Caso $LIBRA: las querellas rechazan intentos de exclusión y sostienen que hubo una “estructura de crimen organizado”

• Las querellas del caso $LIBRA rechazaron el pedido de Mauricio Novelli para ser excluidas del expediente.
• Sostienen que la causa no se trata de una inversión fallida sino de una presunta maniobra fraudulenta compleja.
• Acusan la existencia de posibles sobornos, uso de información privilegiada y manipulación de activos digitales.
• Cuestionan la defensa que atribuye las pérdidas al riesgo propio del mercado cripto.
• Aseguran que el rol de Javier Milei fue clave para generar confianza e impulsar la inversión.
• Ahora el juez deberá resolver si los damnificados continúan como parte querellante en la causa.

Las querellas del caso vinculado al token $LIBRA rechazaron el pedido del empresario especializado en criptoactivos Mauricio Novelli para ser excluidas del expediente judicial, y sostuvieron que la investigación no puede encuadrarse como una simple inversión fallida, sino como una presunta maniobra fraudulenta compleja con participación de múltiples actores y posibles delitos económicos de alto impacto.

La presentación fue realizada ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, donde los representantes de los damnificados respondieron al planteo de la defensa de Novelli, quien había solicitado apartar a los querellantes del proceso. El empresario es uno de los principales imputados en la causa que investiga el colapso del activo digital.

Según la postura de la defensa, no habría existido estafa debido a que los compradores habrían asumido voluntariamente los riesgos propios del mercado de criptomonedas. Además, sostuvo que las menciones públicas del presidente Javier Milei al proyecto no constituyeron recomendaciones de inversión ni implicaron promesas de rentabilidad.

Esa interpretación fue rechazada de plano por los damnificados, quienes afirmaron que el activo fue presentado como un proyecto privado con respaldo institucional, lo que habría inducido a miles de inversores a participar. Uno de los querellantes, Martín Romeo, sostuvo que el esquema no se trató de una operación de mercado tradicional, sino de una estructura diseñada para generar confianza artificial.

En su presentación judicial, Romeo describió el caso como una presunta organización compleja en la que habrían intervenido mecanismos de información privilegiada, posibles maniobras de manipulación digital y operaciones financieras coordinadas. Según esa hipótesis, el colapso del token habría estado precedido por movimientos de liquidez que permitieron la extracción de fondos en un corto período de tiempo.

Las querellas también sostienen que el rol del presidente Milei fue determinante en la expansión inicial del proyecto, ya que su difusión pública del contrato del token habría otorgado una legitimidad clave para su adopción masiva. En ese sentido, remarcan que la promesa de financiamiento para pequeñas y medianas empresas nunca se habría concretado.

El expediente cuenta con cinco querellantes, todos ellos inversores que afirman haber perdido parte significativa de sus ahorros. Desde el inicio de la investigación, han impulsado distintas medidas de prueba y presentaciones judiciales para sostener la hipótesis de una estafa estructurada.

Uno de los ejes centrales del conflicto judicial radica en el intento de excluir a las víctimas del proceso. Según su argumentación, esa maniobra procesal buscaría limitar la participación de los damnificados y avanzar hacia un eventual cierre anticipado del caso respecto de los imputados.

Las querellas recordaron además que su participación ya fue ratificada en distintas instancias judiciales, incluyendo fallos de la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que consolidaría su legitimación dentro del expediente. También se mencionan decisiones previas de la jueza Sandra Arroyo Salgado cuando la causa tramitaba en San Isidro.

En sus escritos, los denunciantes sostienen que el fenómeno investigado excede ampliamente la volatilidad habitual del mercado cripto. Plantean que no se trata de pérdidas derivadas de una inversión riesgosa, sino de una operatoria presuntamente organizada con información privilegiada y control concentrado del activo.

En esa línea, advierten sobre posibles mecanismos de manipulación del mercado, uso de bots para alterar la liquidez y triangulación de fondos mediante estructuras offshore. También señalan la existencia de retiros masivos de capital en momentos clave del ciclo del token, lo que habría profundizado las pérdidas de miles de inversores.

Otro de los elementos incorporados al expediente es la referencia a estimaciones del fiscal Eduardo Taiano, quien habría planteado una hipótesis sobre ventas coordinadas que implicaron movimientos de decenas de millones de dólares y un impacto directo sobre miles de afectados.

Las querellas insisten en que el caso no puede analizarse como una inversión fallida ni como un riesgo asumido en un mercado desregulado, sino como una estructura de engaño diseñada desde su origen. En ese marco, describen la operatoria como un posible “rug pull”, una modalidad utilizada en el ecosistema cripto para captar fondos y luego retirar liquidez de manera abrupta.

Finalmente, será el juez interviniente junto con la fiscalía quienes deberán resolver si hacen lugar al pedido de exclusión de los querellantes o si mantienen su participación en un expediente que sigue sumando presentaciones y cruces entre las partes.