Investigan el uso de tarjetas de dos empleados públicos en compras atribuidas a Manuel Adorni

• La investigación incorporó compras realizadas con tarjetas de empleados de la Vocería Presidencial.
• Entre las operaciones analizadas figuran un monitor gamer y dos proyectores por casi seis millones de pesos.
• La fiscalía también investiga otros gastos patrimoniales atribuidos al funcionario.
• La DAFI compara las declaraciones juradas con las erogaciones detectadas en el expediente.
• El fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba al juez Ariel Lijo.
• La causa podría avanzar hacia un requerimiento de justificación patrimonial y una eventual indagatoria.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal involucrado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos elementos de prueba que son analizados por el fiscal Gerardo Pollicita. Entre ellos aparecen compras de alto valor que, según la documentación incorporada al expediente, habrían sido realizadas mediante tarjetas de crédito pertenecientes a empleados de la Vocería Presidencial.

La pesquisa se encuentra en una etapa de consolidación de pruebas y reconstrucción del patrimonio del funcionario, con el objetivo de establecer si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y los gastos detectados durante la investigación. Para ello, la fiscalía trabaja junto con la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado en el análisis de información patrimonial.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, una de las operaciones bajo análisis corresponde a la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas y resolución 4K, valuado en $2.184.999,05. La adquisición habría sido abonada mediante una tarjeta de crédito perteneciente a Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación.

A esa compra se agregan dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, destinados al entretenimiento y videojuegos, cuyo valor conjunto ascendió a $3.663.590. Según la investigación, esas operaciones fueron canceladas utilizando dos tarjetas de crédito pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, área que también depende de la Vocería Presidencial. En total, las tres adquisiciones alcanzaron un monto de $5.848.589.

La causa también analiza otras operaciones económicas vinculadas a personas que integran el mismo ámbito de la administración pública. Entre ellas figura una compra realizada en la firma Industria Argentina del Descanso S.A., comercialmente identificada como "Rosen The Store", facturada a nombre de Gisela Kocsis por un monto superior a los ocho millones de pesos.

Gran parte de la información incorporada al expediente surgió del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien intervino en las obras de remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. A partir de ese dispositivo se obtuvieron facturas, conversaciones y otra documentación que permitió reconstruir una serie de gastos atribuidos al funcionario.

Entre los hallazgos más recientes también aparece la adquisición de un flipper de colección inspirado en "Los Locos Addams", valuado en aproximadamente 8.000 dólares, destinado a equipar esa vivienda. Los investigadores consideran que este tipo de erogaciones forman parte del análisis patrimonial integral que busca determinar la procedencia de los fondos utilizados.

Durante las últimas semanas, el equipo técnico de la DAFI mantuvo reuniones con la fiscalía para comparar las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni con las compras y gastos detectados durante la investigación. El objetivo consiste en identificar posibles inconsistencias o bienes que no hubieran sido oportunamente declarados.

En ese marco, Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de nuevas medidas de prueba. Entre ellas figuran pedidos de información dirigidos a billeteras virtuales, al country Indio Cuá, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y a distintos organismos especializados en análisis financiero.

Las medidas buscan completar la reconstrucción patrimonial del funcionario antes de avanzar hacia una nueva etapa procesal. Una vez reunida toda la información requerida, la fiscalía evaluará si corresponde formular un requerimiento de justificación patrimonial, instancia que podría constituir el paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria, siempre que los elementos reunidos resulten suficientes para sostener esa decisión.