada a un predio cercano, por lo que consideran que su conducta no encuadra en los delitos que le atribuye la Justicia.

El procesamiento generó repercusiones inmediatas en el ámbito político. Una de las primeras dirigentes en pronunciarse fue la ministra de Seguridad al momento de los hechos, Patricia Bullrich, quien utilizó sus redes sociales para respaldar la decisión judicial.

La funcionaria sostuvo que el procesamiento constituye una consecuencia de los hechos ocurridos durante la ocupación del edificio público y reafirmó la postura del Gobierno respecto de las manifestaciones que impliquen, según su criterio, la comisión de delitos contra bienes del Estado.

La resolución dictada por el juez Ramos no se encuentra firme y podrá ser revisada por la Cámara Federal una vez que la defensa formalice la apelación correspondiente. Mientras tanto, la investigación continuará con el análisis de nuevas pruebas y de las responsabilidades de los restantes imputados en la causa, en un expediente que mantiene un fuerte impacto político por la relevancia pública de sus protagonistas.